"No dudo que en el Órgano Judicial haya corrupción, la pregunta es si tenemos la capacidad de corregir los actos"

Olmedo Arrocha, magistrado de la CSJ, sabe que hay manzanas podridas en la justicia. Pero defiende que se trata más de una percepción que de una realidad, ya que hay 505 jueces y magistrados que al año pueden emitir 200 mil fallos

La justicia está en el ojo de la tormenta. La percepción de que quien tiene plata gana los casos y los pobres reciben sentencias prolongadas en la cárcel, ha obligado a las entidades gubernamentales a echar un vistazo a la comunidad que reclama un servicio eficiente, transparente y ágil. Olmedo Arrocha, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene algunas ideas en la cabeza que pretenden abrir una ventana hacia una justicia más efectiva: digitalización de la justicia, notificaciones a través de correos o al móvil del usuario e implementar la Carrera Judicial. Sin embargo, el Órgano Judicial tiene un largo trecho por recorrer para convencer a la ciudadanía.

Iniciando con la lentitud en que se resuelven recursos como Amparos, Hábeas Corpus, inconstitucionalidades, y luego con la sospecha de que en algunos casos se paga por los fallos. No parece un camino fácil, devolver la credibilidad de la justicia a la ciudadanía requiere de algo más que buenas ideas. Es necesaria una apertura franca; abandonar el contubernio o chantaje entre los magistrados y diputados del doble juzgamiento; mostrar que quienes administran justicia reflejan su moral hasta en los fallos; abrir el contenido de las discusiones del Pleno al público; digitalizar los casos para que quien esté interesado pueda conocer los detalles, en fin. De este y otros temas habla Arrocha en la entrevista.

A usted lo vinculan por con el expresidente Juan Carlos Varela, por ser quien lo nombró. ¿Usted se siente comprometido con algunos de sus intereses?
Lo primero es que efectivamente hay un estigma que llevamos los magistrados, nos ponen una etiqueta de quién nos nombró. Pero lo primero que hay que corregir en esa premisa es que a mí no me nombra un presidente, sino el Consejo de Gabinete y me ratifica la Asamblea Nacional.

Obviamente el Consejo mandado por el Presidente...
Si, tienes razón. Pero al final de día es muy difícil que un magistrado se quite la etiqueta de quién lo nombró. Pero tu verás en el pasado reciente, como magistrados que fueron nombrados por el expresidente, al final actuaron en contra de los interese.

Y así mismo los acusaron, como se evidenció en los Varelaleaks, de haber sido comprados por el otro bando...
Aquí uno puede ser una persona agradecida, y decir gracias por haberme dado la oportunidad y la confianza de haber ido a ocupar un alto cargo. Eso no hace que te comprometas en tu consciencia.

Entonces cómo muestra el agradecimiento...
El agradecimiento no se muestra. Se siente, estoy agradecido, pero con quien me tengo que comprometer es con el país. La manera en que manejas tu independencia es a través de tus fallos, que tu decides. A propósito, en la CSJ, yo soy uno de 9, es un cuerpo colegiado. Ahí las decisiones no se basan necesariamente en lo que dice un compañero, hay un debate de los fallos. El disenso, es muy importante. Preocúpense cuando estamos de acuerdo en todo.

¿Se siente usted solo, que no pertenece a ningún grupo como se percibe de sus compañeros?
Yo no me siento en ningún bando. Apoyo los planteamientos que considere que van con la Constitución y la Ley. No me siento solo de ninguna manera. Así como apoyo un criterio, apoyo otro, y jamás me verás en ningún bando. No creo que nuestro cuerpo colegiado tenga que manejarse con criterios de bando. Lo que hay es que hoy puedo apoyar a alguien y mañana disentir sobre el planteamiento. Hemos estado días dedicados a discutir en el Pleno, a veces algunos de acuerdo con migo y en otra ocasión no.

La percepción, y tal vez más que eso, es que la justicia no sirve, que el que tiene plata se sale con la suya, y solo le cae el rejo a los pobres, ¿qué tiene que decir a eso?
Esto es un estigma con el que todos los sistemas de justicia tienen que lidiar. Lo que pasa es que la administración de justicia es un servicio público ingrato. Surge de la insatisfacción de personas que en su vínculo que los relaciona, tuvieron alguna desavenencia y no logran resolver ese conflicto y acuden ante la administración de justicia para que lo resuelva. Uno de los dos, sale del sistema insatisfecho porque la decisión es para uno. Yo no dudo que en el Órgano Judicial haya corrupción como en cualquier organización. Ninguna está exenta de comportamientos de lo que debe ser el estándar ético. El tema es si tenemos la capacidad de poder identificar los actos y corregirlos, y en eso es que deben trabajar las instituciones y corregirlos. No rechazar una realidad, sino siendo proactivos en contrarrestar esos comportamientos y cambiar el sistema para que esos incentivos perversos no sean los que primen en el servicio público.

Es cierto que ninguna institución está exenta de corrupción, pero otra cosa es que se perciba que todo es así. Es un problema mayor de lo que usted plantea...
Tienes toda la razón, eso denota la incapacidad de la institución en hacerle frente a la percepción, y en la medida en que no lo haces y no pones en su justa perspectiva la situación, la percepción crece cada día más. Por ejemplo, en contexto numérico de lo que hablamos. El año pasado, se pudieron haber emitido entre todos los 505 jueces y magistrados de toda la república alrededor de 200 mil decisiones de fondo. Cuando me hablan de una percepción, me gustaría saber de forma científica, cuántas de estas 200 mil son realmente motivadas para concluir que hay corrupción. Yo siento que la administración de justicia se tiene que reencontrar con la sociedad, y eso incluye estas cosas, rendir cuentas, dar información. Eso no quiere decir que uno esté violando la reserva.

¿Cómo se probarían que hubo compra de un fallo siendo los jueces y magistrados autónomos de sus decisiones?
Lo primero es que tiene que haber una denuncia. Yo recibí en estos días una cantidad de oficios para el personal en mi despacho porque se están haciendo unas investigaciones de cosas que ocurrieron supuestamente antes de mi llegada. Se que el Ministerio Público investiga, no se cuáles sean los resultados por ahora. Pero hay manera de investigar, hay que seguir el dinero y nos damos cuenta. Es muy sabia una medida que solo se le aplica a los magistrados, nosotros tenemos que presentar cada año una declaración de bienes, que permite dar un seguimiento. Es la base para iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito. Pero debería de aplicarse a todos los administradores de justicia, porque los que estamos en los medios de comunicación y somos la cara visible, somos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay 505 jueces y magistrados que hacen exactamente lo mismo que nosotros.

Obviamente que cualquiera oculta esos bienes si provienen de origen ilícito...
Es mejor que hacer nada.

¿Por qué los Plenos no son públicos como en otros países?
Yo apoyaría un proyecto en el que temas constitucionales, donde no hay un interés especial en juego, fueran abiertos. En estos temas el interés es general, pero lo que deberíamos hacer más pronto que tarde, es una vocería que cuando finalicen los plenos se pueda comunicar a la ciudadanía qué se discutió y qué se decidió. Yo creo que eso ayudaría.

La justicia parece decidirse bajo las sombras, a oscuras, ¿qué puede hacer usted para cambiar eso?
En primer lugar no puedo hacerlo solo. Humildad también es saber que hay que hacer las cosas en equipo. La institución cuenta con 5544 hombres y mujeres. La transformación que es necesaria en el Órgano Judicial es lo único que no cambia y eso hay que hacerlo en equipo. Hay que hacerlo con colaboración y democracia. Yo impulsaría la digitalización de la justicia.

¿Cómo funcionaría eso?
En los temas de notificaciones, por ejemplo, existe un plan piloto desde hace 10 años. Eso no puede ser, en ese tiempo ya se ha tenido que evaluar si se desecha o se replica. Desde mi punto de vista lo estoy rescatando para persuadir a mis compañeros para ver si lo impulsamos con fuerza. El plan piloto en los juzgados de comercio funciona de la siguiente forma: los abogados tienen una clave para entrar y a su correo electrónico o a su móvil, les llegan alertas sobre notificaciones pendientes. A partir de que les llega la alerta, si pasan 10 días, se sabe que están notificados.

¿Y qué margen de error puede haber ahí, si no abre la notificación?
Es que en 10 días desde que se envió, se establece que estas notificado. Cuando tu mides el proceso judicial en tiempo, como una tercera parte te lo lleva la actividad de notificar. El otro es el expediente digital, eso te trae ahorros en papel, los abogados ya no tendrían que ir personalmente hasta las cinco de la tarde a presentar las cosas, las pueden enviar desde su casa.

Por qué no replican el sistema estadounidense en el que uno puede ver el desarrollo del caso desde la computadora?
Ccreo que la voluntad existe, es el convencimiento de que hay que ir hacia allá. Tenemos que lograr la plata también. El servicio público de administración de justicia debe ser gratuito. La ciudadanía no debe de perder la esperanza de confiar en sus instituciones y apoyarlas. También a nosotros, los que somos la sociedad institucional tenemos que permitir una apertura para permitir la participación de la ciudadanía.

¿Qué tipo de presiones tiene usted en el trabajo?
Los medios de comunicación. Por ejemplo, los medios ejercen una presión fiscalizadora. Pero por ejemplo, te digo en forma honesta, la modalidad de glosas es una modalidad de la que no te puedes defender. Porque además si le dices a un experto que quieres responder a las glosas, te responde que eso no se responde. Generan morbo. Eso es una cosa sui géneris de Panamá.

¿Eso cómo genera presión en usted?
El que cuida su imagen, se respeta a sí mismo, tal vez yo todavía no he llegado a la madurez de que se resbalen. Pero si te dicen, tiene un caso de no se qué, y te salen las cosas de lo que está pasando. Si fallas de una manera, te dicen que te equivocaste. Pero si a mí me dicen, mira te equivocaste en el fallo, ¿tú quieres hablar de eso? yo lo haría. Déjame defenderme, es como un rumor. Me ha tocado que mando por correo mi información y cuando publican la noticia es como si no me tomaran en cuenta.

Además ¿qué otra presión siente?
El otro tema es las personas que quisieran tener acceso a tí.

¿Le llaman mucho, le mandan emisarios?
Eso sí, me mandan emisarios. La mitad de Panamá tiene mi celular y me escriben que necesitan citas conmigo. Yo no responde si no se quién me escribe.

¿Cómo maneja a los emisarios que le mandan?
Simplemente les digo que no puedo atenderlos. Cuando son emisarios que me dicen, hay un caso que tienes ahí... Les respondo: ya lo veré. Pero no les doy la oportunidad de acercarse.

¿Y cuando hace el proyecto?
Tu sabes que a mí me pasó algo al principio. Cuando yo llegué al despacho, yo cambié unos proyectos que había heredado, no estaba de acuerdo con lo plasmado por mi antecesor y los cambié por no estar de acuerdo con el proyecto. De los que yo había cambiado, a la media hora, me estaban llamando los abogados para pedir cita. Eso me indicó que había una fuga de información. Yo solo cambié a una persona del equipo. Los cité, y les dije, esto es un asunto muy técnico, no siento que debo prescindir de nadie, ustedes perderán su trabajo en la evaluación, pero está pasando esto, yo no soy adivino para saber quién es, pero tengo la intuición de que pudo haber sido alguien de aquí. Si me llega hablar otro abogado, voy a tener que prescindir de alguien de ustedes. Eso no pasó más nunca. Panamá es muy chico.

¿En qué ha quedado el caso del hijo de Oyden Ortega, su antecesor?
No se, yo sí veo que están investigando porque han mandado oficios. Este caso está en el Ministerio Público y se que están activados porque a mi despacho llegan los oficios.

¿El del hijo de Cecilio Cedalisse?
No lo se.

¿Cuándo van a resolver la inconstitucionalidad del Código de Familia sobre matrimonio igualitario?
Yo trato en mi caso, sé que unos son más complejos que otros, pero el ponente tengo entendido que pronto estará poniéndolo a circular. Creo que como llegaron magistrados nuevos quiere darles tiempo a ponerse al corriente y volver a leer su proyecto para que estén enterados. Mi intuición es que pronto debería ir a discusión.

¿Todavía hay un décimo magistrado?
No hay, no he sabido nada de eso.

Usted es fiscal en el caso del diputado Arquesio Arias, ¿cuándo decide sobre la investigación que está haciendo?
Tengo que ser prudente con lo que te voy a contestar por respetar la condición de presunción de estado de inocencia. Efectivamente, en agosto se admitieron unas causas contra un diputado, como en octubre tuvimos ese expediente a nuestra disposición e hicimos una conferencia de prensa para informar. En agosto de 2019 se hizo la imputación y a partir de ahí, el juez de garantías nos dio seis meses para hacer la investigación formal. En ese mes de octubre solicitamos una medida cautelar de restricción de libertad al Pleno de la Corte, el ente encargado de decidir esto y desde esa fecha hasta ahora hemos estado investigando sin prejuicio, lo favorable y desfavorable. Nuestros seis meses culminarían en el mes de abril de 2020, cuando llegue esa fecha tendremos que tomar una decisión con los elementos que tenemos sobre si archivamos el expediente porque consideramos que no hay delito o no hay suficientes pruebas, o solicitamos pasar a la siguiente etapa ante un juez de garantías, que sería la fase intermedia para luego pasar al juicio oral. Si se da el juicio oral es ante el Pleno de la Corte y en estos casos vota por mayoría calificada, es decir, deben ser seis votos de nueve. De no contar con esos votos, se absuelve.

Siempre ese contubernio entre los diputados y los magistrados. A los ciudadanos no nos queda claro cómo se arreglan entre ustedes...
Tienes la razón. Primero te digo que si dependiera de mí, cambiaría eso en la Constitución, me parece que es un incentivo perverso. Pero antes de llegar a la Corte, ocurrió el caso del diputado que atropelló a la joven, ese caso terminó con una transacción entre las víctimas y el exdiputado.

Hay un sinnúmero de casos que terminan en eso, y aún así persiste la percepción de impunidad...
Eso implica una presión, incluso para nuestra objetividad, pensar que si tomamos acciones en la investigación contra un diputado, entonces vengan represalias contras nosotros los magistrados. Es como una presión psicológica.

Usted tiene una demanda en la Comisión de Credenciales...
Me enteré por un medio de comunicación que tengo una. La persona que mencionan ahí, creo entender por qué lo hizo. Cuando yo fui a la ratificación, una abogada, con todo su derecho, me increpó de que yo estaba haciendo no se qué actos por sociedades anónimas y eso se aclaró. Pero bueno, la gente tiene su derecho de presentar su opinión. Yo le pediría a la Comisión de Credenciales que lo atendieran.

¿Usted denunciaría públicamente, en caso tal, que lo están chantajeando?
Por supuesto, claro, eso es lo que hay que hacer.

¿Qué aportaría a las reformas constitucionales?
Primero eliminar aquello de que los diputados juzgan a los magistrados y viceversa. Mi aporte sería crear un tribunal de aforados que consiste en los siguiente. La CSJ no solo juzga a los diputados, sino al Contralor y otras personas, son como siete figuras. La idea sería crear un tribunal en el que estén representados todos los que tenemos fuero y cuando haya un caso de un diputado, por ejemplo, el representante de la Asamblea sale del organismo y se trata el caso. La otra opción que se plantea, es que se mantenga como está pero el que investiga es el procurador. Esta premisa tiene su origen en 2004, que sale por un asunto coyuntural. En ese fecha cuando se reformó la Constitución, quien estaba en ese momento era José Antonio Sosa, quien investigó al entonces diputado Mario Miller. Entonces el resto de los diputados, que algunos tenían denuncias pendientes, pensaron en que si Sosa los juzgaba estarían listos. A esto se sumaba el temperamento del entonces presidente, Ernesto Pérez Balladares. Así que ellos decidieron que era mejor dejar en manos de los magistrados las investigaciones. Entonces hay que repensar y a lo mejor dejar en manos del Procurador esa función, eso podría ser una opción. El otro tema, en administración de justicia hay que asegurar la independencia con el 2% del presupuesto del Estado y no de los ingresos corrientes.

¿Cuenta con el presupuesto de la Carrera Judicial?
Extraoficialmente han habido reuniones de la Junta Directiva con el Ejecutivo para sensibilizarlos sobre el tema. Solo los buenos nombramientos no solucionan el tema de la justicia, se requieren recursos y creo que se darán los fondos para eso, son aproximadamente $18 millones. Y también para el Tribunal de Integridad y Transparencia, porque ahora hay como un limbo por saber quién debe conocer sobre estos casos. La voluntad del Pleno es echar adelante la Carrera Judicial, así como la integración del Tribunal.

OLMEDO ARROCHA
Asumió como magistrado de la Sala Civil en marzo de 2019

• Nombre completo: Olmedo Arrocha Osorio
• Nacimiento: 19 de agosto de 1968 Coclé, Panamá
• Ocupación: abogado
• Resumen de su carrera: Graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en 1992 con el Título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Vinculado al ejercicio profesional en la práctica privada a nivel individual y a través de distintas firmas de abogados, como litigante ante tribunales, durante más de 25 años. Coordinador de la mesa del Pacto de Estado por la Justicia para la Modernización del Proceso Civil (2016-2017). En el campo de la enseñanza ha laborado como docente en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologías (ULACIT), en las Cátedras de Derecho Civil y Procesal. Miembro de la Federación Interamericana de Abogados (FIA). Miembro de la federación panameña de derecho marítimo (APADEMAR).