miércoles, 16 de septiembre de 2020

Juez imputa dos cargos y decreta detención al exgobernador de Guna Yala

La juez Diana García acusó a Erick Martelo, exgobernador de Guna Yala y su conductor, Rogelio Alba, por modificación del auto y posesión de droga

El inicio de la operación Luxor, que logró la captura del exgobernador de Guna Yala, Erick Martelo y su conductor, Rogelio Alba, emplanillado en el Ministerio de Gobierno desde julio de 2019, es solo un hilo de una gruesa madeja en la que hay más involucrados de una organización criminal.

Así lo planteó ayer la fiscal de Drogas, Acellys Cárdenas, durante la audiencia múltiple celebrada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la que la juez de Garantías, Diana García, concedió cuatro solicitudes a la fiscalía: legalización de la aprehensión de la droga hallada en el auto Hyundai, modelo Santa Fe, color gris oscuro con matrícula 730029; imputación por los delitos de modificación de una estructura -en este caso el automóvil- para el trasiego y posesión agravada de droga. Delitos cuya pena mínima es de 16 años de prisión. Además decretó la detención preventiva de ambos por un periodo de seis meses, mientras transcurre la investigación. Por último legalizó la aprehensión de dos celulares, una memoria (USB) y el auto en el que viajaban los mencionados.

La fiscal narró que el 14 de septiembre, aproximadamente a las 9:30 de la noche, en la subestación de Policía de Las Garzas de Pacora, las unidades policiales solicitaron la documentación del chofer, Rogelio Alba, y de su copiloto, Erick Martelo, en ese momento gobernador de Guna Yala. Enseguida se les notificó sobre una requisa a la que ambos accedieron de forma voluntaria. En el maletero las unidades visualizaron una variación, tres pedazos de madera adheridos que no formaban parte de la fabricación del auto. Debajo de las mismas hallaron una placa de metal con bisagras con un mecanismo hidráulico. Debajo había un doble fondo que se encontraba vacío. No obstante, la presencia de unos cables que conectaban con los asientos delanteros del auto, dieron con un segundo compartimento en el que se escondían 79 paquetes de supuesta droga. “Un mecanismo sofisticado”, calificó la juez. Ambos fueron detenidos en la madrugada del 15 de septiembre.

Lo curioso es que de los 79 paquetes hallados, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, determinó que 59 de ellos contenían 72.76 kilogramos de cocaína. La fiscal dijo que la mercancía tenía un valor en el mercado de $500 mil. Sin embargo, 20 paquetes resultaron negativos.

Durante la audiencia la fiscal explicó que el vehículo en el que viajaban el exgobernador y su chofer, fue traspasado el 6 de marzo del corriente, a un extranjero (presumiblemente de nacionalidad colombiana), del que no se tiene récord de su ingreso al país, según las consultas efectuadas a la Dirección de Migración. “Pudo haber entrado ilegalmente al país”, dijo. Esto puso en alerta a la fiscal, ya que adelantó que podría ampliar el menú de delitos en la pesquisa por la falsedad en el trámite de traspaso, que exige la presencia física del quien traspasa y quien recibe el auto.

“Puede pertenecer a organizaciones criminales, ahora empieza la investigación”, exclamó la fiscal. A continuación describió que el delito relacionado con drogas tiene una estructura y organización que requiere recibir, trasladar y entregar la droga”, por lo que olfatea que detrás de los imputados hay otras personas involucradas.

En un inicio, los imputados iban a optar por una defensa en común, pero luego se decidieron por abogados individuales, lo que provocó contradicciones entre ellos. La abogada de Alba, Marta Lucía Restrepo, alegó que su cliente actuó bajo los parámetros de obediencia debida, dando a entender que no tenía nada que ver con Martelo. Mientras Valentín Jaen, defensor del exgobernador, dijo que su cliente se vio sorprendido por su “buena fe al montarse en el vehículo”.

Hay varios aspectos en este hecho. El primero que ambos, siendo funcionarios públicos, viajaban en un auto particular, modificado, con doble fondo y con 72.76 kilos de droga. Que ambos se tiran la culpa uno al otro; y que la persona a la que supuestamente se traspasó el auto no registra ingreso al país y es extranjero, no un voluntario que colaboraba con el transporte de las bolsas del programa Panamá Solidario, como se había mencionado antes de la audiencia.

Hechos que quedan pendientes en la pesquisa que da inicio en la Fiscalía.

Durante la audiencia Jaén, defendió que la Fiscalía no había demostrado la vinculación de su cliente al hecho. Alegó que no existe un informe de inteligencia o policial, hasta el momento, que detalle la participación de Martelo en el tráfico de drogas. Le extrañó que el Ministerio Público no haya efectuado una prueba de ION SCAN en la vestimenta para determinar si él tuvo contacto con la droga, remató con que el mismo examen dio negativo en la estructura del auto. Por lo anterior, a juicio de Jaén, no se logra demostrar quién hizo la modificación del auto -ya que la fiscalía no presentó un peritaje sobre el mismo- o la relación de su cliente con el mismo. “El exgobernador quiere limpiar su nombre, pero también quiere que se sepa la verdad sobre la responsabilidad de la droga”, indicó.

Por su lado, Restrepo expresó que contra su representado no existe un informe que indique que pertenece a una organización criminal. Aportó la Resolución de su nombramiento como conductor en el Ministerio de Gobierno que data de julio de 2019.

Erick Martelo, es un hombre de 42 años de edad, con dos años de estudio en Economía y Finanzas en la Universidad de Panamá, tres personas dependen de él y mantenía un salario de $3,500 mensuales. Su chofer, Rogelio Alba, apodado “Pingüino”, con 40 años de edad, cursó estudios hasta tercer año, ganaba un sueldo de $600 al mes y 8 personas dependientes.

Ninguna de las partes optó por utilizar el método de resolución de conflictos con la Fiscalía, es decir, un acuerdo de pena. No obstante no descartaron la misma más adelante. Tampoco anunciaron apelación ante las decisiones de la juez quien determinó que todos los procesos se efectuaron bajo los parámetros que exige la ley y que se cumplieron los plazos para la realización de la audiencia. Ambos abogados solicitaron una medida distinta a la detención preventiva, firma tres veces por semana y prohibición de salida del país, pero la juez determinó que había riesgo de fuga y dijo que el arraigo domiciliario de ambos era débil. En el caso del chofer, no pudo decir el nombre de la calle ni el número de residencia.

Un funcionario de asesoría legal del Ministerio de Gobierno se presentó al SPA para notificar al conductor sobre su destitución, mientras que este martes, el mandatario Laurentino Cortizo anunció la destitución del entonces gobernador.

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