sábado, 24 de diciembre de 2016

MP busca pruebas en Washington D.C.

Un grupo de fiscales viaja el lunes a Estados Unidos para reunirse con el Departamento de Justicia y juntar información sobre los funcionarios sobornados

El Ministerio Público enviará un equipo de fiscales a Washington, D.C, Estados Unidos para reunirse con miembros del Departamento de Justicia de ese país y obtener detalles sobre los presuntos actos de sobornos y la utilización de las instituciones financieras de Panamá en la red que empleó la constructora Odebrecht para coimear a funcionarios panameños y asegurarse de contratos de infraestructura pública.

La Procuraduría no dio a conocer los nombres de la comitiva integrada por fiscales de alto perfil, que buscarán documentación detallada para fortalecer los casos que investiga sobre el esquema que utilizó la brasileña Odebrecht en Panamá al repartir $59 millones a funcionarios panameños.  

Recientemente fue revelado por el Departamento de Justicia del Norte, el acuerdo de culpabilidad firmado por directivos de Odebrecht en el que reconoce que repartió $788 millones a funcionarios, partidos políticos, y empresarios de 21 países para hacerse de contratos millonarios de los cuales obtuvo un beneficio de $3,336 millones.

Aunado a esto, la Fiscalía de Cuentas espera respuesta de la Contraloría sobre una misiva formal en la que solicitó aúdito a los proyectos ejecutados entre 2009-2014 por la empresa Odebrecht que incluyen la cinta costera en su fase 2 y 3, el proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá y otros.

Guido Rodríguez al mando de este despacho, tiene la impresión de que presumiblemente esas coimas tuvieron que haber salido del bolsillo de los panameños. 

“Por lo pronto hay que auditar las cuentas de los funcionarios que estaban de turno del 2009-2014 tal como lo plasma el acuerdo de culpabilidad.

Lo que usualmente sucede cuando se envía una comunicaión formal al Contralor, es una respuesta formal. Ésta puede consistir en que se haga de inmediato el aúdito o se incluya en la programación de auditorías”, manifestó Rodríguez. Éste es el primer paso que requiere la Fiscalía de Cuentas para iniciar una investigación y citar a funcionarios, exfuncionarios y empresarios.

El comunicado de la Procuraduría indica que  en la Fiscalía Séptima Anticorrupción se adelantó la investigación del caso de ‘Lava Jato’, pesquisa a la que la Fiscalía solicitó sobreseimiento por falta de tiempo, y que espera una decisión del juzgado Duodécimo penal para su reapertura.

Por otra parte, la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizado investiga un caso por supuestos sobornos, corrupción y blanqueo de capitales que inició de oficio, producto de reportes periodísticos tras la investigación efectuada en Brasil.

La ruta que asumió el Ministerio Público es la correcta según valora el abogado y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz.

Ya existe un precedente en este tipo de consultas bilaterales con el caso SAP, en el que un agente del FBI reveló a las autoridades panameñas los detalles de un caso de peculado en la compra de un software en el que sobornaron a funcionarios panameños. En el mencionado caso, el Ministerio Público esperó la llegada de los expedientes para llamar a juicio a los implicados.

“Hay una nueva experiencia en la forma en que se arman los expedientes y ésto se debe a la cautelosa medida en que trabaja la institución para evitar errores y posterior descrédito de la administración de justicia” dijo Araúz.

Indistintamente que en otros países se produzcan investigaciones más ágiles, en nuestra realidad, según el abogado, “no se puede comparar este ritmo por las reglas distintas de procedimiento que involucran hacer valoraciones específicas para determinar la existencia de las declaraciones que vinculen a alguien y que deben reposar en el expediente en forma contundente”.

La visita a Estados Unidos sería la forma más atinada rápida para recabar pruebas, de lo contrario “una asistencia judicial tomaría meses”, indicó Araúz. Lo que se requiere es prudencia pero el Ministerio Público debe dar los rezonamientos jurídicos de su proceder, el silencio puede agregar una carga negativa frente al trabajo que se debe hacer de cara a la sociedad.

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