lunes, 30 de octubre de 2017

La repatriación de dineros ilícitos, el reto de Panamá

En reunión de procuradores, se reveló que en la banca suiza hay $1,000 millones relacionados al caso Odebrecht. Un desafío para los países que no cuentan con un convenio bilateral firmado que dicte las pautas para concretar esta distribución.

La banca suiza tiene congeladas mil cuentas que suman un billón de francos suizos (mil millones de dólares americanos) por el caso Odebrecht-Petrobras. Más de 10 jurisdicciones, principalmente de Latinoamérica, han solicitado información a los suizos para desenredar los complejos esquemas financieros que utilizaron sus ciudadanos junto a los directivos de la constructora para esconder bienes, o pagar coimas.

Uno de los principales objetivos de las procuradurías del mundo, es recuperar esos dineros, cosa a la que el fiscal general suizo, Michael Lauber, no se opone. Pero para eso, hay que pasar por ciertos requisitos que provean esa llave ‘mágica’ para liberar los fondos.

La reunión en la que participaron 6 fiscales de América Latina y el suizo, tenía entre los puntos principales, ponerse de acuerdo para recuperar los dineros incautados fuera de fronteras.

No es tan fácil, por eso el fiscal Lauber insistió en que se debe respetar el debido proceso y las jurisdicciones internas.

Lo primero es saber si entre las naciones que hablan de distribución de fondos existe un acuerdo bilateral firmado. Panamá no lo tiene en el caso de Suiza. De no ser así, ambos deben acudir a un convenio mutuo, como el Convenio de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, o alcanzar un acuerdo bilateral que permita distribuir los dineros. La mala noticia en este caso, es que Panamá aún no ha ratificado dicho Convenio. En palabras cortas, no tiene un instrumento marco para solicitar los dineros a Suiza.

Hasta ahora, ha sido un proceso complejo recuperar los dineros que reclaman como suyos las naciones del continente.

“No tenemos la intención de quedarnos con ningún fondo ilícito, hemos confiscado más de 7 billones de francos suizos producto de todos los procesos criminales. No tenemos intención de quedarnos con ellos, tenemos que encontrar la fórmula de repatriar estos dineros a nuestros colegas”, indicó Michel Lauber, fiscal General de Suiza.

De estos dineros, según Lauber, mil millones están relacionados al caso Odebrecht-Petrobras.

A pesar de las buenas intenciones de Lauber, una fuente conocedora de estos procesos, con basta experiencia en el Ministerio Público, indicó que una cosa es obtener información sobre los dineros depositados (como es el caso de Panamá con Suiza) y otra muy distinta que exista un proceso para solicitar la devolución de los dineros.

En este sentido, dijo, al “tratarse de fondos privados siempre hay una tajada con la que se queda Suiza. El debate que habrá en el futuro será, para Panamá, probar que los dineros congelados provienen del erario público para tratar de lograr su distribución”, manifestó el especialista que pidió anonimato. Si la plata es de origen privado es aún más difícil la recuperación.

Cuando las partes no mantienen un acuerdo bilateral, como sucede entre Suiza y Panamá, puede quedar a discrecionalidad del gobierno de helvético. “Ellos fueron quienes cautelaron los fondos a raíz de una investigación propia. Cuando Panamá se enteró de esto entonces los reclamó, pero no significa que se los darán”, indicó.

Es algo muy similar al caso de Andorra. “Panamá pensó que éste país les iba a entregar la plata y no fue así. Quien lo decomisa se lo queda porque hay procesos abiertos producto de sus propias investigaciones”, apuntó la fuente.

La Fiscalía Especial Anticorrupción panameña ha solicitado la repatriación de aproximadamente $22 millones congelados en este país que forman parte de las investigaciones que engloban el pago de sobornos otorgados por la constructora brasileña a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

Por obvias razones, Lauber, no se refirió a ese caso en particular, pero indicó que “el punto no es que en Suiza encuentren obstáculos el resto de las Fiscalías, sino hallar la forma para ayudar en las investigaciones criminales de nuestros pares. Suiza no es el policía del mundo, solo queremos mantener la cooperación y apoyar los esfuerzos que hacen nuestros colegas que llevan investigaciones criminales”, dijo.

El rol de la ley suiza y “las reglas internacionales cuando se trata de intercambio de información en estos esquemas tan complicados de lavado de dinero toma tiempo”, dijo el suizo. Es como si se buscara la forma de encajar las jurisdicciones entre Suiza el país requeriente y “escuchar a los abogados defensores, entender las diferencias de los marcos legales y de las culturas legales”, añadió Lauber.

“Yo entiendo que la gente siempre quiere saber qué tanto hemos avanzado, siempre y cuando tengamos un debido proceso, la velocidad importa, pero más que otra cosa es importante que las investigaciones estén bien hechas bajo la ley”, manifestó el helvético.

El tiempo se les está haciendo corto a los fiscales de la región. En Panamá, la sociedad empieza a inquietarse, no solo por los resultados que hasta ahora ha dado el Ministerio Público, sino por los evidentes encontronazos entre fiscales y jueces que dejan un sabor a impunidad.

En medio de presiones de la sociedad por conocer el desenlace de las investigaciones del caso de corrupción internacional jamás antes registrado la historia judicial Latinoamericana, los fiscales de Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú,México y Suiza, reunidos en ciudad de Panamá, reclaman comprensión de la ciudadanía. Detallan investigaciones sumamente complejas que involucran cortinas societarias, uso de sistemas financieros, cuentas cifradas y una estructura armada y puesta en marcha en un esquema trasnacional de sobornos que debe ser combatido y sancionado con la cooperación de tres países: Brasil, Suiza y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de éste último país, reveló en diciembre 2016 que la brasileña pagó $788 millones en sobornos en países como Angola, Colombia, Argentina, Brasil, Panamá, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Perú, México, Mozambique y República Dominicana.

LAS PRESIONES
El fiscal General de Perú, Pablo Sánchez, exclamó que “cuando se investigan a personajes vinculados a la política, hay más dificultades porque hay que enfrentar, presiones políticas”.

Sus palabras hicieron eco en el fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez, quien denunció “hasta amenazas por las investigaciones del caso”. Razón por la que los presentes dijeron sentirse más unidos que nunca contra la corrupción y lavado de dinero.

EL RELOJ Y LOS PROCESOS
Los tiempos procesales no acompañan la dificultad de las investigaciones. Los fiscales se sienten con la soga al cuello aún sin poder llevar los procesos a buen puerto.

Ese fue el común denominador de los presentes en la reunión. “Los tiempos de las redes y la prensa no son iguales a los tiempos procesales, especialmente cuando se trata de investigaciones tan complejas como la que los asiste”, manifestó Sánchez.

La clave para los fiscales es trabajar mano a mano. Lo complicado es conseguir pruebas sobre los movimientos de dinero, agregó Sánchez.

“El país debe entender que esta es una investigación compleja, de crimen organizado que requiere de la aportación de pruebas no necesariamente dentro del país, sino ubicadas en otros países. Se trabaja con la colaboración internacional. Por el origen de la investigación, entendiendo que tenemos a Brasil, Suiza y Estados Unidos, éstos reciben muchas solicitudes de asistencias”, dijo Kenia Porcell, procuradora de Panamá.

Añadió que “es imposible que una investigación de la magnitud del caso Odebrecht pueda ser instruida en plazos comunes y corrientes de una investigación usual. Esta es de carácter trasnacional y de alta complejidad donde es importante la adecuación de plazos para investigar”.

Ilustrar la problemática, no obstante, no cambia en nada la ley, ni brinda plazos extraordinarios a los fiscales. Así ha ocurrido que el Órgano Judicial ha anulado parcialmente expedientes de casos de alto perfil aduciendo exceso de tiempo de la Fiscalía. También ha negado recursos de extensión de tiempo a la Fiscalía.

DECLARACIÓN CONTRA CORRUPCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES
Luego del encuentro Internacional de Fiscales y Procuradores sostenido en ciudad de Panamá, representantes del país anfitrión, Colombia, Perú, Argentina, El Salvador, México, Portugal, Ecuador y Suiza firmaron un documento en el que se comprometieron a mantener un firme compromiso en la lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales con la complejidad que caracteriza a la investigación.

Los procuradores también consideraron necesario promover el uso de las redes informales de cooperación internacional y compartir información espontánea para facilitar las pesquisas.

Establecieron robustecer los lazos de cooperación internacional entre Ministerios Públicos, conocer los mecanismos específicos de cooperación en cada territorio y trabajar con un punto de contacto en cada entidad para que se agilicen las asistencias judiciales.

Convinieron que en los delitos de blanqueo de capitales, dada la multiplicidad de hechos que se investigan, la ubicación de pruebas y el uso de sistemas financieros, así como la necesidad de traducción de documentos, se requiere de plazos razonables para desarrollar la investigación de forma que sean compatibles con la complejidad del asunto, tal como ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También consideraron necesario fortalecer los mecanismos de recuperación de activos ilícitos y repatriación de estos en los casos que resulte posible, como una forma de combatir de manera efectiva los delitos de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales o lavado de activos.

Finalmente estipularon que resulta relevante que las investigaciones de naturaleza penal se puedan desarrollar en un ambiente que garantice la autonomía de los Ministerios Públicos, es decir, libre de presiones o influencias externas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario