El primer acto de audiencia declaró legal la aprehensión en contra del dirigente Genaro López del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
En audiencia de control de aprehensión e imputación que tuvo una duración de más de cinco horas, la Fiscalía describió los hechos que supuestamente vinculan al dirigente Genaro López con cuatro delitos.
El juez de Garantías Francisco Carpintero consideró que existen los elementos suficientes para imputar al dirigente sindical por los presuntos delitos contra el patrimonio económico, delitos financieros, asociación ilícita y contra la fe pública.
La fiscalía cuenta con informes de peritaje, escrituras públicas, declaraciones de renta, inspecciones oculares, que apoyan la teoría del caso que sustentaría los cargos en contra del dirigente. La investigación nació en 2022 luego de una querella interpuesta por dos extrabajadores del sindicato en representación de 400 obreros.
El primer acto en la audiencia fue cuando el juez de Garantías declaró legal la aprehensión en contra del dirigente Genaro López del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
El argumento de la fiscalía se basa en que durante el periodo comprendido entre los años 2020 y 2022, el señor López Rodríguez se concertó con el propósito de cometer los delitos de blanqueo de capitales, falsedad y estafa calificada en perjuicio de ex trabajadores de la empresa Pilar Construction S.A.
Lo anterior sucedió en audiencia celebrada este sábado 24 de mayo en el Sistema Penal Acusatorio ubicado en Plaza Ágora en la que además la fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada solicitó la imputación del mencionado por los supuestos delitos contra el patrimonio económico, delitos financieros, asociación ilícita y contra la fe pública.
¿En qué consiste el caso contra los directivos del Suntracs?
La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada narró los hechos que vinculan a tres dirigentes del sindicato, a saber, Saúl Méndez, Genaro López y Erasmo Cerrud.
El argumento de la fiscalía se enmarca en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2022, cuando supuestamente el señor López Rodríguez, junto con otras personas, se concertó con el propósito de cometer los delitos de blanqueo de capitales, falsedad y estafa calificada en perjuicio de ex trabajadores de la empresa Pilar Construction S.A.
La fiscalía describió que aprovechando su condición de directivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y a través de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs R.L., los directivos engañaron a los ex trabajadores para obtener un provecho ilícito consistente en mantener la titularidad de 14 fincas ubicadas en la provincia de Bocas del Toro, actualmente valoradas aproximadamente en $26,790,801.50.
Estas fincas fueron entregadas por Pilar Construction como dación en pago para cubrir prestaciones laborales reconocidas a favor de los ex trabajadores por el Juzgado de Trabajo de la V Sección de Changuinola, que ascendían a $5,868,970.31.
Además alega la fiscalía que, a sabiendas de su falsedad, el señor López Rodríguez, en calidad de directivo de Suntracs derivó provecho del contrato de préstamo simulado celebrado mediante la escritura pública del 6 de junio de 2022, otorgado por el sindicato a la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs por la suma de $3,122,000, garantizado con las 14 fincas, ocasionando perjuicio a los ex trabajadores.
El sindicalista, por interpuesta persona, recibió y transfirió la propiedad de las fincas y manejó fondos a través de la cuenta de ahorro número a nombre del sindicato, previendo que procedían de actividades relacionadas con estafa agravada, falsedad y asociación ilícita, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos y asegurar su provecho personal.
Estos hechos, de acuerdo a la pesquisa, se ajustan a los delitos previstos de estafa calificada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y uso de documento falso del Código Penal, con penas que van desde 1 hasta 12 años de prisión dependiendo del delito.
Querella de los extrabajadores
El Ministerio Público presentó como parte de sus pruebas la querella de seis víctimas representadas por los licenciados Abel Fernández y Camilo Candanedo, ex trabajadores de Pilar Construction que participaron en una huelga declarada legítima por el Juzgado de Trabajo de Changuinola mediante sentencia 08 de 30 de agosto de 2011, donde se condenó a la empresa al pago de más de 7 millones de dólares por prestaciones laborales.
En 2022, el señor López Rodríguez y otros firmaron un acuerdo extrajudicial con Pilar Construction para el pago de 3 millones de dólares a los trabajadores y, en caso de incumplimiento, la dación en pago de 14 fincas, las cuales posteriormente fueron hipotecadas mediante contrato simulado a favor de la cooperativa.
Se cuenta con múltiples escrituras públicas que evidencian el traspaso de fincas a favor del sindicato y la cooperativa, así como un avalúo técnico que valora las propiedades en aproximadamente 26 millones de dólares, con inconsistencias señaladas por el Ministerio Público.
Varias víctimas han declarado a la fiscalía sentirse engañadas y desinformadas sobre las negociaciones y la disposición de sus derechos, señalando que dirigentes del sindicato ocultaron información y presionaron para aprobar hipotecas sin la participación o consentimiento pleno de los trabajadores afectados.
Hechos que sustentan la acusación, según la Fiscalía
El 3 de agosto de 2006, los trabajadores declararon una huelga a la empresa Pilar Construction que concluyó el 25 de agosto de 2006 con un acuerdo entre Suntracs y la empresa. No obstante, Pilar Construcción incumplió lo pactado, desconoció el contenido y no pagó los reclamos de los trabajadores. Como consecuencia, se declaró una huelga indefinida que duró hasta 2008.
Se presentó una demanda laboral en 2008, y el juzgado imputó a la empresa. Producto de esa demanda se emitió una sentencia en 2011 en la que el Juzgado Laboral de Bocas del Toro decretó imputable la huelga. Condenó a Pilar S.A. y ordenó el pago de las prestaciones laborales de 400 trabajadores, por la suma de $5 millones y costos legales del proceso por un $1 millón. A pesar de la sentencia, Suntracs hizo un acuerdo de transacción extrajudicial con la empresa mediante el cual pactaron el pago de $3 millones a favor de los trabajadores y dio como garantía 15 fincas, todas con código de ubicación en Bocas del Toro.
Ante el incumplimiento de la empresa Pilar Construcción traspasó a favor del sindicato las fincas en cuestión.
La fiscalía entrevistó a 104 trabajadores del Suntracs que se quejaron de haber sido engañados en cuanto a la cantidad de lotes que traspasó la empresa al sindicato, la suma que les correspondía por concepto de liquidación o la cifra que hipotecó los lotes el Suntracs, además de su participación en la Asamblea donde se tomaron las decisiones.
La defensa explica
Genaro López acudió a la audiencia vestido con una camiseta tipo polo color azúl y un suéter negro. Mientras su defensor intentaba contravenir los argumentos de la fiscalía, lo observaba. En ocasiones desviaba la mirada hacia abajo y luego hacia el juez y sus acusadores.
Su abogado, Rolando Rodríguez inició cuestionando a la fiscalía para aclarar fechas y actos precisos.
Posteriormente defendió el acuerdo extrajudicial que hizo el sindicato con la empresa porque a ésta no le convenía que fuese a apelación y se integró a la negociación a Pilar Panamá que era la empresa que tenía bienes y se entregan los lotes.
Rolando Rodríguez, defensa de Genero, inició cuestionando a la fiscalía para aclarar fechas y actos precisos.
"Yo estuve ahí con los peritos del Ministerio Público, le puedo decir que muchos lotes de los que se están mencionando están en áreas montañosas. Esas cosas son importantes porque en una investigación hay que tomar en cuenta lo favorable y lo que no", indicó el letrado.
Enseguida mencionó que la fiscalía entrevistó a Saúl Méndez, actual secretario del Suntracs en la sede del sindicato, quien habló de las fincas, al igual que Antonio Vargas - abogado del sindicato - para explicar las fases y procesos y la terminación de huelga vs la demanda.
"Se está tratando de cobrar salarios caídos y en esos salarios no solo entraban trabajadores del Suntracs, sino personal de confianza y administrativo", alegó como parte de la buena fe en que actuó su cliente. En ese sentido esbozó que si el Suntracs no negocia con Pilar Panamá, no hubieran conseguido los lotes en cuestión.
El jurista Rodríguez alegó que si en la Asamblea se acordó que el Suntracs pagara a los trabajadores en efectivo, se hizo en base a los $3 millones que había negociado con la empresa.
"No hay mala fe ni engaño. Son tipos penales, los de la fiscalía, que llevan requisitos y tienen que configurarse en la persona de Genaro López. No hablar del sindicato, sino de una persona y debe decirle lo que hizo y como lo hizo, cuando lo hizo para que él sepa de qué se tiene que defender", inquirió Rodríguez.
El abogado aplaudió el principio de difusión de la audiencia. "Es importante porque queda la sensación de que hubo juego vivo. Se habla de que el sindicato tenía el dinero para pagar a los trabajadores, pero no está constituido para comprar lotes", explicó. Por lo tanto, si tiene el bien para hacer la transacción en beneficio de los trabajadores, es que está defendiendo a sus miembros. El sindicato quería plata para pagar a sus asociados. Me llamó la atención que Antonio Vargas se despojase de un millón de dólares como el filántropo más grande del mundo, eso no es así, fue para defender a sus representados, indicó Rodríguez.
El jurista alegó que si en la Asamblea se acordó que el Suntracs pagara a los trabajadores en efectivo, se hizo en base a los $3 millones que había negociado con la empresa. Hubo mediación, añadió el abogado que en el momento presenció los hechos. El reclamo, por tanto, ya no era por la comisión del delito de extorsión que alega la Fiscalía en el sentido de que el Suntracs obligó a sus asociados a firmar los finiquitos.
"Nosotros no vemos que aquí exista el delito y menos la individualización de Genaro López", manifestó.
A continuación cuestionó otro de los cargos que hizo la fiscalía en contra de su cliente, el de delitos financieros que proceden de actividades relacionadas a actos ilícitos, como la estafa. No obstante, indicó que la trazabilidad del dinero se encuentra en el expediente, en defensa del dinero que recibió el sindicato.
Francisco Carpintero, Juez de Garantía.
"Aquí no hay los delitos que se dicen que cometió Genaro López", rebatió el jurista al debatir si cabía o no el delito de "asociación ilícita para delinquir" que imputa la fiscalía. Preguntó al juez de Garantías Francisco Carpintero, si la fiscalía había explicado cómo se cometió el delito. Recordó que acudió a la fiscalía a revisar el expediente, pero le prohibieron la vista por la reserva del mismo. Dijo que López acudió a la fiscalía acompañado de sus hijos y su esposa, que no es cierto que la llamó para comunicarle de su aprehensión como relató la fiscalía.
Esto comenzó en Chiriqui, y de ahí se pasó a Bocas del Toro, recordó el letrado. Después se enteró que el expediente se había trasladado a Panamá a pesar de que un juez de Garantías había ordenado lo contrario.
Rodríguez cuestionó la vinculación de su cliente con los cargos que imputa la fiscalía. Leyó las definiciones de cada uno de los supuestos delitos que le endilgan y después argumentó cada uno. En el caso de asociación ilícita se preguntó dónde estaba el delito de ser parte de un sindicato. "Si hubo deuda con los asociados, se trata de un tema civil, no penal, indicó. Hay forma de hacer secuestros, dónde está el grupo estructurado, yo no lo veo, esto es parte de la imputación del Ministerio Fiscal que ser verá obligado a demostrarlo", añadió.
López se defiende
López se dirigió al juez, antes éste le leyó sus derechos establecidos en el artículo 25 de la constitución. A pesar de ello, López quiso dirigirse al tribunal quien le concedió tres minutos. Éste refutó, dijo que era muy poco. El juez concedió dos minutos más y López solicitó permiso para ponerse de pie, como está acostumbrado a hablar.
Enseguida relató que desde los 17 años empezó a trabajar en la construcción. Mi pecado ha sido constituir uno de los sindicatos más importantes de Latinoamérica, obligado a actuar con legalidad porque está observado. No solo defendemos los derechos de los obreros de la construcción, sino del resto de los trabajadores.
Genaro declaró: Mi pecado ha sido constituir uno de los sindicatos más importantes de Latinoamérica, obligado a actuar con legalidad porque está observado.
Narró las luchas que ha mantenido el gobierno frente a distintos gobiernos. No obstante, el juez le solicitó que se refiriera a los hechos que ha traído la fiscalía. Lo que exaltó a otro miembro de la defensa César Ruiloba exigiendo su derecho.
López continuó. Mencionó la ley 462 que reformó la ley de la Caja de Seguro Social, diciendo que es ilegal, y que su caso forma parte de una persecución como un sindicato que está luchando por los derechos de las nuevas generaciones. Se alejó por completo de las acusaciones que realiza la fiscalía. Unos segundos después dijo que cuando salió el fallo del juzgado de trabajo, ante los tiempos largos que toma la justicia, el sindicato llegó a un acuerdo con la empresa para responder por sus agremiados y lo pactó por $3 millones. Eran 412 trabajadores, de ellos 104 no han cobrado. Pero el abogado Fernández ha vendido la idea a los trabajadores de que los lotes valen $28 millones. Qué empresa va a dar esos lotes sabiendo que debe $3 millones si los lotes valen $28. “Pero yo sé lo que está pasando, no hay independencia de la justicia y en la administración de trabajo es igual porque no cumplen los convenios internacionales”, exclamó.
Los trabajadores se merecen el derecho de constituir una cooperativa porque en la construcción se presta mucho dinero con intereses altos, por eso el sindicato abrió una línea de crédito a la cooperativa para que funcione con una estructura diferente. Tiene su directiva y la rige el Ipacoop. Los dineros que tiene el sindicato son limpios, vienen del 2% de la retención de los salarios. Hay varios trabajadores que son administrativos, no son miembros del sindicato, aclaró López quien insistió que el caso proviene de órdenes superiores para callarlo. Insistió en que el acuerdo fue por $3 millones y que no se han quedado con plata de los trabajadores, “porque el sindicato se maneja de forma transparente”.
No hay comentarios
Publicar un comentario