Justicia no es igual a pesar de haber casos similares

Según abogados el Ministerio Público difiere en el criterio que emplea para investigar a las figuras públicas. La investidura de Carlos Duboy, exgerente de Tocumen, S.A. lo alejó de las pesquisas del caso Odebrecht

En febrero de 2015 el exalcalde Bosco Vallarino confesó en un noticiero matutino que había recibido un sobre con dinero como parte de un soborno que había aceptado durante la administración de Ricardo Martinelli.

Esta confesión fue suficiente para que el Ministerio Público abriera una investigación de oficio para esclarecer los hechos.

El 11 de diciembre de 2017, La Estrella de Panamá publicó un informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el que plasmaba que empresa Strategic Management Group Inc., recibió dos pagos de la empresa Odebrecht que totalizaron $150 mil.

El entonces gerente de Tocumen S.A. se acercó a un medio local para confesar lo publicado por este diario. Lo admitió. Explicó también que lo hizo porque su partido, el ahora oficialista Panameñista, había sufrido un ‘desgaste’ en las primarias.

No obstante, en este caso, para el Ministerio Público la confesión que hiciera Duboy, a diferencia de la Vallarino, no fue suficiente ni siquiera para investigarlo en el caso de corrupción más escandaloso de nuestros tiempos.

“Las declaraciones de la fiscal Anticorrupción, Zuleyka Moore, son un show jurídico toda vez que se interpretan hechos delictivos para algunos, y los mismos hechos para otros no constituyen delito. Eso es una contradicción seria y que lo más seguro traerá responsabilidades el día de mañana para el ente investigativo”, manifestó Dionicio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

Rodríguez se refiere a la conferencia de prensa en la que las fiscales Anticorrupción ofrecieron declaraciones sobre las pesquisas del caso Odebrecht que tiene un 80% de avance. En dicha conferencia, Moore indicó que la confesión de Duboy era insuficiente para citarlo a una indagatoria.

El trabajo del Ministerio Público deja ver una situación “que la autoridad investida de poder siempre se aparta de la posibilidad de esclarecer las dudas. Tienen la capacidad de excluirse de las investigaciones judiciales y esto no permite terminar el conflicto social que señala que ese periodo también tiene culpas, y la sociedad todavía cuestiona cómo es posible que se le adjudiquen contratos”, exclamó el abogado Juan Carlos Araúz.

“La justicia no gana credibilidad gracias a este tipo de episodios que nunca terminan de ser esclarecidos”, añadió Araúz.

La relación entre Duboy - Odebrecht, que cita el informe policial mencionado, se suma a otro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), División de Delitos contra la Administración Pública, que revela el nombre de algunos exmiembros del gabinete 2009-2014 como una especie de ‘brazos extendidos' de la constructora.

Según el informe policial, ‘Duboy apoyó en el trabajo de reubicación de las familias, que era lo más complicado del proyecto, por las dificultades que el retraso de estos desplazamientos podía haber tenido, con impactos negativos y financieros para la empresa'.

Aunado a este caso, las fiscales trataron de ofrecer una explicación del por qué el lobista Jaime Lasso, amigo personal del presidente Juan Carlos Varela y miembro del partido Panameñista y que recolectó $10 millones para el colectivo, tampoco es sujeto de las investigaciones.

Moore dijo que “cerró la investigación indicando que esas cuentas (bancarias) no correspondían a blanqueo de capitales”. La fiscal añadió que se habían emitido dos resoluciones firmadas por la exprocuradora Ana Belfon en las que desestimaba la causa.

No obstante, a juicio de Araúz, el archivo de una causa por parte del Ministerio Público no es cosa juzgada, como lo sería en caso de que que lo decretara un cierre judicial. “El archivo del Ministerio Público no tiene igual valor que algo que ha sido archivado por los tribunales. En el primer caso, tiene la oportunidad de profundizar la investigación”, recalcó Araúz.

En entrevista previa, Belfon contó a La Estrella de Panamá el recorrido que hizo ese expediente. Antes aclaró, que cuando fue remitido a la Procuraduría se trataba de una investigación por presunto blanqueo de capitales, no del caso Odebrecht.

El entonces candidato a la presidencia Juan Carlos Varela “sabía que eso (expediente) estaba ahí y mandó a Rogelio Saltarín (su abogado). Era en plena época electoral de 2014”.

Belfon contó a La Estrella de Panamá que la información que había recibido de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requería ser corroborada por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Así que dio ordenes de enviar el expediente a dicha entidad.

Lo curioso es que la DIJ lo mando de vuelta al Ministerio Público. “Me pareció raro porque me dijeron que había que ampliar aspectos. Se enviaron nuevamente a la UAF. Eran dos denuncias, una contra el presidente Varela y otra contra la hija de Jaime Lasso por el caso de las apuestas en Estados Unidos”.

Belfon añadió que la UAF perfeccionó la información y la reenvió a la DIJ, y éstos la devolvieron una vez más al Ministerio Público. “Era una papa caliente, nadie quería tenerlo. Yo lo mandé nuevamente a la UAF y ellos lo devolvieron en total dos veces.

En septiembre de 2017, Lasso dijo a la Fiscalía que la constructora aportó dinero para la campaña de 2009. Admitió también que conoció a Andre Rabello, el representante de Odebrecht en Panamá, y fue a él a quien le solicitó apoyo económico para sus actividades privadas.

Así mismo declaró ante la fiscal que a través de su persona, presentó a Rabello a influyentes dirigentes del Partido, entre ellos a Duboy, a José Luis Varela (hermano del presidente), a Alcibiades Vásquez, exministro.

Los dineros otorgados por Odebrecht fueron depositados en una cuenta a nombre de Fundación Don James, de la que se emitieron varios cheques a nombre del presidente Varela.

No obstante, la causa contra Lasso fue desestimada por las fiscales en las averiguaciones que intentan esclarecer los sobornos que entregó la constructora a políticos panameños, porque se emitieron dos resoluciones al respecto.

El próximo abril vence la extensión del plazo que otorgó el Órgano Judicial a la Fiscalía para culminar las pesquisas. Hasta el momento, según la Fiscalía, se han logrado 5 condenas, la mayoría ligadas a hechos ocurridos durante la pasada administración gubernamental.

El más reciente acuerdo de colaboración fue con Mauricio Cort, un testaferro investigado por blanqueo de capitales y quien pactó una pena de 48 meses y devolvió $1.6 millones.