Ministerio Público solicita a las víctimas unirse a querella

Es la larga la lista de personas cuyas vidas privadas estuvieron expuestas a la intromisión de terceros a través de la tecnología de los equipos escuchas adquiridos durante la administración de Ricardo Martinelli.

Algunos, con la sospecha de haber sido una de las víctimas, se han acercado a la Fiscalía Auxiliar para com probar si efectivamente fue violada su intimidad sin la debida orden judicial. Varios se han ido de esta oficina con la confirmación de que aparecen en la lista de los “pinchados”

Los equipos de espionaje que debían ser de uso exclusivo del Consejo de Seguridad para perseguir criminales terminaron en manos de particulares que usaban la información para chanteajear, pedir porcentajes de negocios, etc.

La procuradora Kenia Porcell informó en rueda de prensa que la Fiscalía Auxiliar —que ayer ordenó la indagatoria de dos exdirectores del Consejo de Seguridad—, se tomará la tarea de llamar a las víctimas y notificarles que sus conversaciones fueron violentadas con el objeto de que, por voluntad propia, se unan al grupo de querellantes.

Porcell también confirmó la información publicada por La Estrella de Panamá sobre de la capacidad de los equipos y el perfil de las víctimas.

“Las auditorías forenses realizadas durante la instrucción del sumario confirmaron que se utilizó un equipo capaz de capturar mensajería instantanea de bb pin, correos electrónicos, chats, receptar audio de ambiente, agenda telefónica, la información contenida en las memorias del aparato, localizador geográfico y ubicación del teléfono. Algunos modelos eran capaces incluso de guardar las llamadas”, detalló Porcell.

El fiscal auxiliar Marcelino Aguilar indicó que a los exdirectores Alejandro Garúz y Gustavo Pérez se les han formulado cargos por “violabilidad del secreto y derecho a la intimidad”. Además de ellos, hay otros dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad detenidos. No se revelaron sus nombres.

Además de las detenciones, se practicaron allanamientos en casas residenciales y comercios con el fin de ubicar los equipos. En este sentido, el operativo no tuvo éxito. Su paradero permanece desconocido.

Porcell señaló que ha solicitado una asistencia internacional a Israel, país fabricante de los aparatos, con el fin de que cooperen con su localización.

“En las computadoras del Consejo de Seguridad se ha encontrado evidencia contundente, entre ellos archivos que recogían audios de las conversaciones y otras informaciones de las víctimas. Los ex funcionarios pensaron que estos archivos estaban borrados, pero con la ayuda de peritos forenses especializados se logró recuperarlos. Resulta clara la participación directa de los exfuncionarios”, dijo Aguilar.

El Fiscal Auxiliar añadió, como ejemplo de las evidencias, que uno de los números asignados a estos exfuncionarios dejó un rastro contundente en los equipos.

Las autoridades del Ministerio Público detallaron la existencia de dos investigaciones. La primera, “de oficio”, se ocupa de la pérdida de los equipos y radica en la Fiscalía Anticorrupción. La segunda se lleva a cabo en la Fiscalía Auxiliar y está relacionada a la violación de las conversaciones y el derecho a la intimidad de las víctimas.

Porcell fue enfática en que la información conseguida a través de la interceptación de llamadas es de contenido íntimo. Los blancos son, de acuerdo con la funcionaria, miembros de partidos políticos, comunicadores sociales, dirigentes sindicales, líderes comarcales, miembros de la socidad civil, grupos de empresarios, etc.

“Tenemos que tener cuidado de no revictimizar a la víctima. Esta información es reservada y confidencial”, agregó Porcell.

La interceptación de llamadas sin una autorización judicial es un delito penado internacionalmente, y en Panamá con cárcel. La pena se agravaría en los casos de conversaciones que fueron posteriormente difundidas en las redes sociales, momento en que las víctimas conocieron que estaban siendo espiados.