martes, 30 de diciembre de 2014

Urgen al gobierno ubicar equipos de espionaje

Las personas se acostumbran fácilmente al poder. A lo que no se ajustan tan fácilmente es a perderlo. La desaparición, recientemente reportada, de dos equipos de escucha y espionaje, propiedad del Consejo de Seguridad, podría relacionarse con la megalomanía: una condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia y omnipotencia.

Esta no es la primera vez que ocurre algo similar, al momento del relevo presidencial, cuando la principal figura del país se ve despojada, de un día para otro, de la infraestructura de poder.

Una forma de mantener ese sentimiento de control del que gozaba es ganar acceso a información privada. La Estrella de Panamá consultó a una fuente especializada en temas de seguridad sobre la desaparición del equipo de espionaje y de la extensa lista de pinchados durante la administración de Ricardo Martinelli: ministros, sus esposas, novias o queridas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados, empresarios, diplomáticos, agentes antinarcóticos norteamericanos, políticos, opositores y candidatos, entre otros.

Lo primero que se pregunta el especialista es por qué ningún gobierno se ha preocupado por buscar los equipos faltantes en el Consejo de Seguridad, durante cada relevo gubernamental. Pero este sería solo el comienzo.

Según el especialista, los pinchazos son “una intervención a la privacidad de los ciudadanos, pero la pérdida de equipos ni siquiera está tipificado en el Código Judicial, lo que podría llevar a entender este hecho como un simple robo. Esto no es más nada que espionaje político, empresarial, y control. Intromisión en asuntos de Estado internacionales, que sigue siendo parte de la política exterior de muchos países. No he dicho que espiar a una embajada -con intenciones que desconozco- es kosher (legal), pero todos los países de alguna forma lo hacen para conocer los objetivos ulteriores del otro país, en beneficio de los intereses del que espía” dijo.
¿Porqué lo hicieron? eso  solamente puede  responderlo quien dio la orden. El tiempo ha demostrado que se repite el mismo esquema, con otras figuras.

“El crimen organizado está años luz por delante de la ley; estos aparatos son de gran utilidad. En estos temas no hay blanco o negro, hay grises, pero con límites. Todo el mundo lo sabe”, expresó la fuente. El gobierno pasado, a juicio del especialista, “fue desproporcionado”, lo que lleva a pensar que se trata de un caso de “megalomanía”.

Según el especialista, los gobiernos y el ciudadano común deben tener claro  que estos aparatos son para combatir el crimen organizado. “No comprendo el mal uso de las interceptaciones. Estamos muy distantes de que se apruebe fácilmente una orden judicial que acredite interceptar un número”, manifestó.

La fuente indicó que en muchas ocasiones los agentes del Consejo de Seguridad se ven obligados a seguir órdenes, aún cuando están concientes de que se trata de un procedimiento ilegal. Renunciar a hacerlo es perder el trabajo por cinco años, añadió.

El analista concluye que esta es una lección para los futuros políticos: “la población está observando, atenta a saber quién tiene el equipo y quién lo robó. Aquí lo importante es que se castigue, y no se repita”.

Por su parte, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia considera que “el Consejo de Seguridad debe tomar acciones inmediatas para gestionar la ubicación de esos aparatos. El presidente, que es quien lo encabeza, debe actuar independientemente de la investigación judicial”. Agregó que este caso es mucho más grave que el escándalo del Programa de Ayuda Nacional.

La Secretaría de Comunicación del Estado indicó que el “gobierno tiene un compromiso serio de apego estricto a la ley, y no promueve ni tolera ningún tipo de acción que vulnere las garantías fundamentales de los ciudadanos; el Ejecutivo tiene la expectativa de que se investigue a fondo la denuncia sobre pérdidas las equipos de interceptación de comunicaciones; y en caso de que surjan nuevos elementos se pondrán en conocimiento de las autoridades judiciales”.

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