Entidades no son capaces de investigar corrupción compleja

Consultados coinciden en que deberían de fortalecerse las instituciones judiciales y dotarlas de recursos e independencia para evitar que terceros realicen labores que corresponden a funcionarios públicos

El rol de la justicia y la debilidad de las instituciones encomendadas a acreditar los delitos de corrupción forman una espiral infinita la falta de certeza del castigo. Un problema que reina en Panamá.

La urgencia por resolver los supuestos casos de corrupción registrados en la administración gubernamental de Ricardo Martinelli,impulsó al gobierno de Juan Carlos Varela a contratar a un asesor en materia penal para recabar las evidencias que luego serían parte de los sumarios en el Ministerio Público.

Dicha asesoría ha generado opiniones divididas por la forma en que fueron recabadas las pruebas para presentar las querellas.

Distintas fuentes judiciales mencionaron sobre la posibilidad de que el abogado usurpara funciones públicas. También alertaron sobre las delgadas fronteras que separan las funciones del Consejo de Seguridad y las deformaciones que se han presentado en dicha entidad por la supuesta obtención de información a testigos protegidos, una actividad reservada únicamente para fiscales o jueces. La firma de Rogelio Saltarín entregó un informe de gestión a la Presidencia en el que recogía las actividades realizadas en 18 meses.

Los rumores constantes -como aseguran fuentes judiciales- “de que la información que se generó a través de la consultoría se empleó para perseguir opositores o que los expedientes se manipulaban desde el inicio”, agravan las inquietudes sobre el papel de la justicia.

El acuerdo con el bufete de Rogelio Saltarín, abogado del presidente Juan Carlos Varela, solo tardó unos días en ser refrendado por la Contraloría General de la Nación para asegurar su labor como recaudador de evidencias que luego serían parte de las carpetillas en las fiscalías.

El megaasesor contaba la disponibilidad de reunirse con cualquier institución en la que se podrían tener indicios de que ocurrieron hechos delictivos, incluso con el Consejo de Seguridad.

A raíz de esto, el abogado Juan Carlos Araúz expresa que “la posibilidad de que exista una justicia justiciera por encima de una justicia justa, merece un rechazo absoluto de todos los sectores de la sociedad. Comprender que la forma es tan relevante como el fondo en los procesos judiciales, es parte del fortalecimiento de nuestra institucionalidad”.

Los señalamientos expuestos en los reportes de La Estrella de Panamá a lo largo de la semana deben ser investigados, dijo el político Samuel Lewis Galindo. El problema -expresa- es quién los investiga, puesto que las personas que están mencionadas son las encargadas de hacer las pesquisas.

LA ASESORÍA PENAL
La complejidad en las investigaciones judiciales y los escasos recursos, tanto de personal como presupuestario con los que cuentan las entidades encargadas de acreditar el crimen, podrían motivar buscar un conocimiento y capacidad que carece la institución.

La exprocuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher reflexiona que la contratación debió efectuarse junto a la Procuraduría General de al Nación (PGN), “porque se trata de funciones especiales que tienen que tener un aval que lo proteja de cualquier impuganación”.

Fletcher considera que el camino que efetuó el gobierno de Varela se justificó porque el Ministerio Público no estaba calificado para dicha labor.

“La cuestión está en que esa averiguación debe ser entregada al Ministerio Público para que tenga el camino correcto de las averiguaciones. En este caso se ha procedido como se hace en investigaciones especiales, aún cuando en el caso del consultor, de repente hay una falta ética de que no debió ser este abogado, pero hay explicación en el informe sobre su gestión”, indicó Fletcher.

Añadió que en el informe entregado, las reuniones entre el abogado y el Consejo de Seguridad no brindan mucha explicación. Además, cuando se hacen “esta clase de averiguaciones hay que tener control de los elementos a examinar, hubo muchas irregularidades -señaladas en el informe- sobre las actuaciones de los antecesores”.

Da la impresión -agregó- que hubo corrupción. “Tiene que haber otro informe detallado del consultor que explique todo lo que encontró en las reuniones y los hallazgos sean suficiente causa para las Fiscalías Anticorrupción”.

CONTRATOS DIRECTOS
En materia de contratación de profesionales por parte del Estado prevalece la crítica de que estos servicios deben abrirse a licitación pública para otorgar más transparencia al proceso y adecuarse a las expectativas que busca el contratante. A juicio de Araúz, “hacerlo selectivamente agrega mayor desconfianza”.

La Ley panameña obliga al funcionario público, que ante el conocimiento de un hecho delictivo debe trasladarlo a la esfera penal.

En ese sentido, el abogado Carlos Guevara Man considera “que es preferible que esas funciones se desempeñen por funcionarios o personal del Estado que está contratado para ejercer las funciones. Una consultoría externa amerita un análisis”.

Ahora bien, si para cumplir con el requisito de denunciar un hecho de corrupción hay que recurrir a una oficina legal, para Guevara Man, es hasta conveniente. Pero insiste en que se debe entender “que el gobierno debe manejarse con imparcialidad y debe existir la noción de que el gobierno no es la propiedad de un idividuo, de un partido o un grupo de personas, sino la colectividad para lograr ciertos fines. En este sentido, dejar claro cuál es la función o el propósito de este tipo de actividades. Si es para persecución política no tiene ningún tipo de asidero en un Estado democrático”, enfatizó.

EL CONSEJO DE SEGURIDAD
A muchos entrevistados no les causa extrañeza escuchar el nombre de la institución en asuntos ajenos a la naturaleza de su función. En experiencias previas ha sido cuestionada por supuesto espionaje político.

En el reporte de gestión que entregó Saltarín, abogado personal del mandatario Varela, sobresalen varias reuniones con el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Ante esto, el exmagistrado del Tribunal Eletoral, Guillermo Márquez Amado, opina que el hecho de que un abogado privado se reúna con el Consejo de Seguridad tantas veces no es normal.

“Eso es lo primero que me dice porque el aparato del Estado, con su propio personal, debe tratar de convalidar, autenticar, averiguar, aquellas cosas que pueden significar una amenaza para la seguridad de la Nación y del Estado. Pero pareciera que se trata de conseguir información para implicar a personas. Eso es lo que tiene hacer un organismo como Dirección de Investigación Judicial o como los fiscales en el momento en que están enterados de algún delito”, dijo Márquez Amado.

En teoría, si el CSN conoce de hechos que atenten contra la soberanía nacional estos podrían ameritar ser judicializados. No obstante, dice Márquez, “cuando se trata de actos de corrupción deben adelantarse en la Dirección de Investigación Judicial”.

Emplear las instituciones de seguridad del Estado para propósitos ajenos a su creación es una sospecha que ha prevalecido por varias adminstraciones gubernamentales.

“Desde el gobierno pasado había la duda de que el CSN se estaba utilizando para algo más que las funciones establecidas por la Ley”, reflexionó la política y defensora de los derechos de la mujer Teresita Yaniz.

“Debería de sorprendernos que en el gobierno pasado hicieron uso del Consejo de Seguridad para hacer supuestas interceptaciones y lograr información de ciudadanos. Funciones que tampoco le corresponden a esta entidad. Lo importante es rescatar las instituciones”, acotó Yaniz.

La coyuntura es vista por Anette Planells, del Movimiento Independiente, haceer cambios. Sacar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Presidencia y delimitar las funciones del Consejo de Seguridad Nacional, para evitar desviaciones en sus funciones. Puso como ejemplo que durante el gobierno anterior, no se quiso revelar información sobre la compra de los radares (con el consorcio Finmeccanica) por considerar la información un asunto de seguridad nacional”.

La UAF cuenta con un anillo de colaboraciones que “pueden ir más allá de las funciones de los agentes”, indicó un economista.

En noviembre de 2016, el Comité Independiente de Expertos recomendó al gobierno de Varela, como un ingrediente en la lucha contra la corrupción, independizar a la UAF de la Presidencia y a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas.

La urgencia recomendada por el grupo de profesionales panameños y extranjeros, entre los que figuraba el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, respondía a la necesidad de dotar de mayores recursos económicos y humanos a la entidad, pero sobre todo otorgar independencia a las instituciones.

No obstante, el esquema continua igual. La UAF sigue bajo el paragüas de la Presidencia de la República. Durante la adminstración Varela, fue liderada por un comisionado de la Policía Nacional, Alexis Bethancourt, que después fue nombrado en el Ministerio de Seguridad Nacional como viceministro.

Betancourt fue relevado por otro comisionado de la Policía Nacional, Humberto Brid que había laborado en un alto cargo en la Contraloría.

La posibilidad de que los casos de corrupción avanzados por el Ministerio Público, que involucran a la firma Saltarín, no lleguen a un puerto seguro es “peligrosísimo” para Planells, pues “están tratando de que las investigaciones se desvanezcan”.

En vista de que Panamá está entre los primeros países en donde la corrupción es un mal endémico, surgen las opciones para cambiar el rumbo de la justicia hacia un sistema robusto e independiente. La experiencia de otros países en casos complejos de corrupción es crear Fiscalías especiales dotándolas de recursos y personal calificado.

Fletcher sugiere “que de ahora en adelante los nuevos gobiernos dispongan de una Fiscalía Especial para examinar las transacciones del gobierno anterior, para asegurarse de que se persigue a los malos administradores públicos de los recursos y para dar una lección que cambie la conducta”.

El tema no es nuevo. Para Antonio Domínguez, diputado panameñista, amerita una reforma completa al sistema de justicia para arrancar de raíz la corrupción.

“Debemos ver el problema de fondo y es que lo expuesto en el reporte periodístico (de La Decana) no es algo que solo sucede en este gobierno, sino hace mucho tiempo. Es necesaria una reforma a la Constitución para que, entre otras cosas como la forma en que se eligen los magistrados, se reste poder al Ejecutivo”, indicó.

Por otra parte, concluye Araúz, organizar los temas de justicia requiere justamente comprender que hubo hechos que lesionaron al Estado panameño pero que decisiones equivocadas agravan el perjuicio y agrava el debilitamiento de las instituciones. “Reafirmo la necesidad de crear un Ministerio de Justicia que de forma transparente y pueda encarar difíciles temas como el que hoy se presenta en ésta investigación periodística, pero que involucra al poder político como el centro de la crisis de justicia que se vive”.