lunes, 8 de abril de 2019

Perito se refire al equipo Pegasus y sus funciones

Luis Rivera Calles, perito informático de la Fiscalía, indicó al Tribunal que juzga al expresidente Ricardo Martinelli por pinchazos, que el sofisticado equipo era capaz manejar a control remoto un celular.

El perito informático del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Luis Rivera Calles, se refirió -en la continuación del juicio al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos pinchazos telefónicos y dos delitos contra la administración pública por supuesto peculado- a dos diligencias de inspección ocular en las que participó en el año 2014.

A diferencia del viernes pasado, cuando la Fiscalía realizó una intervención tropezada, ayer la fiscal Rosario Ortega logró que el perito narrara con detalle, y sin tantas objeciones de la defensa, su participación en las mismas y los hallazgos que efectuó en inspecciones a páginas web de Gmail y de la empresa Liberty Technologies (proveedora de servicio de Internet al Consejo de Seguridad).

Rivera Calles describió que participó en la diligencia de inspección ocular que consiste en la prueba documental número 3 que fue introducida por la Fiscalía durante la fase intermedia del proceso.

La misma fue practicada en los laboratorios del Instituto de Medicina Legal, donde Rivera Calles es jefe de informática. Esta acción estuvo relacionada a un servicio de conectividad en Paitilla y otro a un buzón de correo.

El perito indicó que la empresa NSO Gruop fue la proveedora de softwares para el Consejo de Seguridad entre los que identificó el equipo Pegasus. Con este sistema fue posible tener acceso remoto del celular y obtener la información del mismo. Por ejemplo, agendas, fotografías, whatsapp, correos electrónicos, mensajería, y la posibilidad de activar el micrófono y la cámara para conocer en tiempo real lo que hace el usuario.

Toda esa información fue impresa, declaró el perito. Antes, dijo, no había escuchado hablar sobre ese sistema. Un punto que ataca la la defensa de Martinelli, cuyos abogados no comprenden cómo el perito, sin haber escuchado del sistema, supo todo lo que era capaz de hacer.

Durante el desarrollo del juicio, una respuesta del perito que no puede pasar por alto fue cuando la Fiscalía preguntó si se practicaron principios de cadena de custodia a la información obtenida en la diligencia en mención, a lo que el perito respondió: “no recuerdo que se utilizaban los principios de la cadena de custodia durante el proceso inquisitivo (2014), no así en el Sistema Penal Acusatorio”.

Para la defensa esta respuesta es una ventana para atacar la veracidad de la prueba. El abogado de la defensa, Alfredo Vallarino, declaró a los medios al culminar el acto que “la cadena de custodia no existió, y si eso no existió no hay principio de mismidad”. Lo que quiere decir que la evidencia que se obtuvo de un sitio en particular, debe ser la misma que va a evaluar el tribunal.

“Si no se puede garantizar que es lo mismo, de qué sirven un par de hojas impresas, yo puedo imprimir las hojas y le puedo poner el nombre de cualquiera, eso no tiene valor si no tiene una cadena de custodia. Lo que la defensa tiene aprehensión es que jamás se nos permitió la copia espejo para poder examinar que lo que diga cualquier perito sea lo que está en los dispositivos o las hojas”,
señaló Vallarino.

“Nosotros lo que hemos logrado establecer es que hay documentos de la compra y recepción por parte de Gustavo Pérez quien fuera parte del Consejo de Seguridad de este programa”, manifestó el fiscal Ricaurte González al salir de la audiencia. Respondió, ante preguntas de la prensa, que la compra de dicho aparato (Pagasus) se debe verificar en la parte administrativa cómo fue que se hizo.

Este es un punto que la defensa ataca, ya que avanzó que carece de una auditoría de la Contraloría, por tanto no se puede considerar como una compra que haya efectuado el Estado, a pesar de que este tipo de aparatos o softwares son de venta exclusiva a gobiernos por parte del proveedor, NSO Gruop.

En 2012, el Consejo de Seguridad Nacional estableció una relación comercial con la empresa israelí, NSO Contract Materials. Este contrato incluía el sistema Pegasus. Se establecía que la compra del equipo era para colectar información de celulares, y el costo fue de $8 millones. A diferencia de la adquisición efectuada en 2010 a la empresa M.L.M. Protection a quien se adquirió unsistema para infiltrar ciertas computadoras, en esta ocasión, Panamá no produjo ninguna documentación de pago por este sistema. Dicho equipo se adquirió a través de la sociedad Caribbean Holding Services Ltd, y no a través del Estado.

“El perito se ratificó de que había un aparto Pegasus y sobre ese tema van a ver lo que va a participar la defensa. Hoy día en el Consejo de Seguridad hay intervenciones telefónicas. Lo van a escuchar del propio consejo de seguridad en este juicio”, acusó el jurista Vallarino.

Si bien la defensa había considerado efectuar el contra interrogatorio al perito en el acto de ayer, la Fiscalía consideró importante culminar el interrogatorio de las 11 diligencias en las que participó el perito Rivera Calles para después dar oportunidad a la defensa.

La audiencia del juicio oral culminó ayer antes del medio día para dar tiempo al acusado de atender, en las instalaciones del palacio Gil Ponce, a las 2:00 pm, la audiencia de apelación por un Hábeas Corpus que había sido negado la semana pasada.

ANTENAS Y FIBRA ÓPTICA
Rivera Calles también habló sobre una inspección ocular que realizó a los tanques ubicados en Balboa el 29 de agosto de 2014, acción reconocida como la prueba documental número 9 introducida por la fiscalía.

En dicho terreno, administrado por la Autoridad del Canal de Panamá, Rivera Calles observó antenas que emiten señal por micro ondas, un cableo estructurado propicio para las comunicaciones, repetidoras para amplificar la señal, entre otros aparatos. El especialista recodó que las antenas apuntaban a otra que similar ubicada en la azotea de las oficinas administrativas del Consejo de Seguridad, que a su vez, tenían conexión por fibra óptica con el edifcio 150 del Consejo de Seguridad.

El perito dijo que en dicha diligencia no realizó un informe pericial, su intervención se basó en hacer la descripción del funcionamiento de los equipos. Lo anterior lo dejó plasmado luego de las preguntas que efectuó la fiscal Rosario Ortega con la intención de desvanecer la argumentación de la defensa sobre el hecho de que el perito no había efectuado un peritaje con una conclusión, sino un informe. Según Rivera Calles, esa descripción quedó consignada en un acta donde quedó establecido que el dueño de las antenas era la empresa Liberty Technologies.

A través del testimonio del perito, la Fiscalía buscaba establecer una relación entre el uso del equipo Pegasus, que requiere un sistema técnico particular para su funcionamiento, entre los que se mencionó la banda ancha de 50 megas, y las actividades que se dieron en el Consejo de Seguridad. La teoría del caso de la Fiscalía es que se instaló un equipo sofisticado en la entidad de inteligencia desde donde operaba el equipo de espionaje Pegasus que supuestamente se empleó para conocer la vida e intimidades de cientos de víctimas.

La última diligencia que la Fiscalía, equivocadamente trató de citar, fue la prueba número 10, que consiste en una visita a las instalaciones de la empresa Liberty Technologies, pero a la cual nunca asistió el perito. Situación que fue admitida por el fiscal que lideraba el interrogatorio, Ricaurte González, quien inmdiatamante indicó al juez que había culminado el interrogatorio por el día de ayer.

El Tribunal de Juicio Oral que conoce este caso, esta conformado por los jueces Roberto Tejeira (presidente), Arlene Cabellero (relatora) y Raúl Vergara (tercer juez).

FISCALÍA SE QUEJA DE PUBLICACIÓN EN LAS REDES EN EL JUICIO
Antes de ingresar al salón de audiencias del Sistema Penal Acusatorio, el fiscal Ricaurte González, uno de los voceros del Ministerio Público en el caso de pinchazos contra el expresidente Ricardo Martinelli, declaró a la prensa sobre la posible parcialización del testigo, el perito Rivera Calles por una supuesta publicación que hizo éste en las redes sociales en la que replicaba una encuesta en la que Martinelli lideraba al cargo de alcalde. Esa preocupación la planteó ante el juez presidente del Tribunal Roberto Tejeira una vez dio inicio el juicio, pero éste desestimó dicha situación endilgando a las partes la responsabilidad de acreditar o desacreditar al perito.

Durante el juicio, no obstante, la Fiscalía no cuestionó al especialista sobre dicha publicación, el fiscal explicó luego que no era el momento oportuno para hacerlo.

"Nosotros le hemos dicho al fiscal que lo que corrió en redes del perito es lo mismo que lo que corrió en redes de él. Si no se le da fiabilidad a su cuenta de Twitter, tampoco se le da al perito, pero nosotros creemos que él(el fiscal) debería decir que es el mejor perito. Pero desde que llegaron a la audiencia ya se querían ir y suspendieron a las 11 de la mañana", manifestó Alfredo Vallarino, abogado del expresidente.

Vallarino, quien lideró la vocería durante el juicio, al salir resumió a los medios lo actuado por la Fiscalía: "entró a la audiencia diciendo que quiere irse, y hemos llegado a la fase en que le preguntan al perito sobre diligencias en las que él no participó. Así está la fiscalía".

"Por estar fisgoneando la vida de los demás es que está ahí (el expresidente). Parece que no ha aprendido. Se trata de una publicación del 2014 que no está en mi Twitter, que dicen ellos que lo ubicaron. Debo decir, que si fuera así, eso ocurre en el 2014 y yo ingreso en el Ministerio Público en enero de 2015 (cuando Kenia Porcell fue nombrada por el Ejecutivo como Procuradora). Solo se que las publicaciones a las que aducen ocurrieron en 2014, y entonces yo actuaba como abogado independiente, cuando ingreso al sistema público se me aplican los rigores", se defendió el fiscal González.

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