viernes, 27 de septiembre de 2019

Detalles de la demanda presentada por matrimonio igualitario

El abogado Carlos González, del bufete Morgan y Morgan, fue contratado por Raúl Jelensky y John Winstanley, pareja que contrajo matrimonio en la embajada del Reino Unido en el 2008. El 25 de abril de 2016, la unión bajo la sección de la ley de matrimonios del 2013 de ese país, lo validó como existente desde el día de la unión. Cuando la pareja intentó registrar el hecho en el Registro Civil de Panamá, la institución rechazó la inscripción que basó su decisión en el artículo 26 del Código de la Familia.

El abogado apeló la resolución del Registro e interpuso una demanda ante la Corte que está en manos del magistrado Luis Ramón Fábrega, quien aún no ha circulado el proyecto.

Entre los argumentos que empleó la firma establece que el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer vulnera la igualdad ante la ley de las personas cuya preferencia sexual es al mismo género. Impedir que personas de un mismo sexo accedan al matrimonio es violar la igualdad de las mismas ante la ley y establece una discriminación sobre la base de la sexualidad, por tanto, una clara violación por omisión de la aplicación de las normas constitucionales, se lee en la demanda.

Negar el matrimonio de personas del mismo sexo acentúa la discriminación contra ellos, hecho que se palpa en nuestra sociedad por la preferencia sexual, describe la firma. Darle un carácter legal a dicha discriminación por la vía normativa, enfatiza la discriminación social y viola sus derechos humanos, se añade.

En julio de 2017 el magistrado Harry Díaz pidió a sus colegas no dilatar el tema, y solicitó discutir las demandas de inconstitucionalidad presentadas, dos en total (expedientes 1042-16 y 315-17). Esto en respuesta a las marchas multitudinarias que se desataron en la ciudad para protestar en contra de la posibilidad de que se declare inconstitucional el artículo 126.

El “Órgano Judicial tiene la responsabilidad de salvaguardar la paz social, mediante una adecuada administración de justicia e interpretación de la Constitución de la República”, recordaba a sus colegas.




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