martes, 2 de octubre de 2018

‘Yo me cuidé de no meterme en las operaciones del CSN’

El exministro de la Presidencia Álvaro Alemán se deslindó de las actividades de rutina del Consejo de Seguridad. Limitó su función al campo administrativo

Si la intensión original del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) era borrar las huellas de su involucramiento para armar las querellas penales que terminaron en la Procuraduría General de la Nación (PGN), el resultado fue contraproducente.

Fuentes judiciales aseguraron que un puñado de abogados participó en la confección de toda la trama. Uno de los nombres que aparece en forma notable es el de David Hidalgo Padilla. Esta en un expediente como el querellante de las supuestas irregularidades en las compras del Programa de Ayuda Nacional (2009-2014). En esas demandas, registró como dirección física y teléfonos para notificaciones la ubicación del CSN.

Hidalgo Padilla es un claro ejemplo de la simbiosis entre el CSN y la PGN. Este abogado figuró como funcionario de la PGN entre agosto del 2008 y junio del 2009 donde cobró, de acuerdo a datos de la Contraloría General de la República (CGR), $10,477.05. Aparece nuevamente como funcionario de la PGN entre mayo del 2013 y septiembre del 2014, para pasar luego al Ministerio de la Presidencia y el Consejo de Seguridad, entre septiembre del 2014 y julio del 2015. En ese periodo recibió $31,840.33 en salarios.

Durante ese tiempo no solo desempeñó funciones en la PGN, el CSN, también fue asesor legal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo que permitía tener acceso a información sensible sobre los manejos de cuentas bancarias de los presuntos involucrados en delitos de corrupción.

Fungió, además, como subdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), hasta que tras la renuncia de Publio Cortés asumió en mayo pasado la jefatura de esa entidad clave en la persecución de la evasión fiscal.

Altos funcionarios del CSN, negaron en forma reiterada que sus abogados participaran en las querellas penales y aseguraron que eran competencia exclusiva de la PGN.

Al ser confrontados con los poderes otorgados en octubre y noviembre del 2014 a David Hidalgo Padilla por Rafael Stanziola, -director del desaparecido PAN, convertido en Dirección de Asistencia Social- para interponer una querella penal en las sumarias por la presunta comisión de delito contra la administración pública que involucraba a Rafael Guarida Jaén, los funcionarios del CSN no tuvieron más remedio que aceptar que ese abogado formaba parte de la estructura de inteligencia del Palacio de las Garzas.

"El licenciado Hidalgo trabaja en el Ministerio de la Presidencia. Puso su dirección aquí (en el CSN) porque es su lugar de trabajo. La planilla de Hidalgo es de la Presidencia aunque labore en el Consejo de Seguridad.

Esos teléfonos son del Consejo de Seguridad. No te estoy negando eso", reconoció una fuente del CSN.

Al mismo tiempo sostuvo que "el licenciado Hidalgo pertenece al Ministerio de la Presidencia.

"Antes era del Consejo de Seguridad y de repente lo llamaron para hacer ese trabajo. Cualquier abogado puede poner una querella. Este lugar (el CSN) es donde tiene que recibir las notificaciones, porque trabaja allí".

El hecho de que una denuncia tenga como dirección el Consejo de Seguridad es deplorable. Eso (la querella) lo ha de haber hecho la asesoría legal de todas las instituciones", dijo Ana Belfon, exprocuradora de la Nación.

Este diario acudió personalmente a la DGI para conocer la versión de Hidalgo. Envió un cuestionario, tal como lo sugirió su secretaria. Dio seguimiento a la respuesta y reiteradas veces insistió en una entrevista, pero sin éxito.

Curiosamente, el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, que proviene del CSN, también otorgó un poder a Hidalgo Padilla para que interpusiera una querella en contra de la exdirectora de la UAF, Emma Reyes, por presunta comisión delitos contra la administración pública.

Las evidencias demuestran un innegable contubernio entre el CSN y la PGN en la confección de expedientes para sustentar supuestos delitos de corrupción. Una fuente judicial dijo a La Estrella de Panamá que fue citado al CSN por un caso en específico. “Me mostraron la documentación que corroboraba un supuesto enriquecimiento injustificado de un alto funcionario judicial", dijo.

En el proceso seguido contra el exmagistrado Víctor Benavides, fuentes judiciales aseguraron que fue el CSN quien entregó a la Asamblea Nacional la información recopilada por sus agentes sobre un plazo fijo de $424 mil, dos fincas, una casa en Chanis y un apartamento.

Sin embargo, han surgido cuestionamientos sobre la forma autonómica e independiente como actúa el CSN, porque carece de competencia para investigar delitos. En una investigación penal el único autorizado para investigar es la PGN.

Para un abogado conocedor de estos procedimientos, “no hay duda de que el CSN presionó para obtener pruebas testimoniales y la PGN para que se procesaran las querellas”. Todo eso "mete una cuña rara" porque "la participación del Consejo de Seguridad podría producir presión a los fiscales y jueces", precisó.

En una entrevista concedida a La Estrella de Panamá, un alto funcionario del CSN dijo que el que debía dar las explicaciones era “su jefe”, el ministro Álvaro Alemán, quien accedió a una reunión con el diario.

En el desarrollo del encuentro, Alemán negó más de una docena de veces conocer los abogados que trabajan para el CSN, entre ellos Hidalgo Padilla, lo mismo que las operaciones de rutina que desarrolla esa entidad.

"Primera noticia", respondió, cuando se le mencionó que Hidalgo Padilla había sido nombrado como director encargado de la DGI.

“Lo peor que puede hacer un ministro de la Presidencia es inmiscuirse en las operaciones del día a día del Consejo de Seguridad, debe velar que tengan sus instrumentos de trabajo para desarrollar sus actividades. Hasta allí llega el trabajo del ministro de la Presidencia. Si de algo yo me cuidé fue de eso", recalcó cuando se le mostraron documentos que sugerían la intromisión del CSN en las pesquisas judiciales y sobre los cuales se le pidió una explicación.

Enfático y reiterativo, ensayó de distintas formas la misma respuesta. "Lo que le puedo decir es que en materia de las denuncias que menciona, nosotros nos limitamos como gobierno a cumplir con la Ley e interponer denuncias de hechos que llegaron a nuestro conocimiento, ya sea porque se nos informó, o porque en el ejercicio de nuestras funciones, uno se tropezaba con hechos que podrían consistir en un delito, en ese sentido, se cumplió con interponer las denuncias correspondientes".

Una fuente judicial dijo que como eran asuntos complejos y había que recortar tiempos, los fiscales no tenían las condiciones físicas para hacer todas las investigaciones y desde el CSN se les trazó la hoja de ruta a seguir.

Cuando se le pidió a Alemán explicaciones sobre la forma como se había armado el caso del PAN en el CSN, rehusó entrar en detalles. "¿Yo, como jefe del Consejo de Seguridad?, ¿tengo que dar explicaciones?. No por favor", bramó, sin disimular su malestar. Quería responder a preguntas que no lo incomodaran. "Hazme preguntas sensatas", dijo visiblemente ofuscado.

"Conozco los temas administrativos (del CSN) no sé cómo explicártelo en Español. El Consejo de Seguridad está adscrito al Ministerio de la Presidencia. Yo coordino temas administrativos, que si de presupuesto, arrendamientos de autos, pero no me inmiscuyo en labores del día a día. No se cómo explicártelo", repitió irritado.

Pese a sus negativas, La Estrella de Panamá estableció que el abogado Rogelio Saltarín, contratado de forma directa por el Palacio de las Garzas, fue el responsable de recabar material probatorio que posteriormente se traduciría en querellas ante la PGN.

Mensualmente rendía un informe al Ministerio de la Presidencia sobre los avances de su trabajo.
Alemán reconoció que Saltarín recopilaba denuncias de los diferentes ministerios, las analizaba y evaluaba para determinar si existía o no mérito para interponer una denuncia ante la PGN. "La Presidencia, aquí en su momento, coordinó toda esa labor", reconoció Alemán.

En los 18 meses que estuvo Saltarín como megaconsultor de la Presidencia, se involucró en forma directa en el curso de las denuncias de supuestos hechos de corrupción de la pasada administración. Un breve vistazo a la gestión realizada muestra que sostuvo al menos 153 reuniones con 29 instituciones del Estado, destacando las citas con Varela, Alemán, el CSN, la UAF, la PGN, y las empresas Metro de Panamá y Tocumen S.A.

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