jueves, 15 de marzo de 2018

Contraloría está facultada para fiscalizar sin distingo

Toda persona que maneje fondos públicos debe ser fiscalizado.  El contralor dice que a los diputados no les asiste la razón al  interponer el Amparo en la Corte. Éstos responden que no pretenden detener la pesquisa

Cualquier Amparo de Garantías Constitucionales busca detener un acto. El presentado por 7 diputados reelectos de la Asamblea Nacional, contra la resolución número 329-2014- de 20 de junio  de 2014, y su modificación a través de la resolución  264-15 del 30 de abril  de 2015  proferida contra la Contraloría General de la República, también podría  surtir ese efecto de ser admitido.

La firma, Fuentes & Rodríguez Law Firm,  que interpuso el recurso es representada por Armando Fuentes. El abogado  explica que la intención del documento no es detener la investigación contra los diputados. Dice que el Amparo “no detiene la investigación que realiza el Ministerio Público porque es a parte. Lo que busca es proteger a la Asamblea Nacional de una investigación que no sea llevada a cabo sin la autorización de la Corte Suprema de Justicia”, entidad  facultada en los procesos contra los diputados.

El abogado comenta que es la Corte quien debe continuar con las investigaciones de los diputados, y no el Ministerio Público, que debe encargarse de los expediente s de las juntas comunales. “Si el Amparo hubiese sido para impedir las investigaciones, hubiésemos impugnado las pesquisas del Ministerio Público o del Tribunal de Cuentas”, añadió Fuentes.

Pero el contralor Federico Humbert manifestó que para la institución  no es una opción fiscalizar, “es nuestro deber.  Lo que presentamos tiene claros indicios de que se manejaron mal  los fondos. Me sorprende que se interponga un Amparo a una auditoría tan bien hecha. A lo que a mi  equipo respecta hemos actuado amparados en lo que nos obliga la ley”.

Añadió que si tienen que defenderse lo harán  porque su trabajo está bien hecho y “la Contraloría no trabaja en base a presión, sino a lo que exige la ciudadanía”.
  
Por otra parte, la diputada Ana Matilde Gómez, miembro de la Comisión de Credenciales, dijo a los medios que un Amparo siempre busca detener un acto.  A su juicio, la Contraloría sí cuenta con facultades para hacer la investigación.

“Entiendo que el Contralor sí auditó a las juntas comunales, así que no veo la validez del Amparo, aunque será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que dirimir sobre eso. Un diputado no es el que canta la validez de un acto o su legalidad”, dijo la diputada. 
 
Durante la dirección de José Chen Barría al frente de la Contraloría, se efectuó una investigación sobre el uso que los diputados daban a los automóviles que compraban exentos de impuestos. Aunque no dio frutos, es un claro antecedente del trabajo de la Contraloría en asuntos de la Asamblea Nacional.

El excontralor es preciso  en su apreciación sobre el tema de las auditorías que han causado ronchas entre los diputados. “La Constitución autoriza al contralor a realizar las investigaciones donde considere necesario para preservar los recursos del Estado. Ni el presidente, ni los magistrados o los diputados, están por encima de la Ley  y no pueden estar exentos del ojo de la Contraloría si manejaron fondos públicos”, exclamó Chen Barría.
 
Según su análisis, se debe hacer una investigación dual: en lo que corresponde a los representantes de corregimiento o juntas comunales, deben ser investigados por los tribunales ordinarios  y el Ministerio Público. En este sentido deberían existir 186 investigaciones e igual número de procesos. Por otra parte, la Corte debe ver por los diputados.
Aunado a esto, Chen Barría recuerda a los directivos de la Dirección General de Ingresos averiguar si de esos $270 millones que se gastaron, saber si los beneficiarios lo reportaron en su declaración de renta. “Porque hay $50 millones sin factura fiscal, pero el resto hay que desgranar si se trata de facturas falsas o no, y si lo declararon”.

Muy curioso fue que en horas de la mañana de ayer, 15 de marzo, específicamente a las 10:15, la diputada y presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, retiró el poder al abogado Fuentes.

La diputada dijo que firmó el papel que facultó al abogado a interponer el Amparo sin saber qué fin tendría.

Un acto de muy buena fe de la diputada, puesto que en estos días  nadie  se imaginaría firmar un papel prácticamente en blanco.

Así lo dijo en sus propias palabras: un grupo de diputados reelectos hemos contratado un equipo legal que se encarga de los temas. Yo a nivel personal, no estaba al tanto de lo que el equipo legal estaba haciendo, es la diputada Dana Castañeda quien se encarga de hacer eso, pero cuando vi la noticia hoy a esta hora presenté un desistimiento del amparo porque el que no la debe no la teme”.

HALLAZGOS DE LA CONTRALORÍA
El Contralor Federico Humbert auditó a las juntas comunales del país y encontró una posible lesión patrimonial por $319 millones. 

En su hallazgo concluyó que todos los diputados de la Asamblea Nacional, del quinquenio 2009-2014, movieron dineros y los manejaron a través de las juntas comunales y municipios.

Entre las irregularidades presentadas por Humbert en febrero pasado, destacan $20 millones que solamente estaban sustentados por cheques, luego otros $50 millones que no tenían factura fiscal además de documentos falsos.

Setenta diputados recibieron 274,543,612 distribuidos en 178,226,220, bolsas de comida $76,138,000, materiales de construcción $26,678,003, ayuda económica $19,398,324, instrumentos musicales y deportivos 12,522,689, y reparación y mantenimiento $6,221,595
Los diputados reelectos que interpusieron el Amparo son: Benicio Robinson,  Crispiano Adames, Miguel Fanovich, Nelson Jackson, Héctor Aparicio, Mario Miller y Salvador Reali. Uno de los expedientes, el de Aparicio, quedó alojado en el despacho del magistrado José Ayú Prado, mientras que el resto le tocó a la magistrada Ángela Russo.

Yanibel Abrego desistió del amparo de garantías  constitucionales  contra la resolución número 329-2014- de 20 de junio  de 2014, y su modificación a través de la resolución  264-15 del 30 de abril  de 2015  proferida contra la Contraloría General de la República.

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