Prórroga a PPC no contempla cambios sustanciales

La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá redactó un borrador de lo que se presume próximamente se transformará en la renovación o prórroga por un término de 25 años de la concesión para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales de contenedores ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga en general del puerto de Balboa y Cristóbal bajo control de la empresa Panamá Ports Company (PPC).

El arreglo entre las partes, que se conoció este lunes 31 de mayo por una filtración, no presenta cambios sustanciales a la última adenda realizada durante el periodo 2009-14 que se detalla más adelante. "Es continuar la situación en la que opera actualmente", opinó el abogado Pedro Meilán.

La concesión de PPC vence en 2022, pero antes de esta fecha, la negociación debe recibir el visto bueno de la Contraloría para que la compañía pueda continuar con la administración de los puertos en el Atlántico y Pacífico.  Al parecer eso no será un paso tortuoso considerando que la única auditoría en 20 años que ha realizado la Contraloría a la empresa, determinó que había actuado en el marco de la ley.

La misma reveló que de 1997 a 2019, la empresa obtuvo ingresos acumulados por $4,345,775,000 millones y realizó desembolsos por $3,435,784,000. Lo que resulta una utilidad acumulada al final de periodo de $909,991,000. En ese momento era importante para  PPC el resultado de la auditoría, una especie de carta blanca para renovar su permanencia en el país.

La novedad que estipula la prórroga automática es que compromete a PPC a entregar un aporte de $130 millones que incluyen $20 millones correspondientes a dividendos pagados por adelantado por los próximos cinco años, considerando que la auditoría realizada por la Contraloría determinó ganancias anuales promedio de $40 millones.

En adición, la empresa aportará $20 millones en concepto de aporte para el programa educativo nacional que consiste en Internet Gratuito para Todos (sin especificar el método), totalizando un aporte extraordinario de $150 millones en ingresos para el país, lo que generaría $164,4 millones en aportes durante la administración de Laurentino Cortizo.

Para haber logrado lo anterior, tuvo que haber contado con el resultado de la auditoría efectuada por la Contraloría General en la que el contralor, Gerardo Solís, no encontró violaciones al contrato entre las partes.

"Había dos alternativas, o cancelar el contrato con consecuencias internacionales, porque de acuerdo al contrato modificado podía ser reclamado a nivel internacional y no le convenía al Estado, o negociaban con la empresa", indicó el abogado Guillermo Cochéz. "El problema, añadió, es la falta de confianza que generan los gobernantes" que renegociaron el contrato. Una tarea que al parecer se efectuó con toda la reserva entre las partes.

Cochez advierte que el estado debe efectuar auditorías permanentes a todas las empresas en las que tiene acciones para tener control de los aportes y transparencia en la rendición de cuentas con la ciudadanía y los contratos que enmarcan cada caso.

El estado panameño cuenta con un 10% de acciones en la empresa portuaria Panamá Ports Company (PPC). Conocedores del tema entrevistados anteriormente por www.melodijoadelita.com recomendaron incluir en la renegociación el valor agregado de la ruta marítima que tiene el Istmo, única en Latinoamérica por el paso de buques por el Canal, tomando en cuenta los contados aportes al estado producto de los dividendos que había hecho al estado la empresa en el pasado, $7 millones, entre 2016-2020. Dicho monto generó cuestionamientos en puerta de que se venza la concesión que parece renovarse sin contratiempos.

ANTECEDENTES
El contrato ley 5 de 16 de enero de 1997 estableció pagos por tarifa fija y variable, así como pago de activos objeto de la concesión con el Estado, que generaron $64,320,721 durante la Administración Presidencial del presidente Ernesto Pérez Balladares que culminó en 1999.

Durante septiembre de 1999 a agosto de 2004 se generaron recaudaciones por $77.2 millones. Además se eliminaron los pagos fijos y variables del contrato inicial y se estableció el pago de $6 en concepto de movimiento de contenedores y $3 de impuestos sobre la renta causado por movimiento de contenedores de forma local; así como las tarifas de muellaje en $6 por vehículo desembarcado que no esté en un contenedor, fondeo en 0.03 y faros y boyas en 0.01.

Dentro del periodo del 1 de septiembre de 2004 a julio de 2009, administración de Martín Torrijos, se realizó una adenda en la que se logró el pago de $102 millones por contraprestación por el derecho de uso de infraestructura y puertos en operación recibidos en concesión. También concretó el incremento de la tarifa de movimiento de contenedores de $6 a $9, lo que generó la vigencia de la adenda por cinco años $8,042,874 adicionales a lo que hubiese recibido el Estado con la tarifa anterior. De igual forma se incluyó invertir mil millones en lugar de los cincuenta mil originalmente pactados, lo que se comprobó en la auditoría de la Contraloría, una inversión real de $1,695,546,955.00, se lee en el acuerdo pactado.

Durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-14) se efectuó otra adenda en junio de 2010, que produjo un incremento en la tarifa de movimiento de contenedores de $9 a $12, lo que ha generado desde esa fecha la suma de $38,108,433 adicionales a lo que hubiese recibido el estado en la tarifa anterior.

De julio de 2014 al 30 de junio de 2019, es decir, el gobierno de Juan Carlos Varela, no se realizó revisión al contrato o ajuste de las tarifas, en este periodo se recaudaron $83,4 millones.