El cargo de consciencia de Duboy por las "donaciones" de Odebrecht

El gerente de Tocumen, S.A. afrontaba un dilema interno sobre cómo manejar el tema de los fondos recibidos en 2008 de la constructora Odebrecht, empresa que a su vez, era la encargada de la expansión de la terminal II. El entonces presidente Varela le aconsejaba referirse al dinero como una donación y pretendía abordarlo desde el partido político

En diciembre de 2017, el gerente de Tocumen S.A. (aeropuerto internacional) Carlos Duboy, estaba muy preocupado por las publicaciones efectuadas por La Decana en las que se reveló un recibo del año 2008 por $150 mil dirigido a una sociedad anónima de su propiedad, Strategic Management. Duboy no había sido investigado por esa transferencia por la Fiscalía Superior Anticorrupción del Ministerio Público, y no sabía cómo manejar el entuerto.

Se sentía en el ojo del huracán, y consideraba que la mejor forma de afrontarlo era sincerarse con los medios. Admitir el hecho.

El portal digital varelaleaks.com revela una comunicación entre el gerente del aeropuerto y el entonces presidente Juan Carlos Varela, en la que éste le orienta cómo manejar el tema del dinero, y le calma diciendo que el Partido Panameñista, del cual fue tesorero Duboy, manejaría el asunto con sus asesores de comunicación. Al ser público el portal que contiene las presuntas comunicaciones, y considerando que se trata de hechos del interés común, este medio considera que la sociedad merece que se pongan en contexto distintos aspectos que se exponen en este reportaje.

‘Debes llevar respuestas claras’, le sugería Varela a Duboy, según se lee en los vareleaks.com.

El Ministerio Público ya había enfrentado una serie de cuestionamientos por el sesgo en las pesquisas de Odebrecht que parecían concentrarse entre 2009-2014, a sabiendas de que la constructora arrancó con múltiples proyectos en Panamá a partir de 2006. La pesquisa no se enfocó en los colaboradores de Varela, ni en él mismo. Esto, a pesar de que la Procuradora Kenia Porcell estaba anuente de que Varela recibió, para la campaña electoral de 2009, en la que corrió como vicepresidente de la fórmula de Ricardo Martinelli, $150 mil provenientes de la cuenta de la sociedad anónima Caribbean Holding Services, que a su vez, percibió una transferencia de la sociedad Innovation (Research Engineering and Development) controlada por Odebrecht. Por este caso el Ministerio Público inició una investigación por presunto blanqueo de capitales contra Rony Mizrachi, titular de Caribbean Holdings.

En el caso de Duboy no había una investigación en su contra, como tampoco en contra del mandatario Varela.

No obstante, Duboy estaba muy consciente de que debido a la relación anterior con Odebrecht, le estaba haciendo daño a la institución. Como gerente de la terminal aérea, sentía que había un conflicto de intereses, siendo Odebrecht la empresa a cargo de la expansión de la terminal II.

El director ponía atención a las palabras del Procurador de la Administración quien recomendaba la separación del cargo.

‘Olvidate de eso, tu no eres parte de ningún proceso, no estas siendo investigado por nada. La PGN (Procuraduría General de la Nación) está hablando con él (Procurador de la Administración) en este momento’, insistía Varela.

‘Deja que el partido maneje los $150 mil como parte de sus donaciones en la historia que se va a contar, la verdad es que fue así’, le decía Varela a Duboy para tranquilizarlo.

Añadía que estaba siendo chantajeado por Abdul Waked, dueño de casi la mitad de las acciones de La Estrella de Panamá, que había efectuado las publicaciones.

‘Salir a admitir las donaciones es reconocer algo irregular por $150 mil, deja que el partido maneje esto. Tienes que separar al tesorero del partido del gerente de Tocumen S.A.’, reiteraba Varela.

Duboy revisa los archivos y nota que con ese dinero se realizaron pagos de planilla, juguetes y gastos de campaña. Se preocupaba porque sus familiares figuran como representantes jurídicos de la sociedad anónima.

Le recordaba al presidente Varela en forma sincera, la norma que rige desde 2008 en la que se prohibe a los políticos recibir donaciones de empresas extranjeras para campañas electorales.

‘Le estoy haciendo un daño terrible a la institución, decía Duboy, debes sacar lo del Partido Revolucionario Democrático de 2007-2009 (relacionado a Odebrecht)’, se lamentaba Duboy.

Varela llama a un asesor en comunicaciones para que oriente a Duboy en cómo referirse a esos montos. El término recomendado era ‘donación’. Así lo hizo. Duboy ofreció una entrevista a un diario local en la que habló de donaciones.

Esa era la línea, no importaban las críticas de la opinión pública, habría que manejar la narrativa como si se tratara de una donación de la constructora. Con eso podían vivir tranquilos, según se lee en los Varelaleaks.

EL INTERMINABLE CONTRATO
Mientras que Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa brasileña involucrada en el escándalo de corrupción por sobornos a funcionarios de casi toda Latinoamérica, se encontraba detenido y procesado en Brasil desde junio de 2014, la filial panameña se adjudicaba en 2015 un millonario contrato en el proyecto de Renovación Urbana en la ciudad de Colón, en consorcio con dos compañías locales. El contrato sumaba $537.9 millones.

Odebrecht se encontraba bajo investigación judicial en una docena de países, pero en Panamá las pesquisas judiciales iniciaron a finales de 2016. La Procuraduría firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa en noviembre de 2017 con los principales ejecutivos de la filial panameña.

De acuerdo a las filtraciones del portal varelaleaks.com, el entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-19) habría participado activamente en los términos que la procuradora Kenia Porcell acordaría con la empresa. Se impuso una sanción pecuniaria de $220 millones pagaderos en 12 años.

A diferencia de otros países involucrados en la trama de corrupción por coimas de Odebrecht, en Panamá, la empresa logró salvar su permanencia para licitar nuevos proyectos aún después de haber firmado el acuerdo de colaboración eficaz logrado en 2017 entre la Procuraduría General de la Nación y la constructora brasileña. El Ejecutivo justificaba la permanencia de la empresa para salvaguardar el empleo de 8 mil familias.

Otro multimillonario proyecto a cargo de Odebrecht consiste en la expansión de la terminal II del aeropuerto internacional de Tocumen, que aunque fue licitado en 2012 e inició obras en 2013 superó en $200 millones el monto inicial.

LAS MILLONARIAS ADENDAS
El presidente Varela había dado luz verde al gerente del aeropuerto a efectuar adendas con la constructora y hacerle pagos a pesar de que el proyecto de expansión no registraba adelantos.

En febrero de 2017 Duboy comunicó al presidente que Odebrecht no avanzaba en la obra a pesar de los $41 millones que se les habían pagado recientemente. Desde enero la obra no mostraba avance.

‘Piden y piden plata y no aumentan la ejecución’, manifestaba en tono preocupado Duboy al presidente Varela, de acuerdo al portal digital que expuso docenas de supuestas conversaciones del portal.

Aún así Varela le dio instrucción de pagar a la empresa el monto correspondiente a diciembre, y a su regreso del viaje a Dubai, desde donde le escribía Varela, hablaría con él para aclarar las cosas.

Unos días después el presidente retomó el tema con su interlocutor y le preguntó si había logrado hacer el pago a la empresa, pero Duboy aún buscaba fondos para ellos. ‘Suelta eso’, le respondió el mandatario según la conversación de varelaleaks.com.

Duboy hace cuentas y se percata de que en menos de 90 días la empresa había recibido pagos hasta por $52 millones pero que su avance era el mínimo.

La obra había sido adjudicada por un monto inicial de $679 millones, pero con las interminables adendas superó los $917 millones, según se registra en la ficha del aeropuerto con relación a la actualización de la obra que actualmente tiene un 98% de avance.

En 2017 el gobierno empleó parte de los fondos de la línea de crédito que recibió del banco Scottia Bank, por $125 millones para cumplir con los pagos a la constructora. Hasta ese momento el gobierno adeudaba $20 millones a la constructora producto de las cuentas pendientes de enero y febrero.

Duboy comunica al presidente unos días después que el proyecto presentó un avance significativo y la empresa comenzó a doblar los turnos, para mitigar el año de atraso que presentaba.

A pesar de ello había que firmar dos adendas más, la número tres por $14 millones y otra más que concedía 4 meses adicionales para terminar la obra.

En julio de 2018 es el presidente Varela quien alerta a Duboy sobre un posible paro de la obra por la falta de un conector entre terminales.

Duboy respondió que la empresa quería ‘meter cosas que hace 6 meses no estaban negociadas en los $13 millones de la adenda concedida.

‘Los brasileños son una cagada, quieren meternos gastos que hay que sustentar bien’, se quejó el gerente con el presidente.

Duboy estaba preocupado por la situación, la negociación era una de las más difíciles que había enfrentado.

En un principio Odebrecht había manifestado que se trataba de $13 millones relacionados a ajustes de precios, pero cuando la Contraloría lo revisó eran $3 millones el ajuste de precio contractual y $10 millones de otras actividades. Era la razón por la que todo se había atrasado nuevamente.

Las quejas de Duboy sobre las exigencias económicas de Odebrecht, motivan a recordar las supuestas palabras de Varela cuando chateaba con su hermano José Luis ‘Popi’ Varela en medio de la negociación del acuerdo de delación con André Rabello, principal ejecutivo de la filial panameña de la constructora. Era mayo de 2017 y se negociaba el monto de la multa que pagaría la empresa. Entre una cifra y otra, Varela comentó a su hermano, ‘al final la multa la paga el mercado, cada país pagará sus multas’.

La obra del aeropuerto tenía un año de retraso, pero no se podía avanzar si el conector de ambas terminales, era indispensable para inaugurar la obra.

En febrero de 2019, gobierno de Juan Carlos Varela aprobó otra adenda por $25.5 millones, de esta suma, $18.3 millones serían por incremento de costos asociados.

A la fecha la empresa aún no entrega la obra. El gobierno de Laurentino Cortizo aprobó una adenda de extensión de tiempo. Aunque no ejecutó la fianza de $229 millones como respaldo del contrato, multó a la empresa por incumplimiento del contrato. La empresa deberá entregar la obra en febrero de 2020.