jueves, 2 de agosto de 2018

Víctimas exigen a Martinelli millonarias restituciones por daños

La suma asciende a casi $56 millones por los daños y perjuicios sufridos debido a los supuestos pinchazos. La defensa trasladó el pago al Estado por ser supuestamente el responsable de los actos de los funcionarios

Aproximadamente a $56 millones asciende el monto del reclamo económico que efectuaron las víctimas de los pinchazos telefónicos -sin autorización judicial durante el periodo 2012-2014- al expresidente Ricardo Martinelli.

La ingeniera y política Balbina Herrea, cuantificó los daños en $30 millones, mientras que Michell Doens, consideró que las afectaciones a su vida profesional, política, y familiar ascienden a $20 millones. Por su parte, el periodista Rubén Polanco, sustentó que los perjuicios psicológicos sufridos producto de la persecución se elevan a $5 millones.

Por su parte, el querellante autónomo Rosendo Rivera tasó en $955 mil el daño sufrido por la violación a su privacidad.

Carlos Herrera hijo, abogado del doctor Mauro Zúñiga, y Nicomedes Castillo, apoderado de Juan Carlos Navarro, no renunciaron al derecho de indemnización, pero anunciaron que presentarán el monto ante la esfera civil de salir culpable el expresidente.

No obstante, Sidney Sittón, defensa de Martinelli, trasladó el millonario desembolso al Estado Panameño, bajo el principio de que las víctimas han identificado a su cliente en la querella en función de presidente de la República cuando ocurrieron estos hechos. Por tanto, dijo, “establecimos que la responsabilidad civil de los actos cometidos por los agentes de la administración pública tienen que ser demandados ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Si Ricardo Martinelli, llegara a ser responsable de algo, sería el Estado quien tendría que pagarle a las víctimas por razón de que la responsabilidad civil que emerge de los actos de los funcionarios es el Estado”.

No obstante, los demandantes insisten en que el bolsillo de Ricardo Martinelli debe asumir estos reclamos.

Lo acusan de haber utilizado el aparato del Consejo de Seguridad para cometer los presuntos delitos de: inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad por seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. A estos dos se suman contra la administración pública en la modalidad de peculado por sustracción y malversación, y en la modalidad de peculado de uso.

Estos reclamos fueron escuchados ayer por el juez de Garantías Jerónimo Mejía en la audiencia de acusación.

Finalizada la sesión con duración de 3 horas, interrumpida por una cita médica con el oftalmólogo anunciada previamente por la defensa, Martinelli envió una nota a los medios en la que alegaba su inocencia. Escribió que se trata de un proceso político, y si alguien tendría que pagar sería el Estado.

Balbina Herrera, a través de su apoderado, ha manifestado en reiteradas ocasiones que la violación a su intimidad ocurrió hasta en su casa, y que a raíz de estas interceptaciones telefónicas ilegales, sufrió daños morales irreparables. “Es difícil cuantificar el daño a la dignidad personal a la que ha sido expuesta Balbina, pero tiene derecho a exigir el reintegro de la cosa y la reparación de los daños”, dijo su abogado, quien cuantificó en $30 millones la reparación de los daños.

Michell Doens expresó que los pinchazos se ejecutaron en forma continua durante la administración Martinelli. Enseguida reseñó que de él hubo dos conversaciones que fueron difundidas en Youtube mientras fungía como secretario del Partido Revolucionario Democrático y consultor para empresas internacionales. Una, en la que hablaba con su copartidario Francisco Sánchez de temas políticos, y una segunda, “en la que conversaba con un dirigente indígena para llamar al diálogo”, en tiempos de intensas protestas contra el Gobierno de turno.

La difusión de estos mensajes en las redes, según Doens, provocó el alejamiento de las empresas o seres queridos por temor a ser grabados, resultando en pérdidas económicas significativas para su economía.

En su exposición de motivos, incluyó como parte de los delitos el de asociación ilícita y abuso de autoridad, pero el juez le solicitó omitir los mismos porque no son parte del texto de la acusación. Doens aceptó.

El abogado del periodista Ruben Polanco, explicó que su cliente sufrió trastornos psicológicos moderados de persecución producto del seguimiento y la vigilancia que le hacían los funcionarios del Consejo de Seguridad por órdenes del exmandatario. Esto provocó un daño moral y personal al comunicador que cuantificó en $5 millones.

Como sustento, identificó una evaluación psicológica que efectuó a Polanco el psicólogo Joaquín Pardo.

Por último, el querellante autónomo Rosendo Rivera, hizo solidariamente responsable al Estado por el monto de $955 mil que solicitó como resarcimiento, producto de las intervenciones telefónicas ilegales en su contra.

Ilustró que mientras Martinelli fue presidente y fungió como jefe del Consejo de Seguridad, ordenó la violación de sus comunicaciones mientras actuaba como abogado del exgobernante.

CONCLUYEN ACUSACIONES
Hoy se reanuda la audiencia en la tarde. Así debe cumplirse con el formalismo de la entrega a la defensa de las últimas correcciones de la acusación de la Fiscalía y del querellante autónomo.

El paso que sigue en el proceso, consiste en la evaluación de cada una de las pruebas anunciadas por la parte acusadora; testimoniales y documentales, así como las que serán introducidas en el juicio oral, para saber cuáles serán admitidas en el juicio.


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