sábado, 19 de octubre de 2019

‘Techos de Esperanza nace de la improvisación y mala planificación’



La ministra de vivienda, Inés Samudio, explica que durante la administración Varela se licitaron proyectos sin la ubicación de los terrenos y se comprometieron a los contratistas $800 millones para los que no hay presupuesto

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) debería empeñarse en aplicar una política de uso de suelo adecuada para cada sector del país y desarrollarla acorde lo planificado. Por décadas, se ha visto a este ministerio como un bastión político mediante el cual se busca afianzar el partido del gobierno a través de la construcción masiva de casas de interés social que luego resultan en un fiasco por la escasa o nula previsión de suelos, o que al momento de la entrega se hace prácticamente ausente de una evaluación seria del beneficiado. Inés Samudio, ministra de la cartera, expresa que muchos proyectos de la administración de Juan Carlos Varela se efectuaron en las condiciones mencionadas. Se licitaron proyectos en Techos de Esperanza sin antes haber ubicado el terreno para construir la vivienda. Era responsabilidad del Miviot hallar los beneficiarios dueños de los terrenos y revisar sus condiciones para ejecutar el proyecto, de no calificar el terreno se debía encontrar otro beneficiario que por lo general era en zonas rurales. Sin embargo, eso no ocurrió y los contratistas se desmotivaron, perdían el financiamiento aunque aún están vigentes las fianzas.

También se entregaron llaves sin antes haber creado un expediente social a las familias que ocuparon casas en el proyecto Altos del Lago en Colón. Es decir, un desgreño administrativo que ahora le pesa al Estado porque se licitaron $800 millones para programas mientras que el presupuesto para el Miviot de 2020 es de $200 millones. No hay plata para cumplir a los contratistas en el tiempo que se proyectaron las obras. “No hubo planificación, solo la idea de construir casa sin la mayor planificación”, describió la ministra.

¿Cuál fue el estatus que encontró de los proyectos que estaban en ejecución?
Hay recursos comprometidos para los siguientes años. Hay aproximadamente $800 millones por ejecutar sin tener los recursos para hacerlo. Lo que hemos hecho para que la mayoría de los contratos se puedan desarrollar, es que hemos extendido el tiempo de ejecución porque no tenemos presupuesto para hacerlos de una vez.

¿Estos contratos de qué proyectos son exactamente?
Son 51 contratos de Techos de Esperanza en donde hay aproximadamente $260 millones por ejecutar, además de contratos por Renovación de Colón en su segunda etapa, además Ciudad Esperanza que no está concluido y otros proyectos de inversión que no hemos evaluado. Tenemos un proyecto interesante que consiste en una inversión en Nuevo Cartí, en la Comarca Guna Yala que aún esta en estudio. Es un proyecto apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo que vamos a continuar. En Bocas del Toro hay otro proyecto de urbanización en la isla Bastimentos, de hecho es la primera que va a realizarse en el sector, pero apenas se está haciendo el movimiento de tierra. Todos estos proyectos le hemos puesto al día al Presidente con el propósito de conseguir los recursos. En Bastimentos se proyecta una urbanización de 85 casas. Son personas que actualmente viven hacinados con otras familias.

Techos de Esperanza va a continuar de la misma forma? El sector empresarial tiene inquietudes sobre el tema...
Tenemos que ser responsables y todos los contratos que se puedan ejecutar hacerlo. Techos de Esperanza nace de la improvisación y mala planificación. Como ingeniera civil te puedo decir que cuando uno va a construir se debe planificar. Estos proyectos se hicieron en paquetes de 500 casas, 1000 casas, sin tener identificados en campo cuál era el beneficiario real. En la búsqueda de campo se agotó el tiempo del proyecto, por eso es que la mayoría están vencidos. Hay proyectos que datan del 2015 que eran de 500 casas y solamente se construyó la mitad. En este sentido, la responsabilidad era del Mivi, porque si el ministerio no identifica a los beneficiarios, los terrenos, cómo van a construir la casa. El beneficiario tenía que poner el terreno. Entendemos que hay muchas personas que sueñan con su casa pero deben de tener un terreno porque así los especifica el terreno. Por otra parte, queremos fortalecer la inversión privada a través del bono solidario que sí se desarrolla en forma planificada porque se trata de urbanizaciones de interés social donde el Estado ofrece $10 mil de bono, y creemos que para esta figura, para la cual tenemos una gran cantidad de proyectos aprobados y licitados, pero eso también fue irresponsable porque ahora no hay el presupuesto. Se van a hacer, pero cuando tengamos el dinero. Para ellos tuvimos que hacer un inventario y buscar los recursos.

Usted interpuso 3 denuncias penales por irregularidades encontradas en el Ministerio, tallas excesivas en botas, ¿por qué se adquirieron esas botas en un inicio según sus averiguaciones?
Techos de Esperanza se manejaba a través de auto gestión, lo que significa que el Ministerio compraban los materiales y contrataban a las planillas. Entendemos que para las cuadrillas se requerían estas botas, pero no de las tallas adquiridas, hay están en el depósito totalmente deterioradas más de 3 mil pares. Eso es parte de la denuncia que tiene que averiguar el Ministerio Público. La compra de las botas asciende a más de $30 mil en tallas grandes. Vemos también la compra excesiva de materiales, que se adquirieron de una sola vez, en lugar de hacerlo en forma programada. Cuando tu vas a construir, no tienes que adquirir todos los materiales desde un inicio, ellos hicieron una sola compra para mil viviendas.

Hay una gran crítica por la forma en que se ha nombrado a funcionarios del partido gobernante. En el Mivi usted despidió a 1,300 funcionarios. ¿Bajo qué criterio se ejecutaron estos despidos y el nombramiento de 300 colaboradores nuevos?
En la administración pasada se crearon dos planillas: la permanente y transitoria en la que hay muchos funcionarios de carrera administrativa, además de profesionales en el ramo, y la otra planilla que era la de Techos de Esperanza excesivamente abultada. Nos encontramos esas personas en oficinas hacinadas sin mayor función. De acuerdo a los auditos que se están avanzando, nos dimos cuenta que hubo periodos en los que habían más de 4 mil funcionarios por mes. Y bien ha dicho el ministro de economía y Finanzas, Héctor Alexander, que la planilla se triplicó en los últimos 10 años. Si hemos desvinculado 1,330 funcionarios, hemos ingresado no más de 350 que son cargos de confianza y la parte técnica la hemos respetado bastante porque están cumpliendo una labor. Pero jamás vamos a llegar a la cifra en la que hemos desvinculado a estas personas porque realmente era una planilla excesiva.

¿Actualmente a cuánto asciende la planilla?
Somos alrededor de 2,200 funcionarios.

El enfoque del Mivi en estos cinco años, ¿a qué apunta?
En dos puntos. Nosotros tenemos identificados a través del Ministerio de Desarrollo Social a la población de extrema pobreza. A esas personas vamos a darles respuestas directas. También tenemos que fortalecer la parte de la inversión privada a través de la aprobación de ventanilla única. Actualmente hay más de 60 mil casas por ejecutar a través del bono solidario. Creemos que esa es una buena herramienta para reducir el déficit habitacional. El Ministerio debe crear políticas públicas de vivienda para que la población tenga su casa, crear facilidades para la adquisición como el ‘leasing’ inmobiliario. Políticas atractivas. Tenemos la confianza de que este gobierno hará surgir la economía para que la gente tenga la posibilidad de comprar su casa.

¿Qué pasará con las miles de solicitudes que supuestamente calificaban para el programa Techos de Esperanza?
Hemos analizado eso, quedaron más de 20 mil solicitudes que no tenemos la demanda para responder a ellas. Quedaron proyectos comprometidos. Para el próximo año el Mivi tiene un presupuesto de un poco más de $200 millones, pero tenemos proyectos por ejecutar que sobrepasan ese límite. Definitivamente que las solicitudes pendientes tendrán prioridad las personas de extrema pobreza y las personas con discapacidad.

¿Esos $800 millones por ejecutar cómo los van a dividir, y cómo van a hacer con los promotores que ya invirtieron plata para desarrollarlos?
Ya nos hemos reunido con los contratistas y les hemos dicho la verdad, que no tenemos los recursos y que lo vamos a desarrollar en estos tres años y todos estuvieron de acuerdo.

¿Continuarán el bono solidario?
Lo vamos a continuar porque creemos en el proyecto pero queremos garantizar los recursos para el mismo, lo vamos a lograr.

¿Cuál será la planificación sobre el proyecto Altos del Lago en Colón para la segunda etapa?
Es parte de la irresponsabilidad. Nos encontramos con la primera etapa de Altos del Lago, con más de 4,588 familias que ya tenían asignaciones en este proyecto, pero las mismas estaban sin expediente social, sin legalizar. De hecho entraron personas que ni siquiera tenían los documentos para entrar. No es que no tengan derecho, pero deben contar con un expediente. Fue irresponsable. Se manejó políticamente. Se entregaron llaves y llaves pero no cumplieron con la labor social. No se legaliza la solución a la familia, y por lo tanto ellos no pagan ni el mínimo que se les cobra a través del Banco Hipotecario. Esa mínimo es para mantener las áreas verdes y las áreas comunes. Hemos trasladado a más de 250 familias con expediente social en el Banco Hipotecario. En la segunda etapa, con capacidad para 1,600 viviendas, esas familias serán identificadas socialmente y la legalización ya empezó. No es que se va a sacar a las personas que no tienen los papeles, pero necesitamos regularizarlos, no es entregar por entregar.

Este gran complejo no cuenta con escuelas con la capacidad física para alojar a los residentes, ¿cómo se subsanará esto?
Se está haciendo una escuela por parte del Ministerio de Educación y hay otro terreno que se va a ocupar para hacer otra escuela. El proyecto no es malo, crea un área residencial con todas las facilidades pero hay que buscar los recursos para hacer todas las necesidades, colegios, centros de salud, estación de policía, bomberos, todo eso es poco a poco.

¿Cómo le va a cambiar la cara a la ciudad de Colón?
Hay un proyecto para embellecer los edificios antiguos. Algunos tendremos que demolerlos y dejar los lotes en buenas condiciones y mejorar las calles. Hay un compromiso por terminar renovación Colón que realmente falta muy poco. El Ministerio de Obras Públicas también tiene un programa para arreglar las vías del área de Colón.

¿Cuál será el futuro de la Casa Wilcox?
En el proyecto de renovación se hizo un estudio de la casa Wilcox, eso arroja que su restauración sobrepasaba los límites del alcance del proyecto. El proyecto tenía $15 millones para la restauración del edificio. Hemos conversado con el Ministerio de Cultura, creemos en la restauración, lo primero será arreglar el techo, y buscar los recursos para restaurarla. Lo vemos como un buen centro de cultura para el área de Colón.

¿Piensan hacer una licitación para esto?
Lo estamos conversando con el Ministerio de Cultura porque como es patrimonio histórico, nosotros le daremos el apoyo, pero estamos adelantando el presupuesto para saber en qué apoya el ministerio de vivienda. Aún estamos buscando los recursos, para el 2020 no está en el presupuesto. Pero dada la contingencia yo se que lograremos los recursos. El trabajo no se hace en un año. Lo primero es ponerle techo porque ahora está sin techo. Al menos eso debe estar incluido en el próximo año.

¿Cuántas casa condenadas hay en el país? El censo de 2010 señala 9 mil, son más o menos?
Creo que aumentaron, aquí en el sector ya terminamos un inventario en Chorrillo, Santa Ana, solo en esos lugares encontramos más de 150 personas en albergues en muy malas condiciones. También estamos haciendo un estudio con la Autoridad Nacional de Tierras para ver a través de las tierras estatales dónde podemos generar proyectos de inversión pero que sea sostenible
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¿Pero no tiene un cifra exacta de la cantidad de casas condenadas?
Es parte del análisis que estamos haciendo, todo quedó tan desordenado que estamos haciendo el inventario a nivel nacional. Lo importante es que no detenemos el avance de las otras áreas del Ministerio.

¿Una vez identificadas cuáles será el siguiente paso?
La solución vendrá de la mano de identificar a los necesitados y quienes puedan optar por la inversión privada.

¿Se ha trazado alguna meta de qué porcentaje de casas condenadas reducirán?
Nosotros consideramos que el déficit está aproximadamente en $200 mil. En esta administración buscamos reducirlo a la mitad, estimamos hacer un desarrollo de vivienda de 20 por año tanto del Ministerio como de inversión privada.

En estos momentos hay un gran inventario inmobiliario, ¿qué tiene pensado el Mivi para mover esta oferta?
Creemos mucho en el proyecto de leasing mobiliario, porque es verdad que hay muchas personas que no pueden aplicar para una hipoteca porque no tienen un trabajo estable, o son informales. Pero con este modelo, el arrendamiento en primera opción de compra, se puede cubrir esta parte del inventario existente y apostamos a que la economía va a mejorar para que las personas puedan tener ingresos. Nosotros consideramos que antes de que finalice el año debe estar aprobada la Ley, igualmente estamos trabajando en políticas de actualización de leyes. Por ejemplo, la Ley de arrendamiento es del año 1973, no hace atractivo el arrendamiento, ya estamos trabajando en su actualización, al igual que la Ley de Propiedad Horizontal que estamos reglamentando la Ley de 2010 porque no estaba reglamentada. Estamos trabajando en la ley de urbanización para actualizarla. Todas estas leyes impulsan el sector.

¿Cuál es la renovación que quiere impulsar en la ley de 1973?
La cuestión de los desalojos. Cuando se ocupa de manera que no paga se hacía tan difícil el desalojo que complicaba mucho a los dueños, pero igualmente se le va a dar garantía a quien arrienda. Será equitativo tanto para el arrendatario como para el arrendador.

En cuanto a la Ley de interés preferencial, el sector inmobiliario solicita que se amplíe el inventario a las propiedades del año 2017, y no comenzar desde el 2018. ¿Estaría dispuesto el Mivi?
Ahora la responsabilidad es pagar la alta deuda que se tiene con los bancos que suma más de $400 millones. Además ver otra iniciativa para incluir el inventario anterior, pero hay que ser responsables, hay que pagar primero la deuda y luego la economía permitirá el avance.

Pero ¿cuándo arrancará la economía?
Mire, en la feria de la Cámara de la Construcción pasaron las expectativas de nuevos proyectos. La construcción estuvo en índices muy bajos pero ahora se activará de nuevo. Confiamos que para 2020 tendremos una economía mas robusta para llenar los vacíos en varios sectores. Para el próximo año estamos cumpliendo con el ordenamiento de las zonas turísticas y que a lo largo de estos cinco años los centros urbanos tengan un ordenamiento territorial.

¿Cómo puede resumir su trabajo en estos primeros 100 días de gobierno?
Hemos verificado varios contratos y su ejecución, parte del ordenamiento territorial estaba muy descuidado por los pocos avances que se dieron en esta materia. Además revisamos el estatus de todos los proyectos, su avance, la parte social y poner orden porque no se puede hacer un trabajo si no hay orden.

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