¿Portar la dignidad o las acciones?

En un profundo e intenso debate están sumergidos los abogados que se dedican a la creación de sociedades anónimas y el gobierno. La razón? Las “presiones” de la OECD para modificar el régimen de las acciones al portador. Para el organismo internacional, que dicho sea de paso, Panamá no forma parte de su membresía, es necesario que éstos papeles tengan un custodio y que éste guardián cuente con un ente fiscalizador que reporte cada movimiento cuando sea requerido.

La primera sociedad anónima que se creo en Panamá fue en 1927, desde ese entonces el país tomó el liderazgo en esta materia, por eso se ha perfilado como un país único en el mundo, nadie lo iguala sencillamente porque su régimen es autóctono y original, además de exitoso. El total de ingresos de sociedades anónimas desde 1977 (fecha en que se pagó la primera tasa), hasta el primer trimestre de 2012 fueron de 1,025,078 millones de dólares.

Por eso es que Eduardo Morgan, tal vez el agente residente que mas se repite en las SA, considera que es un gravísimo error del gobierno hacer caso a las exigencias de la OCDE. El fundador de Morgan & Morgan argumenta que en Panamá a diferencia de otras jurisdicciones no tiene un sistema off shore distinto o separado al nacional, impactaría el negocio de bienes raíces, el manejo de patrimonios familiares y complicaría la forma en que se llevan los negocios locales.

Cada año el gobierno recibe aproximadamente 227 mdd producto de los impuestos de abanderamiento de naves, tasas de sociedades y fundaciones de interés privado, trámites en el registro público y títulos de hipotecas, escrituras etc, Esto sin contar los 40 mdd de ingresos directos al sector privado y notarías.

La superintendencia de bancos insiste en que las consecuencias a la banca pueden ser preocupantes, adicionales a los 400 millones que se congelaron al país pueden afectar a los bancos corresponsales agotando su financiamiento, por lo tanto, estamos dispuestos a pasar el proyecto de ley de cualquier forma dijo Jaime Moreno, director de la superintendencia. Las presiones de la OCDE han surtido efecto. Leticia Arias, subdirectora de Tributación Nacional ya tiene un proyecto de ley cuyos objetivos principales son regular la función de las acciones al portador, adecuar la legislación panameña a los standards internacionales, mejorar la imagen de Panamá y luchar contra el mal uso de centro de servicios.

La funcionaria afirma que el documento se ha consultado en diferentes sectores, incluso que durante el proceso de redacción la información se obtuvo un “pre view” publicado por el foro mundial de la OCDE. El universo de países seleccionados para esta consulta fueron aquellos que a la fecha cuentan con una revisión de la OCDE, “garantizando así que la ley que elaboremos permita que Panamá pase a la segunda fase” afirmó Arias. Para efectos de la elaboración de este proyecto se valió de información de países que ya contaban con el sistema de inmovilización y de custodio de las acciones de las sociedades anónimas.

Algunos países como Antigua y Barbudas, San Cristobal y Neves, San Vincente y las Granadinas, Gran Caimán, BVI, ya han pasado la revisión de la OCDE.

Las principales características de los sistemas que siguen estas jurisdicciones pueden resumirse así; el custodio no puede ser cualquier persona o entidad, además tiene que ser autorizado por la autoridad competente. En algunos países cuenta con una licencia para esta función que emite la autoridad fiscalizadora de su país. En otros lados la actividad financiera se encuentra bajo reglas del lavado de dinero o pertenece a una jurisdicción que es parte del GAFI o sus miembros asociados.

Usualmente agrega Arias, el custodio se encuentra dentro de la jurisdicción y cuando no es así, se buscan los mecanismos necesarios que aseguran el registro de la información y el acceso a la misma. Entre las consideraciones que se incluyen en el proyecto se busca que el custodio mantenga información que identifique al portador, y en caso de cambio de titularidad, la misma no surtirá efecto hasta tanto se comunique la identidad del nuevo propietario de la acción al custodio y éste último informe a la sociedad emisora y/o al agente residente.

Las principales características del proyecto de ley en cuanto a su estructura se centran en tres capítulos de mayor peso.

El primero con relación a la elaboración de entrega de custodia, el capítulo tres que habla del custodio autorizado, el cuarto que trata de las notificaciones.

En este contexto los custodios pueden ser bancos de licencia general, los de licencia internacional, las fiduciarias y las casas de valores. Estos requieren autorización para actuar como custodios de los agentes residentes previo cumplimiento de ciertos requerimientos. Fuera de Panamá podrían actuar como custodios los bancos, casas de valores, y fiduciarias que deberán estar sujetas al cumplimiento de algunas condiciones como sucede en otros países miembros que practican medidas contra el lavado de dinero; conocer al cliente, establecer un agente de notificación dentro del territorio de Panamá con el propósito de que exista un vínculo entre el banco y el territorio istmeño, además de presentar una declaración jurada informativa para efectos de registro ante las superintendencias respectivas.

Es decir, el proyecto de ley busca igualar el sistema panameño al de otro país, pero con la salvedad, de que el sistema istmeño es único en el mundo, no tiene comparación y funciona desde hace casi un siglo.

La discusión entonces se profundiza en cuanto a la atracción que puede perder el país en esta materia; la promoción, mercadeo y ventas son claves en esta decisión. “La inmovilización es la derogatoria de las acciones al portador” afirma el abogado Ramsés Owen. Nuestro sistema es un sistema romano germánico de derecho, mas la casuística hace que registremos esto en el registro público, agregó el abogado.

En otros países ni siquiera se registran los directores en el registro público, en otros países que se tomaron en cuenta las nominaciones de las acciones bajaron las ventas sustancialmente como Bahamas.

Blame and shame, esa sería la consecuencia de no acatar las modificaciones de la OCDE, dice Owens, “es como una extorsión casi, yo voy a dañar tu imagen internacional para que tu vendas menos y no compitas contra nosotros, eso es lo que va a pasar”, afirma Owens.

Panamá solicitó en la fase uno una revisión suplementaria a la OCDE a raíz de que el tema de las acciones al portador no se ha resuelto. En este momento hace uso de una prórroga que se otorgó en septiembre y que esta vigente hasta febrero 2013.