lunes, 6 de febrero de 2017

Solicitan a la CIDH medida cautelar en contra de Corozal

Moradores de las áreas revertidas interpusieron un recurso para suspender el proyecto de Corozal. Piden que se hagan las consultas ciudadanas con un representante de la Comisión in situ

Los residentes de las áreas revertidas de la zona canalera han llegado hasta la última instancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, D.C, Estados Unidos, para solicitar una medida cautelar en contra de la Resolución del 30 de octubre de 2014 de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por la cual se autoriza el proceso de precalificación y licitación para el diseño, construcción, desarrollo y operación del puerto de Corozal, así como contra todos los actos que se deriven de ese proceso. En este último renglón enmarcan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que según los vecinos de la zona, fue aprobado por la ACP al margen de la comunidad y la Nación.

Después de haber agotado las instancias correspondientes ante la Corte Suprema de Jusiticia, y que sus peticiones hayan sido rechazadas por este órgano, los ciudadanos de las áreas revertidas de varias comunidades, entregaron poder a tres abogados para solicitar la suspensión de la Resolución ACP-JD-R,-14-711 por violar su derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano, y a la propiedad privada.

El recurso, que se interpuso el viernes pasado ante la CIDH, esta firmado por la Comisión a cargo del tema de Corozal del Colegio Nacional de Abogados y la Asociación de Derecho Ambiental.

Los residentes de las áreas canaleras, que datan desde hace más de 70 años, otorgaron poder a los abogados José Alberto Álvarez, Donaldo Souza y Santander Tristán para que detengan las intenciones de la ACP en la construcción del puerto de Corozal, puesto que afirman que de llevarse a cabo este proyecto multimodal quedarían aislados, acorralados por dos puertos, Balboa (Panama Ports Company) y Corozal, además del ferrocarril y el Canal de Panamá, impactados de forma negativa por las actividades portuarias que son violentas, contaminantes y peligrosos, pero sobre todo, el derecho al goce de sus viviendas estaría afectado por completo.

SE SIENTEN ENGAÑADOS
Los ciudadanos describen en la petición a la CIDH, que el el 26 de agosto de 2014, en nota dirigida al administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, la presidenta de la Asociación de vecino , cuestionó sobre la concesión de un nuevo puerto de contenedores además de manifestar una serie de preocupaciones y daños que tendrían los residentes de Diablo ante la posibilidad de que se concretara el hecho. Al cabo de un mes, el 12 de septiembre de 2014, Quijano les respondió: "en este momento no existe decisión alguna de llevar a cabo la construcción de un puerto de contenedores en Corozal, únicamente se adelantan investigaciones geológica, en las áreas patrimoniales de la ACP sin incursionar en la comunidad".

Lo anterior resultó un irrespeto y engaño de Quijano hacia los vecinos que aseguran no les informó sobre las actividades que se estaban realizando para adelantar el puerto en Corozal, como luego se concretó en la resolución que autorizó los procesos de dicho puerto.

Un mes después de haber respondido la nota a los vecinos, la ACP dio luz verde al inicio de los procesos de precalificación y licitación del puerto de Corozal. Dicha resolución fue impugnada por los residentes, puesto que se trató de una decisión, a su criterio, tomada al margen de consulta y participación de los que ahí moran.

La indignación de los residentes recae en que el 16 de septiembre de 2014, celebraron una reunión con el ingeniero Manuel Benitez, como administrador encargado del Canal, y a la que también asistieron Oscar Vallarino, vicepresidente de gestión corporativa ACP, Antel Ureña, gerente ejecutivo interino de ambiente, la licenciada Rocío de Carneiro, presidenta de la Asociación de Vecinos entre otros de sus miembros, en la que la ACP se comprometió a mantener una comunicación fluida y a suministrar información a través del ingeniero Benitez quien a su vez, informó que el proyecto se encontraba en una fase muy preliminar y que los estudios tomarían dos años.

En esa reunión, según los residentes, la ACP se comprometió a utilizar el concepto "Ecuador" que obliga realizar el desarrollo bajo ciertos parámetros tomando en cuenta la participación de cara a la ciudadanía de la forma más transparente. "Lo cual fue totalmente falso y se le mintió descaradamente a la comunidad porque inmediatamente se emitió la Resolución que impugnamos", señalan a la CIDH los afectados. Incluso en dicha cita la ACP les había dicho que no tenía interés en desalojar a la comunidad de Altos de Diablo, pero con el desarrollo del puerto que propone impacta negativamente toda la comunidad deteriorando su calidad de vida etc.

IMPACTO DEL PUERTO
Los que viven en las zonas ribereñas al Canal, señalan que su vida ya ha sido impactada con la ampliación de Panama Ports Company, que entre otras cosas, sufren el ruido permanente de las grúas, el transporte, y del ruido.

La situación se empeorará, para ellos, con la construcción del nuevo puerto de Corozal, daños que se manifestarán en forma más crítica porque los impactos ambientales acumulativos serán más adversos.

El nuevo puerto cubrirá un área muy extensa de casi el 50% de los límites de las comunidad de Diablo, por lo tanto será muy impactante, tomando en cuenta que ya se encuentra cerrada por el ferrocarril y la ampliación del puerto de Balboa.

Los ciudadanos denuncian que se les viola el derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano, y a la propiedad privada porque Corozal no permitirá la garantía del uso y el goce de sus propiedades.
El desarrollo de un puerto implica una serie de establecimientos industriales y actividades que impactan igual que el mismo puerto. De ahí que la planificación del proyecto debe prestarse especial atención al configurar las condiciones de vida dignas en vivienda, atención sanitaria y ambiental.

ACUDIR A LA CIDH COMO ÚLTIMA INSTANCIA
Previo a la solicitud de la medida cautelar interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la Resolución del 30 de octubre de 2014 dictada por la Autoridad del Canala de Panamá, los residentes han cumplido con denunciar los hechos ante diferentes autoridades ambientales y otras competentes de Panamá, incluso interpusieron un Amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la ACP pero la Corte fallo el 18 de agosto de 2016 en contra a pesar de las pruebas y elementos firmes sobre los incumplimientos que afirman los vecinos se aportaron a la Corte. "La Corte desestimó los elementos y pruebas presentados en el Amparo, en particular los violentos daños al derecho de propiedad que los residentes tendrán con el nuevo puerto".

Los quejosos también presentaron una serie de denuncias y demandas a la ACP, al Ministerio de Ambiente y otras autoridades, entre ellas, efectuaron una queja administrativa ante el procurador de la Administración que fue respondida mediante nota de la ACP, en noviembre de 2016, en la que la ACP esta "desconociendo las normas panameñas sobre los Estudios de Impacto Ambiental que ella misma aprueba a su medida, done es por tanto juez y parte, de una categoría inferior" -se lee en el texto- a pesar de que el puerto de Balboa tiene un EIA categoría III, "todo ello con el propósito de no efectuar una consulta pública con las comunidades y otro actos, todo dirigido a desconocer las comunidades impactadas por la construcción del puerto de Corozal, lo que demuestra los actos ilícitos de la ACP".

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