miércoles, 3 de junio de 2015

Demanda millonaria por daños y perjuicios

Pascual Montañes, consejero delegado de Corporación de Recursos Iberia, en representación de los inversionistas de la sociedad española y sus vinculadas Petaquilla Gold y Petaquilla Minerals, interpuso una controversia por $2,300 millones por daños y perjuicios causados por el gobierno de Ricardo Martinelli.

La controversia que se encuentra en el Ministerio de Comercio (MICI) se basa en el Acuerdo de la promoción recíproca de inversiones entre España y Panamá. Narra que en septiembre de 2009, en representación del presidente Martinelli, el ministro de Comercio, Ricardo Quijano, ordenó verbalmente a Richard Fifer, presidente de Petaquilla Minerals Ltd., renunciar a la ¿directiva para intentar controlar la compañía y como tal intento le resulta fallido tras la renuncia el 5 de septiembre de 2009, los inversionistas exigen que Fifer regrese a su cargo, lo que se produce en noviembre de ese año. En esa fecha, dice el escrito, el presidente Martinelli impone el nombramiento de Raúl Ferrer como director de la junta directiva de Petaquilla Minerals, quien no tenía experiencia.

La primera actuación de Ferrer —se lee en el escrito— fue presionar a Fifer para otorgar la licencia de producción comercial, el presidente Martinelli exigía su renuncia como director ejecutivo de Petaquilla Minerals Ltd. y representante legal de Petaquilla Gold. Conseguida la renuncia, explica la controversia, Ferrer maniobra para que se nombre a Rodrigo Esquivel como representante legal de Petaquilla Gold, sin experiencia hasta esa fecha.

El escrito califica como un “asalto” al poder de Petaquilla por parte del presidente Martinelli, quien a partir de ese momento dispone de toda la información privilegiada de la empresa y de sus poderes a través de Esquivel.

Como consecuencia de lo anterior, añade, se generó la destrucción de valor que se causa en la compañía y repercutió directa y negativamente en el inversor debido a la intervención, secuestro y mediatizado poder político.

Añade que el gobierno de Ricardo Martinelli, directa o indirectamente, a través de instituciones financieras locales e internacionales, causaron graves daños y perjuicios a los inversores, siendo responsable de ello la República de Panamá como parte contratante del acuerdo.

Al cierre de esta edición, el MICI no dio respuesta del estatus de la controversia.

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