martes, 1 de agosto de 2017

Trama de sobornos de Odebrecht a punto de conocerse

El Ministerio Público firmó el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora Odebrecht con el que pretende conocer a detalle cómo se efectuó la trama de sobornos de la constructora que pagará $220 millones como resarcimiento pecuniario al país

Antes de diciembre próximo los panameños podrán saber quiénes, cuánto, y cómo se ejecutó uno de los más complejos esquemas de corrupción que jamás haya registrado el país.

La trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht está a pocos pasos de su desenlace gracia a la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la constructora brasileña. Una colaboración que inició con una multa de $220 millones como parte del resarcimiento económico que debe pagar Odebrecht al gobierno panameño.

De ese monto, $100 millones corresponden a una multa por el uso del sistema bancario y financiero de Panamá por el que pasaron $700 millones desde la banca panameña a otras jurisdicciones como Suiza y Estados Unidos.

“Es un mensaje para todos de que no se puede utilizar el sistema bancario para blanqueo de capitales”, manifestó la Procurador a de la Nación Kenia Porcell quien efectuó una conferencia de prensa para actualizar la información sobre el caso.

No obstante, Porcell no habló si contempla futuras acciones contra los bancos que facilitaron estas transacciones.

La empresa Odebrecht se hizo de aproximadamente $9 mil millones en obras de infraestructura desde 2006 al presente. Bajo el supuesto de que la empresa pagó en sobornos el 5% de los contratos obtenidos, los políticos panameños, que participaron en las tres administraciones gubernamentales, se abrían repartido aproximadamente $450 millones en coimas.

El acuerdo se firmó el miércoles 26 de julio, y las colaboraciones se materializaron ayer, con las primeras entrevistas que realizan los fiscales panameños en Brasil a los ejecutivos de Odebrecht.

Entre ellos, André Rabello, representante de esta empresa en el istmo, debe tener un panorama completo del esquema de sobornos ejecutado en Panamá a través de la Oficina de Operaciones Estructuradas que manejaba la empresa secretamente y en donde los políticos de Latinoamérica tenían un alias para ser identificados. Seguirá también Fernando Migliaccio, otro de los cerebros operadores de esta oficina, también Olivio Rodrigues, el hombre que registró la empresa Constructora Internacional del Sur en Panamá y a cuyo nombre abrió dos cuentas bancarias por las que transfirió millones de dólares que justificaba con supuestos contratos con empresas proveedoras, prestadoras de servicios a la constructora.

La información será util para poder cotejar las 26 investigaciones abiertas en el Ministerio Público.

En caso de que entre estas delaciones se mencione el nombre del presidente Juan Carlos Varela, la procuradora indicó que la Asamblea Nacional sería el ente encargado de investigarlo. Sin embargo, el resto de los mencionados, entre los que se encuentra el expresidente Ricardo Martinelli, sus hijos, el candidato a presidente de la campaña política de Cambio Democrático José Domingo Arias y otros exfuncionarios de pasadas administraciones (más los que puedan surgir), continuará su vía por el Ministerio Público.

El país reclama una investigación justa, que contemple las tres administraciones gubernamentales desde que se instaló la constructora en Panamá en 2006. Ante esto, Porcell indicó que investiga todos los proyectos adjudicados a la empresa en 10 años.

Firmado el acuerdo, la información que tiene relación con Panamá será clave para procesar a más personas y ubicar dineros públicos.

Tomó ocho meses sellar el acuerdo entre la empresa constructora (que aún realiza trabajos para la actual administración como el proyecto de renovación urbana de Colón, y la línea 2 del metro) y el Ministerio Público. El monto de la multa era lo que atoraba la firma, la permanencia de la empresa en el país, y además, lograr que los ejecutivos brasileños que ya colaboran para la justicia de Brasil y otros países, no sean procesados en Panamá por delitos distintos a los admitidos.

DESPUÉS QUÉ
Las ventajas para Panamá, serán primero la entrega de las delaciones que se encuentran en Brasil. Entre la información vital que espera conocer el Ministerio Público son cuentas bancarias, sociedades anónimas que sirvieron de tapadera para disfrazar las coimas, documentación de bancos, y la estructura de los involucrados en la trama de corrupción.

Como segundo punto se corroborará la información. Un paso fundamental porque la prueba debe ajustarse al sistema panameño y formalizar la información que ya suministra Odebrecht.

El siguiente paso será conocer qué personas y cuánto dinero se repartió en coimas. El último paso es la validación del acuerdo, la homologación que se hace en una audiencia pública en la que se explica cómo ocurrió la trama de corrupción en el istmo. La fecha tope para esto, es diciembre de 2017, la procuradora estima que antes de esa fecha pretende ir al tribunal para validar el acuerdo.

“El país podrá obetener los resultados de la investigación y lograr la recuperación de estos dineros, que estima en $300 millones”, indicó la jefa de los fiscales.

Hasta el momento, las autoridades han procesado a 43 personas, de las cuales se cuentan 24 panameños (exministros y familiares de altas figuras de los gobiernos), 13 brasileños, un norteamericano, un peruano, un uruguayo, un británico y dos andorranos. Más de $56 millones entre bienes y dinero confiscado en Adorra y Suiza han pasado a dominio panameño.

Se han realizado 49 solicitudes de asistencia judicial internacional a países como Brasil, Estados Unidos, Suiza, Andorra, España, Bahamas, México, Antigua y Barbados, Islas Vírgenes, Uruguay. Además de dos alertas rojas, con ordenes de detención con fines de extradición que se refieren a los hijos del exmandatario Ricardo Martinelli supuestamente responsables de $22 millones en la banca suiza.

La empresa se comprometió con el Ministerio Público a proveer información sobre los actos ilícitos cometidos por sus directivos, empleados, administradores o terceros contratados así como proveedores de bienes y servicios, que desde el 1 de diciembre de 2016 firmaron el acuerdo de indulgencia con Brasil.

La procuradora se siente segura de la investigación que realiza, la califica como la pesquisa de corrupción más compleja e histórica en la que han sido investigados funcionarios, empresarios y administrativos teniendo presente la recuperación del dinero. Ante el anuncio de la firma del acuerdo, se dan inicio la entrega de información que vincula a personas naturales y jurídicas, el instrumento procesal de acuerdos es la ley de la República, y contempla beneficios a quienes colaboren de manera eficaz o acepten su responsabilidad con los delitos que se investigan.

“Una lucha histórica, que nos ha permitido resistir con convicción a todas las presiones contra la institución y contra mi persona, a través de fuerzas políticas, grupos económicos y algunos medios de comunicación”, indicó Porcell a la prensa.

Añadió que las investigaciones en curso, marcarán un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la medida en que se ha desmantelado una estructura de corrupción compleja.

1 comentario:

  1. ESTO DEMORARÁ BASTANTE Y MIENTRAS SALGAN LOS NOMBRES SEGUIRAN HACIENDO DINERO LOS PERIODICOS Y PERIIODISTAS . SERÁ NOTICIA PENDIENTE POR LARGO TIIEMPO RESPETUOSAMENTE,

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