lunes, 7 de septiembre de 2020

CSS asegura que el contrato con FCC sigue vigente

Las diferencias entre la Caja de Seguro Social y la empresa FCC se profundizan. La constructora a cargo de la Ciudad Hospitalaria, dio por terminado el compromiso, mientras la entidad espera una respuesta a la contestación que hizo ante la decisión unilateral de FCC

La forma más expedita para resolver las diferencias entre la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y la Caja del Seguro Social con respecto a la culminación de la construcción de la Ciudad Hospitalaria, consisten en que la empresa ceda el millonario contrato a un tercero que ellos escojan y que la CSS lo apruebe. De otra forma se vislumbra un proceso largo y costoso para ambas partes debido a las profundas contradicciones que cada parte alega. Varios puntos de discordia radican en el dinero que exige la empresa a la entidad de seguridad social. De salida parten con $65 millones por permanencia extendida en Panamá y para evitar que se ejecute la fianza. Cifra que según la empresa deberá dilucidar un arbitraje internacional luego de que formalizaran el reclamo en París, Francia, sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

El mandatario Laurentino Cortizo, se refirió al tema en un acto público, y dijo que Panamá trabaja con un equipo de abogados para hallar las alternativas que tiene el país ante el conflicto legal.

Este lunes durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, comparecieron a los representantes de la empresa FCC para que respondieran un cuestionario de doce preguntas elaborado por los diputados, cuyas respuestas fueron contrastadas con la versión de Francisco Bustamante, subdirector de la entidad.

El primer escollo es la vigencia o no del contrato. Luis Figueroa, vocero de FCC, recordó que la empresa ya mostró sus cartas a la CSS el 25 de agosto pasado en una nota en la que le hicieron saber sobre la resolución del contrato.

Mediante dicho documento “cesamos operaciones y declaramos resuelto el contrato. La CSS si tiene a bien contratar o ceder el contrato a otra empresa está en todo su derecho”. Añadió que la empresa tiene la disposición de ayudar a la CSS con planes y documentos para la culminación de la obra.

No obstante, Bustamante explicó que la decisión no puede ejecutarse de manera unilateral. Recordó que FCC aún no ha respondido a la contestación que envió la CSS y el plazo para que la empresa emita su concepto no ha vencido. “Desde el 4 de agosto tenían que responder una carta. Para que me la recibieran tuve que hablar con uno de los socios en México porque las puertas de la empresa estaban cerradas y así fue como la recibieron. Le propusimos que cedan el contrato a un tercero y no quisieron tomar la oferta”, exclamó ante los diputados y el público que asistió al acto.

“Para cesar el contrato tenemos la opción de una Resolución Administrativa, tenemos que evaluar la documentación para ver cómo procede, pero nos lleva a un proceso de cuatro o cinco años”, añadió Bustamante.

FCC está solicitando a la CSS $61 millones por permanencia extendida, además de $8 millones correspondientes a los planos. En este punto tampoco hay acuerdo.

Dicho argumento sí puede dirimir en un arbitraje internacional, según Bustamante, pero no los $65 millones (monto de la fianza del contrato) que pretende dilucidar la empresa ante un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia.

“Pero que no pare las obras. Ellos han hecho al revés, te abandono y págame”, alegó Bustamante. Para el funcionario no existe tal arbitraje, sino una demanda para que en el caso de que la CSS quiera ejercer el derecho a una fianza no se ejecute. “Esos juicios de emergencia se dan cuando se agotan dos condiciones, una causalidad con altas probabilidades de ganar un caso, o un arbitraje”, exclamó.

Las partes también difieren en cuanto al cumplimiento de la obra. Figueroa aseguró que no se ha incumplido el contrato suscrito entre las partes. “Originalmente tenía un plazo de 36 meses, desde el 24 de agosto de 2012, tal plazo se ha extendido por causas no imputables al contratista”, respondió.

El subdirector de la CSS, Bustamante, explicó en el momento que el contrato tenía una fecha cierta de terminación, 2015, que no se cumplió. “Ha tenido 6 adendas, tenían que entregar la fase uno y dos en 2019 y la fase dos en 2020. Se ha incumplido en la fecha de entrega porque no se ha entregado nada en lo que pactó la empresa con la CSS, en referencia a los términos dichos”.

Por la demora en las obras, la CSS tiene la opción de multar a la empresa con $30 millones. Pero aún no lo ha concretado porque la CSS es de la idea de que complicaría aún más la situación.

Bustamante aseveró que en la adenda 6 que está vigente, la empresa está obligada a entregar las tres fases. “Tuvimos una conversación con los representantes, buscábamos agilizar las obras”, justificó Bustamante. Ahora le piden a la empresa que cumpla, de no hacerlo, la multa será presentada.

“Ellos están alegando que por la pandemia no entregan la obra, eso no es cierto. La pandemia no tiene que ver con los atrasos. Son decisiones que ellos tomaron en su momento, esas instalaciones debieron ser entregadas el año pasado, la fase uno y dos”, aseveró el subdirector.

Alegó que la empresa está mezclando las cosas. “Yo creo que el vocero que se buscaron fue el menos feliz. Nosotros no estamos en arbitraje, ellos pusieron una acción de emergencia para que la fianza no pueda ser tocada, y lo peor es que las fianzas no son materia de arbitraje. Los contratos no son materia de arbitraje y las multas tampoco. Ellos solitos se han enredado”, zanjó el vocero de la CSS.

La empresa alegó que la obra tiene un avance del 65%, pero el Estado le ha pagado un 47% de la misma.

Otro punto se concentra en el costo del proyecto. Se estima que la culminación de la obra tenga un costo adicional de $300 millones aproximadamente. Esto debido a que las estimaciones deben realizarse bajo los precios de los materiales vigentes.

“Eso que se ha dicho que hay un aumento del 50%, desconocemos de dónde proviene”, respondió Figueroa ante los cuestionamientos.

Enseguida Bustamante, contrastó los datos. Aclaró que la estimación de un incremento surge por el atraso de 5 años más el tiempo adicional que va a costar terminar la obra porque los costos actualmente no son los mismos que en 2012, “nos va a costar ese porcentaje por el tiempo que va a tomar en entregar la obra”.

Figueroa insistió que los temas que se debatían estaban sometidos a un arbitraje. Se excusó así de profundizar ante los cuestionamientos de la diputada Harding quien insistía en las interrogantes. "Pareciera que estamos bajo un testimonio judicial, no estamos bajo juramento", refutó Figueroa.

El Estado contrató a la entonces compañía constructora española en 2012 para la construcción de la Ciudad de la Salud por un monto original de $587 millones que finalmente se redujo a $554 millones.

La diputada Harding designó una subcomisión para que recoja más detalles del contrato y presente un informe a la Comisión.

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