jueves, 8 de junio de 2017

Borge continuará detenido a la espera de extradición

El Tribunal declaró legal la detención de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, México, quien fue detenido el 4 de junio a punto de irse a París.

Después de dos horas y 13 minutos de deliberación, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, Yilis Pitti, Greta Marchoscky y Adrian Hernández, declararon legal la detención del exgobernador de Quintana Roo, México, Roberto Borge, y negaron la devolución de sus pertenencias con las que fue aprehendido. Entre estas cosas había tarjetas de crédito, gafas de sol, tarjeta del "pricesmart", cajas de habanos, dinero en efectivo en dólares y euros, celulares y conectores del teléfono.

De igual forma, dieron plazo al país azteca para que formalice la petición de extradición que podrá surtirse en los próximos 60 días hábiles que empiezan a contar a partir de mañana.

Ante la decisión del Tribunal, la defensa del exgobernador liderada por el abogado Carlos Carrillo, así como de un grupo de abogados mexicanos que estaban presentes en la audiencia celebrada en la capital panameña, apelaron la decisión de los magistrados.

La defensa del exgobernador indicó que interpondrá los recursos necesarios a favor de su cliente.

"Hay un equipo de defensa en el cual se van a agotar todos los recursos correspondientes, dijo el reputado abogado, que se respeta la jurisdicción panameña y los abogados de México harán lo respectivo en su país", dijo Carrillo.

Los jueces hicieron un receso después de la apelación de la defensa y a los pocos minutos reiniciaron la audiencia. Negaron la solicitud de la defensa por un tecnicismo de forma. El abogado del exgobernador anunció una apelación, mientras que el Tribunal consideró que el recurso que cabía en ese caso era el de la objeción a la decisión.

El exgobernador continuará recluido en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Una estructura policial ubicada en la zona canalera del país istmeño.

El fiscal José Antonio Candanedo, al salir de la audiencia, dijo que se respetó el debido proceso y que eso es lo que están asegurando los ministerios públicos de ambos países. Señaló que la "defensa utiliza cualquier estrategia que sea apropiada para plantear su requerimiento ante el Tribunal, pero objetivamente así lo declararon los magistrados".

El siguiente paso es que la embajada de México presente la extradición formal del procesado, y una vez que se presenten las pruebas correspondientes ante el Ministerio de d relaciones exteriores de Panamá, se enviarán a la Procuraduría y se realizará una nueva audiencia para este proceso.

Aún no se estipula una fecha de audiencia para este propósito.

El exgobernador, presente en la audiencia, no hizo gestos o se mostró sorprendido ante el fallo de los magistrados. En todo momento estuvo sereno. Vestido a camisa a cuadros y pantalón azul oscuro, estaba acompañado por más de 4 personas de su nacionalidad. Uno de ellos, con bastante parecido físico, negó relación con el político cuando la prensa le preguntó si se trataba de su hermano, amigo o algún otro familiar.

SOBRE LA DECISIÓN
El tribunal, por decisión unánime, refutó los argumentos de la defensa de Borge.

La petición de extradición de la Fiscalía de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, ente que solicitó la legalidad de la detención de Borge, se basa a su vez, en una petición enviada por la embajada de México en Panamá efectuada el 5 de junio con fundamento en el tratado de extradición firmado entre ambos países. México recargó su solicitud en los supuestos delitos cometidos por Borge en el Estado que gobernó hasta el año pasado.

Los magistrados consideraron, ante los argumentos de la defensa de Borge, que la Fiscalía está plenamente facultada como agencia de instrucción de la Procuradora según las necesidades de servicio, y que tiene competencia en materia de extradiciones.

En este punto Carrillo había argumentado que era la Procuradora, y no la Fiscalía, quien debía haber efectuado la solicitud de extradición.

En este sentido, el Tribunal consideró que no se cometió una ilegalidad y que las actuaciones de la Fiscalía se apegaron a la Ley.

Si bien es cierto, continuó el Tribunal en su decisión, que la orden de extradición tiene fecha posterior a la orden de detención del exgobernador, corresponde con lo descrito en la Ley de Migración, que esta entidad puede ejercer el control migratorio de los pasajeros y está facultada para intercambiar información y cooperar con otros países además de realizar las investigaciones necesarias con el propósito descrito. Con este precepto, el Tribunal desechó el razonamiento de la defensa de que su cliente fue bajado del avión y debía prevalecer la jurisdicción del país de la aerolínea en que viajaba, es decir Francia. Según Carrillo, las autoridades debieron esperar a que su cliente llegara a Paris, su lugar de destino, para detenerlo por que se violó el Convenio de Chicago.

Carrillo también consideró que se vulneraron los derechos de su cliente ante los tiempos en que ocurrieron los proceso. Decía que la acción de la embajada de México se efectuó el 5 de junio, mientras que un día antes el exgobernador había sido detenido por las autoridades sin notificarle los delitos o el motivo por el cual estaba siendo detenido con un proceso de extradición. Pero el Tribunal consideró que el proceso cumplió los términos de 24 horas para informar al procesado sobre las razones de su detención, y que la audiencia que se celebró el 6 de junio, ocurrió dentro de las primeras 48 horas desde que bajaron al exgobernador del avión en que se dirigía a Europa.

Con respecto a los bienes que portaba Borge al ser apresado, el Tribunal dijo no contar con elementos suficientes para discernir si éstos eran producto del delito que había cometido el priista, por tanto, decidió negar la solicitud de la defensa de que fueran devueltos a su cliente.

La fiscalía señaló que la embajada de México se ha comprometido en presentar la petición formal de la extradición del político en el tiempo que señala la ley.

A Borge se le atribuye haber causado un perjuicio al Estado de Quintana Roo, de aproximadamente 170 millones de pesos, producto de la venta de inmuebles de los que supuestamente se apropiaba y vendía a precios muy inferiores al valor del mercado. Los bienes supuestamente eran adquiridos por una red de testaferros del exgobernador que no pudieron justificar la procedencia de los dineros con los que los adquirieron.

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