miércoles, 17 de enero de 2018

Inician investigación penal por extracción de documentos

El Ministerio Público hizo una serie de diligencias para determinar la forma en que se extrajeron del Juzgado Séptimo piezas del expediente Financial

El Ministerio Público realizó una inspección ocular al juzgado Séptimo Penal del Primer Distrito Judicial con el propósito de conocer el estado del expediente de Financial Pacific relacionado a la denuncia que interpuso la Superintendencia del Mercado de Valores. También acudió ayer a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para averiguar si podían identificar la moto, de la que se cayeron unos documentos pertenecientes al caso Financial Pacific, porque tenían idea de a quién pudiera pertenecer.

Una vez concluidas las tareas de prima fase, la investigación será enviada a la Fiscalía Anticorrupción por ser un delito que se investiga contra la administración pública.

“Independientemente de la persecución del delito, hay un tema de ética”, dijo la Procuradora Kenia Porcell. “Vamos a averiguar por qué eso apareció en plena calle”, añadió.

Estas acciones guardan relación con el hallazgo de varios cuadernillos del expediente del caso Financial Pacific que fueron hallados en plena vía interamericana por el conductor de un auto particular el lunes pasado entre las 7 y 7:30 de la mañana.

EXTRAÑO HALLAZGO
Los documentos pertenecían a uno de los procesos que se desarrollan en contra de la casa de valores Financial Pacific. La ironía de la vida, el caso de la casa de valores ha sido uno de los más escandalosos y controversiales por la forma en que se han desarrollado las averiguaciones y a los personajes que involucra, por lo que encontrar parte de uno de los expedientes en tirado en la calle, se convierte en otro extraño factor que no sorprende a muchos.

Los expedientes están a cargo del juez Felipe Fuentes, del juzgado Séptimo del Primer Judicial Distrito del ramo Penal.

El lunes por la tarde, el juez se incapacitó. Quienes le conocen han manifestado a La Estrella de Panamá que posee una moto. Esta casualidad es la que buscaba precisar el Ministerio Público. Además saber quién era el que conducía la motocicleta, al momento que se produjo el extraño hallazgo en plena carretera.

No hay razón o justificación para que los papeles salgan del despacho del juez. Por un caso similar, la magistrada Karem Benites fue hallada culpable tras ser vista ingresando al Palacio de Justicia de Las Tablas con dos maletas grandes y un maletín que contenían un expediente que previamente la magistrada extrajo de su propio despacho supuestamente para leerlo en casa.

PIEZAS UBICADAS
En el caso de Financial Pacific, las piezas que se hallaron en la calle forman parte de las averiguaciones que surgieron a raíz de una denuncia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) interpuesta en 2015.

A Marelissa Quintero, directora de la SMV, le preocupa “cómo se pueda estar manejando ese expediente y que este tipo de situaciones ocurran en nuestro sistema de justicia”, indicó a La Estrella de Panamá.

Algunos abogados, representantes de acusados en el caso, evalúan acciones futuras. Abril Arosemena, defensa de West Valdés, uno de los socios principales de la casa de valores, indicó que esperará a conocer el resultado de la investigación que realice el Ministerio Público antes de tomar cualquier decisión.

Esto abre la ventana a los litigantes para que puedan dudar de la integridad del contenido del expediente. El abogado Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que lo primero que debe hacerse es una investigación sobe el control interno de las entradas y salidas de expedientes en el juzgado.

“Si las piezas del expediente son incorporadas nuevamente al juzgado y nadie impugna, se tramitaría el caso en forma normal. Pero los litigantes podrían alegar que las piezas han sido alteradas, puesto que la ley prohíbe que los expedientes salgan del despacho en donde son tramitados”, indicó el abogado.

Esta situación abre un debate sobre el contenido del expediente y su veracidad.

“El Tribunal lo primero que tiene que hacer es disipar la duda sobre la autenticidad de los documentos. Siempre existe la posibilidad de que se interponga un incidente de nulidad por violación al debido proceso”, analizó el abogado Araúz.

LOS HECHOS
El lunes 15 de enero en horas de la mañana el conductor de un auto se percató, según narró a Telemetro Reporta, que de una motocicleta se caía un paquete de manila. El hombre, que permanece en el anonimato, recogió los papeles y al revisarlos se dio cuenta que se trataba de documentos con el sello del Órgano Judicial. Después de acudir a la televisión y denunciar el hecho, remitió los papeles al Ministerio Público.

El abultado sobre contenía cuadernillos referentes a las averiguaciones de la caso Financial Pacific relacionado a una de las denuncias que presentó la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) contra el orden económico y blanqueo de capitales antes y después del cambio de control accionario de la casa de valores. La SMV había detectado en la casa de valores transferencias sin remitente, depósitos en efectivo y compras.

Entre los documentos hallados hay varios cuadernillos, entre los que se encuentra un Incidente de Controversia promovido por el abogado Nicolás Brea, Incidente de Controversia presentado por la abogada Abril Arosemena; solicitud de Calificación Compleja como de Delincuencia Organizada presentada por la fiscal Séptima Anticorrupción, Leyda Saenz; Cuadernillo contentivo de Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento promovido por el abogado Rogelio Gálvez; Incidente de Competencia de Previo Especial Pronunciamiento presentado por la licenciada Abril Arosemena; Incidente de Controversia presentado por la firma Guevara Legal Bureau.

SOBRE EL EXPEDIENTE
La SMV presentó una querella ant el Ministerio Público en junio de 2015 por las practicas efectuadas por la casa de valores Financial Pacific que podrían constituirse en violaciones a la ley del Mercado de Valores y la Ley Penal de la República.

Este manejo irregular se traduce en delitos contra el orden económico y blanqueo de capitales antes y después del cambio de control accionario de Financial Pacific.

Las cuentas que están en la mira de las autoridades son High Spirit, Jal Offshore, depósitos en efectivo de terceros o pagos a terceros, actividades no permitidas para las casas de valores.

En el caso de Jal Offshore, como contacto registrado aparecía el nombre del abogado Ramsés Owens, y su representante en la empresa era otro de los directivos, Iván Clare.

Según la SMV, los fondos iniciales de la cuenta High Spirit provenían del Bank Audi, en Suiza, sin que se identificara el origen del dinero.

EL CONTROVERSIAL JUZGADOR
Este es otro caso que debe sortear el controversial juez Felipe Antonio Fuentes del juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial que deja entre dicho la actuación del despacho y del mismo Órgano Judicial.

El juzgador ha librado varios casos en su contra que han despertado sospechas sobre sus actuaciones como funcionarios judicial.

La más reciente crítica, fuera de la extracción de documentos del juzgado ocurrida el lunes15 de enero, fue la absolución que otorgó a Dangelo Dayán Ramírez, investigado por presunto blanqueo de capitales.

A Ramírez se le encontró un millón de dólares en efectivo durante un operativo policial, sin embargo, el juez indicó que la Fiscalía no logró demostrar que existiera delito alguno.

Fuentes tiene una trayectoria de años en el Órgano Judicial. Su salario actual es de $3 mil mensuales a los cuales se suman mil dólares por gastos de representación.

En el año 2005 fue llamado a juicio por el supuesto delito de abuso de autoridad por la empresa Administración y Reformas, S.A. por haberse apropiado de dos motores fuera de borda en perjuicio de la empresa Tochisa, S.A.

En el año 2009 sorteó otro juicio por presuntas irregularidades encontradas en su despacho como resultado de auditorías ordenadas por la Corte Suprema de Justicia. De este caso salió el juez logró salir absuelto.

Por último en el año 2015 el juez Fuentes fue relacionado a una presunta red de corrupción en el Órgano Judicial por las denuncias que hizo el propio magistrado, José Ayú Prado, supuestamente, Fuentes vendía fallos y en concurso con otros funcionarios judiciales se dedicaba a otros actos de corrupción, los cuales todavía están al pendiente de una decisión.

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