Empresarios no tolerarán impunidad

Los empresarios, aunque más tranquilos por las investigaciones que se surten en el Ministerio Público, no están convencidos de que habrá certeza del castigo.

Ayer, por más de dos horas, el presidente de la Cámara de Comercio Inocencio Galindo, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) Hector Manuel Cotes, y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) Severo Sousa, sostuvieron una reunión con la procuradora Kenia Porcell, el secretario y subsecretario del Ministerio Público, para exponer su preocupación por la forma en que se está manejando la justicia en el país y las pugnas que han salido a la luz entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

“No queremos ser un calle arriba y calle abajo, sino tener un norte de la justicia y hacerla mejor. No solo en los casos de alto perfil, sino en los que los panameños de a pie tengan una justicia digna”, indicó Manuel Cotes.

La empresa privada está sumamente preocupada por la justicia, la mayoría no son abogados, por eso contrastarán la información recibida con su equipo legal que ya trabaja en una propuesta puntual para reformar la Constitución, específicamente en el tema judicial. Según Galindo, en las próximas semanas se hará público el documento que se centra en puntos fundamentales como la designación de magistrados, la independencia de poderes, autonomía financiera del Órgano Judicial y el Ministerio Público, así como el círculo vicioso que alimenta la impunidad al ser la Corte quien juzga a los diputados y viceversa.

Con respecto al caso Odebrecht, en el que recientemente el Ministerio Público recibió un revés al no recibir el visto bueno de la jueza para extender por dos meses más el tiempo para la confección de la vista fiscal, los empresarios contaron que Porcell efectuó una amplia explicación del proceso.

Sousa dijo que el hecho de que ambas entidades no estén de acuerdo, no significa que no se esté tratando de llevar el proceso de la manera más legal. Enfatizó en el término legal, porque dijo que “no siempre todo lo que se tiene que ver con lo legal va a ser del gusto de todo mundo, sin embargo, su objetivo es la justicia y han mostrado que están apegados a tratar de alcanzar esa justicia”.

Esta semana los mismos ejecutivos se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, con el mismo propósito. Ahora, dicen, se encuentran más tranquilos de que aunque ambas instituciones no siempre tienen que estar de acuerdo en los procesos.

Ayer el Ministerio Público anunció que apelará la decisión de la jueza XII. Para ello cuenta con tres días hábiles para sustentar el recurso, de lo contrario, se declarará desierta la apelación. El proceso que se surte se relaciona a delitos por blanqueo de capitales y contra la administración pública en perjuicio del Estado en el caso Odebrecht.