martes, 17 de septiembre de 2019

De León responde a sociedad civil sobre administración de justicia

En una misiva de 14 páginas, el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, intentó responder las quejas sobre la cuestionada forma en que se percibe la justicia en el país.

El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, respondió las solicitudes de la sociedad civil que se apostó el 20 de agosto pasado en las escalinatas de esta entidad para quejarse por la forma en que se administra la justicia. En este sentido, presentaron 8 quejas que buscaban respuesta de los magistrados.

La misiva, dirigida al licenciado Carlos Lee, de la Alianza Pro Justicia, explica en su primer punto que las exigencias sobre una auditoría forense a los despachos de los magistrados de la Corte y los juzgados que atienden casos de alto perfil por delitos de la administración pública o corrupción se efectúan conforme a la Ley 53 del 27 de agosto de 2015 que explica que el objetivo de las mismas es efectuar un diagnóstico del funcionamiento del despacho y analizar las deficiencias en caso de que existan. Escribe también que la Ley no tiene la clasificación de casos de ‘alto perfil’ o permite auditorías selectivas para determinados casos. Esto, apegado a que el funcionario público solo puede hacer lo que la Ley le permite.

Ante pregunta directa sobre la precisión de una fecha para la implementación total de la Carrera Judicial, da la impresión que los magistrados esquivan la respuesta, en cambio, ofrecen un extenso contenido sobre los antecedentes del tema que se remontan al año 2005 cuando la Comisión de Estado por la Justicia se planteó entre sus metas el fortalecimiento de la Carrera Judicial. Dedica una página para explicar los antecedentes de este proceso, y en otras más se puede leer que el proceso avanza ‘con pasos firmes’ pero en la respuesta no establece una fecha exacta que detalle la puesta en marcha de este sistema escudándose en la falta de presupuesto al tiempo que revela la programación quinquenal de costos cuyo monto asciende a $110 millones a invertir en un periodo de cinco años.

A cuestionamientos como un plan de fortalecimiento de la escuela judicial para evitar las largas capacitaciones en el extranjero que acostumbran atender los magistrados financiados con fondos públicos, la respuesta consistió en un informe de gestión elaborado por el doctor Ricaurte Soler, director del Instituto Superior de la Judicatura, Dr. César Quintero, al que agregan algunas observaciones.

Sobre la conformación de una Comisión que evalúe el proceso de implementación del Sistema Penal Acusatorio, Hernán De León firmó que ya la sociedad civil realiza un monitoreo con la finalidad de intercambiar información con el Observatorio de Seguridad Ciudadana y se puede observar en la página de la Cámara de Comercio.

La contestación del presidente encargado de la Corte a la sociedad civil consiste en 14 páginas en los que también recuerda que los repartos de los expedientes son públicos y que las decisiones judiciales de casos por delitos de corrupción se deben decidir considerando las normas legales. La administración de justicia se ejerce con respeto a todas las causas para las que tiene competencia, no pudiendo manejarse con distingos de preferencias por unos u por otros.

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