Informe agridulce de la gestión del Ministerio Público

La procuradora habló una hora en televisión sin proporcionar estadísticas. Insistió en la confianza que debe tener la ciudadanía en el Ministerio Público pero no profundizó en los casos de alto perfil

En el año 2015 el Ministerio Público aprehendió $120 millones como resultado de las averiguaciones que hace esta entidad.

La información se revela en el portal de la institución luego de que la procuradora Kenia Porcell televisara en forma simultánea lo que llamó “un informe de gestión”, ayer en horas de la mañana.

Aunado a esto, según las publicaciones del portal de la entidad, el año pasado ingresaron al sistema 128,761 casos, en comparación con el 2015 cuando se presentaron 148,256 denuncias ante el Ministerio Público. De ellas la gran mayoría se investigan por el sistema mixto inquisitivo (134,969) y el resto bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA) que entró a regir en el último distrito judicial completando su implementación a nivel nacional, en septiembre de 2016.

Hubo una reducción de llamamientos a juicio del 17% en 2016, en comparación al año pasado.

La explicación es que la implementación del SPA ha logrado resolver los casos con otras fórmulas evitando llegar a los tribunales.

En las fiscalías de descarga ingresó el doble de casos (20,096) de lo que salieron (11,121) y bajo investigación se encuentran 8,975 casos.

Podría decirse que el informe se hizo en dos etapas, un video de una hora basado en el esfuerzo del personal del Ministerio Público, y otra parte de estadísticas que se divulgó en el portal de la entidad.
En el informativo, transmitido en forma simultánea en diversos canales de televisión en horas de la mañana, Porcell solicitó a la ciudadanía, en reiteradas ocasiones, que deposite su confianza en el Ministerio Público.

En el video con pocas cifras y más sentimientos, la procuradora se refirió a la forma en que ejecuta las investigaciones de alto perfil, y como aún no han concluido las pesquisas, (caso Odebrecht, Panama Papers, entre otros), solicitó una vez más paciencia a la ciudadanía.

Dijo que no ha recibido presiones del políticos para influir en las investigaciones, pero sí de otras partes, que no aclaró el origen. En este sentido dijo, Panamá es muy pequeño, y todos se conocen por lo que muchas veces priman otros intereses que buscan influir en las investigaciones, reveló.
El informe para el abogado Ernesto Cedeño muestra la crisis en la que están las investigaciones en el Ministerio Público.

El constitucionalista analiza que en casos de alto perfil, por ejemplo, el de Odebrecht, solamente se circunscribe al delito de blanqueo de capitales como consecuencia del delito de corrupción. “La investigación tiene que ver con el marco de las pesquisas efectuadas en otros países como Suiza, Estados Unidos y Brasil, dejando de lado los delitos contra la administración pública de Panamá”,comenta Cedeño.

Aunado a esto, el jurista dice que no informó sobre los auditos que ha hecho la Contraloría sobre la constructora brasileña desde que llegó al país a nuestros días. Ese audito es básico, manifiesta, para probar delitos contra la administración pública. Se centra en un marco de investigación hasta ahora del soborno, lo que a su modo de ver, no hace objetiva la investigación.

Por otro lado, Cedeño detectó que Porcell no ejecuta la partida presupuestaria al 100% en los dos años que tiene como jefa del Ministerio Público. “Tampoco revela cuántas sentencias condenatorias logró el Ministerio Público como para poder calibrar la efectividad de las investigaciones. En el informe dice lo que solicitaron llamamiento a juicio, pero no los resultados”, declara.

Cedeño añadió que ni el 10% de las sentencias condenatorias logró el Ministerio Público, “en frío, ellos no han sido efectivos en las investigaciones. Si se quiere ganar la confianza en el Ministerio Público se debe tener un resultado más contundente en los llamados a juicio y las condenas logradas. Eso no lo dice, por lo que queda escuálida la información en casos sensitivos”.

Sin embargo el presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados mira las cosas desde otra óptica.

Indica que la justicia ha formado parte diaria de la agenda de los panameños por los últimos dos años. Por lo tanto, el papel del “Ministerio Público exige mayor contacto con la ciudadanía y la fórmula que utilizó la procuraduría para este propósito puede ser útil para encontrar el diálogo con la sociedad”.

A criterio de Araúz, se ha mantenido una institución aislada de la ciudadanía, y en la batalla judicial que libra, puede salir cuestionado porque la gente reclama transparencia. “Desea conocer si los señalamientos de corrupción son ciertos o falsos. Ese hecho, que debe ser técnico, genera términos jurídicos complejos a veces inaccesibles a la ciudadanía, por lo que la parte humana de saber quién esta al frente y su recorrido, en alguna manera debe transmitir confianza” exclama el abogado.

El mismo sistema judicial panameño nunca estuvo preparado para recibir una avalancha de casos de alto perfil, venía de un gran desgaste. “Hoy día asimilar que el SPA va a funcionar de forma expedita es una percepción equivocada, porque los casos de alto perfil que se rigen bajo el sistema inquisitivo tomarán más tiempo en concluir. Ese hecho lo que provoca es cuestionamientos y desconfianza, y de alguna manera el Ministerio Público debe encontrar una fórmula de comunicarlo”, finaliza Araúz.