martes, 18 de noviembre de 2014

Repartían maletines de dinero en la Presidencia, dice testigo

“Yo vi maletines correr, no eran sobres, llenos de dinero que llegaban a manos de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, asistente ejecutivo del exmandatario Ricardo Martinelli, eran maletines del tamaño de un portafolio para guardar computadoras portátiles”. Son  las palabras de una fuente que pidió reserva de su identidad, pero que conoce a fondo cómo se cocían las habas en el Programa de Ayuda Nacional (PAN). 

Según la fuente, el mecanismo era el siguiente: los directivos del PAN contrataban los servicios o suministros, principalmente,  de las empresas de Juan Carlos Marciaga, también era socio de Chichi De Obarrio o las que pertenecían a Gaby Btesh, miembro del grupo de empresarios vinculados al exmandatario Martinelli.

También contrataban las empresas de Roberto Pérez. El procedimiento no difería: “Los  dueños de las compañías  regresaban a los funcionarios del PAN  y del Ejecutivo, del 10% al 15% del total del contrato, siempre se adjudicaba a las mismas empresas. En construcción, por ejemplo,  el PAN  daba un adelanto a la empresa contratada que era del 30% del total del monto del contrato.

De este dinero, el beneficiado debía sacar  en efectivo el equivalente al 15% que entregaba a Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, y otro porcentaje, entre 3 y 5%, era  para Rafael Guardia”. Era en efectivo, insiste la fuente.

Con el tiempo, la fuente imagina que los funcionarios prefirieron evitar tanto movimiento en efectivo y cambiaron la estrategia. Entonces, las coimas se daban en cheques de gerencia de los bancos Unibank y Banesco.  Los beneficiados con las contrataciones los depositaban a las cuentas  a nombre de diversas   sociedades anónimas: Piombino Holding, Port Pty, S.A., Kalua (Javier Cachafeiro presidente, Orlando Chevalier tesorero, Roberto Rodríguez secretario), Harl Inversiones y Oleodimesa.

Pero la fuente afirma que, al igual que  Obarrio, debe haber otras personas vinculadas a Rafael Guardia que deben ser investigadas. Una de ellas, dice, es Abraham Williams, su mano derecha. Un viejo amigo que lo acompaña desde sus andanzas como gerente en el Banco Hipotecario, puesto que ocupó desde el principio del mandato de Ricardo Martinelli (2009)  hasta agosto de 2012.
 
Guardia es señalado supuestamente  por apropiarse de  propiedades de los acreedores que no pagaban sus deudas a tiempo en el banco. Una de ellas, aparentemente, es una casa  en una calle sin salida bajo vigilancia en el sector de Chanis que está a nombre de Inversiones Glora, S.A., cuyo presidente es  precisamente Abraham Williams; Eligio González, tesorero; y Juan Alberto Ojeda, secretario.

La fuente especificó que las sociedades anónimas con las que hacían negocios con el PAN tenían cuentas bancarias, aunque no todas, y propiedades.

Agrega la fuente que Rafael Guardia, quien se encuentra detenido en la Dirección de Investigación Judicial acusado de delitos contra la administración pública, peculado y corrupción, supuestamente también posee  otras propiedades. Por ejemplo, afirma, “tiene una propiedad en Río Hato a un lado del aeropuerto nuevo, en Santa Elena adquirió un edificio de ocho pisos, también se adueñó de un lote de aproximadamente mil metros que era del Banco Hipotecario, y es dueño del edificio Juan Pablo II, ubicado en San Francisco, que está a nombre de Loranza Investment, S.A., cuyos dignatarios son Claudio Polo (presidente), Alvin Joel Araúz (secretario) y  Azael González (tesorero).

La fuente recuerda que se hizo un cálculo de aproximadamente $1,200 millones, el monto que fue malversado en el PAN.  Tomando en cuenta el porcentaje de  coimas y las sumas de contratación, la fuente calcula que la fortuna de Guardia puede superar los $20 millones. ¿La de “Chichi” de Obarrio? preguntó La Estrella de Panamá. Calcule el 20%  de la suma total malversada, respondió la fuente.

Las contrataciones del PAN supuestamente requerían de un Consejo Directivo, pero éste  nunca se efectuaba, según la fuente. “Los papeles se enviaban a las entidades  para que los ministros avalaran la contratación”, afirma. “Muchos lo firmaban, otros como Lucy Molinar y Roberto Henríquez, por lo general, refunfuñaban, pero al final  rubricaban los contratos. Era un proceso de meses”, dice.

El abogado Javier Quintero, defensa de Guardia, indicó que “no podía  dar esas explicaciones” sobre el patrimonio de su cliente y que debía  enfrentar los eventos procesales, dijo el abogado.

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