viernes, 23 de diciembre de 2016

¿Quiénes se llevaron los $59M?

Más de $7mil millones en proyectos se ha ganado la empresa en Panamá, aquí un recuento desde el 2006 y quiénes estaban al frente

El Ministerio Público tiene la oportunidad de determinar cómo y a quién repartió la empresa Odebrecht $59 millones en coimas a oficiales del gobierno e intermediarios para hacerse de contratos del Estados.

Durante 15 años los tentáculos de las coimas de la empresa brasileña Odebrecht, S.A. distribuyeron $788 millones en coimas a ejecutivos, funcionarios de alto rango y partidos políticos de más de 12 países, para lograr un beneficio o ganancia superior a los $3 mil millones.

El principal responsable de la empresa Odebrecht firmó un “acuerdo de culpabilidad” con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, en el que reconoció el esquema de distribución de coimas para conseguir más de 100 proyectos en 12 países incluyendo Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Méixco, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Odebrecht llegó al istmo durante el periodo de Martín Torrijos, cuando se ganó la licitación de la primera parte de la construcción de la Cinta Costera.

“Allí empezaron las cosas”, afirma el constitucionalista Miguel Antonio Bernal. Los brasileños, recuerda, “llegaron de la mano de un prestigioso abogado de la localidad y de un no menos prestigioso político de la localidad, en la época de Martín Torrijos”.

Desde esa fecha hasta hoy, la empresa se ha hecho de casi $7 mil millones en proyectos estatales. Aún con los escándalos y las investigaciones ya iniciadas en Brasil -país de origen de la empresa- que delataban el sistema de coimas de la empresa, la administración del presidente Juan Carlos Varela otorgó a la constructora el proyecto renovación urbana de Colón, que tiene un costo de $537 millones.

Odebrecht se ganó la construcción de 18 proyectos estatales. Hecho que acentúa el interés de varias agrupaciones para que se investigue qué funcionarios recibieron coima para favorecer a la empresa.

Movin es uno de ellos. En un comunicado reclama la inactividad de las autoridades, y expresa que “resulta claro que nuestras autoridades de investigación han desatendido lo que era un secreto a voces y hemos sido incapaces como país de investigar y colaborar”, señala la nota.

El ministerio Público tiene dos casos abiertos por blanqueo de capitales, uno en la fiscalía de Crimen Organizado que esta a la espera de una asistencia judicial solicitada a Brasil.

En noviembre pasado, la Fiscalía Séptima Anticorrución a cargo de Janeth Rovetto, solicitó sobreseimiento del caso Lava Jato al verse estrangulada por el tiempo de investigación a la espera de una asistencia solicitada a Brasil. El caso hoy espera que se defina una solicitud de reapertura.

El Gobierno respaldó las investigaciones del Ministerio Público y puso a disposición las instituciones del Ejecutivo para facilitar la investigación.

El representante de Odebrecht confesó ante los fiscales del distrito de Nueva York, que distribuyeron $59 millones para obtener beneficios por $175 millones sobre los proyectos que ejecutaron.

Por ejemplo, se lee en el acuerdo celebrado entre las partes, “durante el 2009-2012 Odebrecht acordó pagar $6 millones a dos cercanos parientes de un funcionario de alto perfil vinculado a los proyectos de infraestructura, con el consentimiento de que a cambio de los pagos, el gobierno le aseguraría a la empresa la participación y el pago en los contratos relacionados con infraestructura gubernamental.

Para pagar las coimas, Odebrecht utilizó la División de Operaciones Estructuradas para hacer las transferencias a las empresas offshore que designaron los oficiales panameños y sus intermediarios”.

Lo relevante de todo esto, además de la complejidad y la situación inédita en la que se concreta el acuerdo de culpabilidad, “es que Odebrecht se comprometió a facilitar todos los records, papeles e información que cualquier país requiera para sus investigaciones”, manifestó el abogado Francisco Herrera litigante en Estados Unidos.

Hay rastros de las cuentas y transferencias que efectuó la constructora, y Panamá es el tercer país, fuera de Brasil, cuyos funcionarios recibieron la mayor cantidad de coimas.

El fiscal de cuentas Guido Rodríguez solicitó ayer al Contralor Federico Humbert audite los contratos y proyectos de infraestructura realizados por Odebrecht, S.A. durante el periodo 2009-2014.

Rodríguez sustenta la petición y agrega que le corresponde al a Contraloría presentar al Tribunal de Cuentas para su juzgamiento, las cuentas de los agentes y servidores públicos cuando surjan irregularidades.

El acuerdo de culpabilidad permite a la empresa continuar sus operaciones alrededor del mundo con la condición de que un supervisor especial monitoree los contratos.

Para concebir el esquema criminal de sobornos, Odebrecht y sus conspiradores crearon una estructura financiera secreta que operaba para desembolsar pagos a los políticos y funcionarios. Con el tiempo, en el 2006, esta estructura financiera se convirtió en la División de Operaciones Estructuradas de la empresa que funcionaba como un departamento dedicado a los sobornos de la constructora.

La penalidad impuesta a la empresa por los delitos mencionados es de $3,336 billones, de los cuales Brasil se quedará con el 70%, Estados Unidos con el 15%, y Suiza con el 15%. No obstante, la cifra podría cambiar si el juez así lo decide, podría alcanzar hasta los $6 mil millones.

Odebrecth enfrenta 48 cargos pero recibirá una rebaja de pena de 25%.

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