martes, 17 de octubre de 2017

Las comarcas, el gran desafío de la desigualdad del país

A pesar de que el Gobierno ha destinado $80 millones para estos territorios, no existe una política integral de Estado a largo plazo, lo que no garantiza su desarrollo

El crecimiento económico que ha experimentado Panamá en los últimos años, no necesariamente ha impactado en la abismal desigualdad de ingresos en la población.

Existen diferencias significativas entre grupos y regiones, según apunta el Estudio Multidimensional de Panamá, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), difundido recientemente.

El documento acentúa la diferencia entre pobreza y desigualdad, así como la gran divergencia que existe entre las zonas rurales y urbanas, y en especial las comarcas indígenas. Esta última población, remarca, tiene más probabilidades de vivir en la pobreza y de manifestar menores niveles de satisfacción por sus condiciones de vida. Es decir, muestran un mayor riesgo de tener un empleo informal, de no disponer de agua potable y gozan de un nivel de cobertura eléctrica menor al resto del país.

La administración de Juan Carlos Varela, ha destinado un presupuesto de $80 millones enfocado en el Plan integral de desarrollo de los pueblos indígenas.

Un instrumento, que según afirma el viceministro de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno, Feliciano Jiménez, es producto de un diálogo con los pueblos indígenas representado por sus principales líderes que consta de cuatro puntos cardinales: Agua y saneamiento, salud, educación y gobernanza.

La prioridad, según Jiménez, es abordar la gobernanza a raíz de las disputas internas que existen entre los pueblos indígenas.

En materia de agua, “se va a procurar en el uso y conservación del agua”. El funcionario no aclara si el Plan contempla dotar de infraestructura de alcantarillados y acueductos a estas poblaciones marginadas que ocupan casi un 30% del territorio nacional. “Ellos tienen su equipo técnico, han hecho el estudio y establecerán los mecanismos para tener agua potable”, indicó.

El Plan iniciará en enero de 2018, y “tal vez a mediados del próximo año tendremos una evaluación. Dependerá de la disposición de trabajo de ambas partes lograr los resultados”, añade Jiménez.

Sin embargo, la iniciativa no se recibe con el mismo optimismo por algunos de sus integrantes.

“Ese plan está destinado a fracasar, es parternalista”, exclama Héctor Huertas, abogado y asesor de los congresos indígenas. Justifica esta frase debido a la ausencia de una política de Estado integral dirigida al desarrollo de las comarcas. “El paternalismo es nuestro empobrecimiento”, enfatiza.

Ejemplifica esto con la discriminación que existe hacia el modelo de gestión de las Comarcas, no solo en el entorno individual, sino colectivo.

“La comarca produce $10 millones anuales, aproximadamente, pero en la Comarca no queda ni el 10%. La mayoría queda en la empresa privada o en el extranjero”, manifiesta.


Tan solo un 10% de las mujeres indígenas son profesionales.



Agrega que tan solo un 10% de las mujeres indígenas son profesionales. “Hay que romper los esquemas entendiendo que se deben hacer reformas legales para que el desarrollo de los recursos respondan a nuestras comarcas y no a la empresa privada”, explica el asesor.

Las comarcas implican el reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra y administración de los recursos existentes. De eso se queja Huertas. Enfatiza que la riqueza del país está concentrada en un grupo de familias. Lo que produce anualmente la comarca Kuna Yala (creada en 1953) a raíz de los ingresos del turismo, que representa un aproximado de $2 a $3 millones, se destina internamente al funcionamiento e inversión de la Comarca, tareas que corresponderían al gobierno, indicó Huertas.

Las creación de estas zonas geográficas en el país, también tienen como propósito la conservación de áreas verdes. No obstante, estas finalidades desde la perspectiva del Estado no parecen estar delimitadas. Dentro de las comarcas, no obstante, sus líderes han determinado el uso de cada zona según las necesidades de la población.

“Conocer el alcance de la autonomía indígena y descentralizar los recursos del Estado para las comarcas, es una de las alternativas que puede impartir el gobierno central para el desarrollo de las comarcas”, puntualiza Huertas.

Cuando el país es evaluado por las instituciones internacionales en materia de desarrollo, las Comarcas suelen ser las zonas que inclinan la balanza hacia los índices negativos. “Se suele decir que si sacamos a las Comarcas las cifras mejoran, pero las comarcas ahí están”, exclama Harry Brown, politólogo y sociólogo.

Una de las razones del abandono estatal a estas áreas es que “el modelo de desarrollo del país está basado en una zona de tránsito, las comarcas quedan muy lejos de este modelo de desarrollo. Aunado a esto, la concentración de la riqueza no solo es estadística, sino geográfica.

EDUCACIÓN, OTRO DESAFÍO IMPORTANTE
El istmo, no ha logrado sintonizar en forma permanente la academia y el sector productivo.

La deficiente calidad de la enseñanza y las altas tasas de abandono en la educación secundaria se revelan como desafíos clave del país según la OCDE. Estos índices frustran el camino de los estudiantes hacia la educación superior, agravan las desigualdades y reducen la base de competencias de la fuerza laboral.

Si bien es cierto que en las comarcas se acentúan los focos de pobreza, no debemos olvidar que el 69% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos Ninis, son urbanos. “Por lo que el problema de la desigualdad es tan urbano como rural”, señala René Quevedo, consultor empresarial especialista en temas de inclusión.

Quevedo ha machacado constantemente que no debe haber divorcio entre el sistema educativo y el productivo. “Hay una necesidad imperante de mejorar la pertinencia educativa”, insiste.
Añade que una de las fórmulas que debe implementar el gobierno consiste en “democratizar el conocimiento, ya que muchos jóvenes incursionan en un mercado laboral para el cual no están preparados, y se ven condenados a trabajos temporales o de informalidad. Las inestabilidades educativas les impiden salir del círculo de pobreza”, manifiesta Quevedo.

No basta con contar un plan de desarrollo quinquenal, sino efectuar evaluaciones periódicas en forma permanente para mejorar la planificación de los ministerios. “Evaluar ajustes, resultados, necesidades y formación, es la clave para poder insertar no solo a los Ninis en el mercado laboral, sino de reducir la informalidad y empujar al país a un desarrollo sintonizado”, finaliza Quevedo.

El estudio de la OCDE identifica que casi la mitad de las empresas del sector formal declaran tener dificultades para encontrar trabajadores con las competencias requeridas, comparado con un 38% en los países de la OCDE.

Lo que indica es la imperante necesidad de mejorar la educación técnica, la formación profesional y los mecanismos para adecuar la oferta y la demanda de habilidades.

Panamá requiere reforzar su capacidad institucional para adoptar e implementar su agenda de desarrollo.

Aunado a esto, el Estudio señala otro aspecto vital para lograr un desarrollo transparente en el país.
Se refiere a la escasa confianza que hay en las instituciones gubernamentales y la necesidad de plantear una mayor transparencia para lograr la confianza pública en el gobierno.

A nivel internacional, apunta el documento, Panamá deberá continuar con la implementación de los estándares internacionales aprobados recientemente para aumentar la transparencia y mejorar el intercambio de información fiscal con otros países.

1 comentario:

  1. No todo lo aquí dicho es verdad pura, estoy en desacuerdo y sé de lo que pienso! Datos no informados y cifras malinterpretadas.

    ResponderEliminar