domingo, 11 de diciembre de 2016

‘Mientras no se conozca quién y cuánto donó a la campaña habrá corrupción’

La corrupción en Panamá ha sido sistemática por generaciones. Angélica Maytín, zarina anticorrupción, dice que uno de los focos que abonan este flagelo descansa  en las donaciones a políticos

Maytín denunció que muchas instituciones ni siquiera tienen su portal de Internet actualizado.


La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información,a pesar de tener un título impactante, aún no logra tener el mismo efecto con los funcionarios públicos o en la ciudadanía en general. La razón principal es que la ley no la faculta a sancionar a quienes no cumplan con ciertos puntos, lo que da pie al funcionario para tener una flexibilidad en su actuar o en la rendición de cuentas sin mayores consecuencias. Angélica Maytin dirige esta entidad desde 2014. Reconoce que hay mucho por hacer, y que la cultura de transparencia aún no ha sido adoptada del todo por quienes deberían hacerlo porque la cultura del país no ha madurado y las medidas coercitivas no son suficientes.

¿Como país, somos menos corruptos?
Yo creo que Panamá ha mantenido por muchos años una corrupción sistémica que empeoró en los últimos cinco años y la entrada del nuevo gobierno le ha costado mucho eso. No solo se trata de cambiar las leyes sino muchas cosas, incluso cambiar a personas. Incluso si eres diabético o hipertenso no te pueden destituir, te lo digo porque la administración anterior pasó una ley que para que no los puedas botar y si los botas les tienes que indemnizar. Dejaron un esquema para ser complicado salir de muchas personas que también están en puestos sensitivos y no ha sido fácil limpiar la casa.

Pero dicen y dicen de Martinelli y ahí están los casos en la Corte muertos de la risa...
El tema de justicia es otra cosa, que si hubiera estado el Sistema Penal Acusatorio sería otra cosa.

El Ministerio Público investiga varios casos de la administración pasada en los que se sospecha hubo sobreprecios. Sin embargo, hemos conocido que actualmente ocurre algo muy similar, pero no vemos acción de las autoridades o de parte de ANTAI.  ¿Qué pasa?
En realidad la facultad de ANTAI son limitadas en el sentido de que investigamos faltas administrativas. Un ejemplo es el Programa de Asistencia Nacional (PAN). Aún yo no había tomado posesión y me llamó un empresario para quejarse de que se estaba haciendo lo mismo que en la administración pasada, división de materia. A penas lo recibí puso su denuncia, hice la investigación y la remití a la Contraloría quién debe decidir si hubo o no división de materia. Nosotros pensamos que sí. Cosas como esa podemos intervenir, pero no tenemos mucho que ver en temas de que si es la misma empresa la que está participando en un acto. Es decir, si la compañía no esta inhabilitada desafortunadamente no puede seguir participando y en caso contrario es donde actuamos.

Pero usted también puede actuar de oficio...
Yo puedo actuar de oficio también, muchas veces veo en los diarios información que me llama la atención e inicio investigaciones. Pero son faltas, no delitos. El caso famoso del señor Varela (Gerardo) que lo acusan de enriquecimiento ilícito, ahí nosotros no tenemos que hacer nada por que es un delito. Todo lo que tenga que ver con faltas entramos nosotros.

Se atreve a enumerar a los ministros peor evaluados en transparencia?
No.

¿Por qué?
Porque a mi no me gusta hablar subjetivamente sino basado en monitoreos.

El político panameño que ha conocido, ¿cuál es?
Guillermo Endara Galimani. Tuve la oportunidad de conocerlo en diferentes ocasiones y siempre me sorprendió sus sencillez y su nivel de auto crítica.

Como directora de ANTAI se atreves a decir ¿cuál es el presidente más corrupto que ha tenido el país?
Es que si lo acuso de corrupto tendría que tener pruebas.

Angélica Maytín conversa con Adelita Coriat.


Bueno, ¿el menos transparente?
Te puedo decir que en el periodo de gobierno que como panameña me sentí más insatisfecha porque consideraba que la corrupción era sistémica fue en la administración pasada porque no veía los entes de control haciendo su trabajo. Eso si me preocupó mucho. Afortunadamente el Tribunal Electoral salvó la cara y se dieron unas elecciones donde ganó el que más votos sacó pero ese fue el momento que yo más me sentí preocupada por el país.

Con ese panorama, ¿por qué aceptó ser parte de la Comisión de Notables?
Porque en esa mesa estaban mis profesores de derecho, la exmagistrada Esmeralda Troitiño, el profesor Rolando Murgas, para mi era un honor poder servir al país pero al final al presidente no le gustó lo que escribimos porque no hicimos caso de lo que él quería que se escribiera ahí. Por ejemplo, él quería que se bajara la veda presidencial de dos a un periodo y como no lo hicimos nunca nos aceptaron en el Consejo de ministros para presentar las propuestas.

Hablando de acceso a la información, el tema no ha calado en las instituciones. Muchas ni siquiera tienen su portal de Internet actualizado. Sienten que no deben rendir cuentas a la ciudadanía… ¿Qué hace usted al respecto?
Cuando recibí la institución hicimos un monitoreo y solamente 2 de 96 instituciones cumplían con lo que la Ley de acceso a la información obliga. La última medición fueron 27, pronto haremos el anuncio de cómo está la cosa.  A mi no me satisfacen esos números, pero estamos hablando de una leve mejoría. Falta que la gran mayoría de las instituciones cumplan. Lo más importante es que la ley de acceso público a la información no establece sanciones a quienes no actualicen su página. Esa es una reforma que nosotros queremos hacer. Es hora de examinar la ley. Como no hay sanción muchos se basan en eso para no tener información actualizada. Otra cosa que faculta es que cuando no responde un ministro sobre alguna solicitud se puede solicitar por escrito y tiene 30 días para responder.

Si pero eso es un vía crucis… Después hay poner un Habeas Data a la Corte y responden un año después...
La gente viene a la ANTAI y nosotros le escribimos al ministro para solicitarle que cumpla con eso, incluso hay resistencia con nosotros, pero cuando le recuerdo que estoy facultada para ponerle una multa hasta del 50% de su salario entonces atiende.

¿Nos puede adelantar los resultados del monitoreo que publicará?
Buenos, hemos avanzado, no tanto como me hubiese gustado pero hay más instituciones que llegan al porcentaje de lo que la ley exige, eso sí me gustó, pero igual no me satisface que haya 30 en vez de 27 cuando son 96 entidades las que deberían cumplir con el 100%.

Llegar a este punto habla de una cultura muy mala sobre el concepto de transparencia que tiene el funcionario público...
Coincido contigo. Es muy insipiente todo esto. La ley es reciente del 2002, ha sido muy insipiente el trabajo que se hizo con respecto a estos años y la obligación que tenemos los servidores públicos nos guste o no. Es un trabajo que estamos haciendo, no es fácil, hay leves avances pero esperamos que al 2019 hay más adelanto. Lo has dicho bien, es una cultura, pero la ley hay que cumplirla.

Nos topamos con funcionarios verticales, que no rinden cuentas. Finalmente los periodistas quedamos haciendo el trabajo sucio, ¿por qué?
Bueno, de lado y lado. Definitivamente que hay servidores públicos que no entienden que están ahí para rendir cuentas todos los días de todos sus actos. Hay que mejorar la comunicación.

Si usted tiene el mecanismo para presionar a las instituciones, ¿qué falta?
Sanciones. Así como cuando antes la gente no se ponía el cinturón de seguridad y hasta que se impuso una multa lo hicieron, eso tiene que ir a una reforma legal. Anunciamos que íbamos a hacerlo porque falta incluir sanciones.

¿Hay fecha de cumpleaños para eso?
Queremos que sea en el primer semestre del próximo año porque después se complica el panorama legislativo por las elecciones.

¿La ANTAI ha recibido denuncias por sobre costos, o que un solo grupo empresarial allegado al presidente es el que se beneficia de las compras del Estado?
Eso precisamente no, pero si tenemos más de 30 denuncias por procesos de compra muchos de ellos vinculados a la Caja del Seguro Social desde construcción de hospitales que debieron de costar $10 millones y terminaron costando $42, hasta compras de equipo de oficina, etc.

¿Cómo procede la ANTAI en ese caso?
Hacemos una investigación, solicitamos a la institución más información y después remitimos el expediente ya sea a la Contraloría o al Ministerio Público si encontramos alguna situación irregular.

Según Maytín, tanto ella como el presidente Varela y la Vicepresidenta hicieron pública su Declaración Patrimonial.


¿Cómo evalúa la actuación de la Contraloría en el tema de transparencia?
Desafortunadamente la Contraloría no cuenta con los auditores forenses en relación a la cantidad del sunami de denuncias requiere. Nosotros todavía estamos esperando que se resuelva una denuncia que hicimos en marzo de 2015, y otras más que hemos remitido.

Pero ya han tomado cargo desde hace más de dos años. Podrían haberse organizado mejor...
Bueno, habría que saber qué va hacer el Contralor porque yo se que tiene demandas de toda las instituciones que están pendientes de auditorías.

Hemos escuchado denuncias de que si la persona no incrimina al expresidente Ricardo Martinelli en sus indagatorias los dejan más tiempo detenidos...
A mi me gustaría por parte del Ministerio Público es que mejoren sus canales de comunicación. Como decía José Ugaz, quien se reunió con la Procuradora, le recomendó hacer ruedas de prensa varias meses al mes para comunicar sus hallazgos, los obstáculos del caso, etc. La opinión pública está pendiente para saber lo que está pasando y no todo el mundo es abogado, la información que pueda dar, que explique lo que se puede conocer. Hay que decirle a la opinión pública lo que están haciendo y que instituciones no le responden. Por ejemplo, yo el caso que tengo del magistrado Erasmo Pinilla, le pedimos a la Corte que lo investigara y eso está en el despacho del magistrado Mejía, o sea que yo me desligo de responsabilidad de eso. Se  va en diciembre y si sale del cargo ya no hay caso. Yo lo que quiero comunicarle a la gente es que la ANTAI hizo su trabajo pero la Corte, a quien le tocaba investigar, no lo hizo. Es mejor comunicar los cambios de medidas cautelares, que la gente pueda comprender la razón y apoye así como en Brasil apoyan a sus fiscales. Lo que ha ocurrido en Panamá con respecto a las investigaciones es inédito, más de 200 personas investigadas. No hay que ser tan injusto, también agarró el cargo en el cambio de sistema de Inquisitivo a Penal Acusatorio, todo eso conlleva recursos, es muy complicado pero hay que comunicar las cosas para no dar la percepción de que no se está haciendo nada.
 
¿Por qué hay la sensación en los rankings que miden la corrupción, de que por más que se trabaja contra la corrupción no se avanza?
Es percepción. Si midieran cosas más objetivas tal vez saldría otro resultado. Pero miden percepción entonces la gente al ver el mal trabajo de la justicia evalúa mal todo.

¿Cómo evalúa a la Corte?
La Corte nos preocupa a todos. Pagan cosas... Por ejemplo, el magistrado Víctor Benavides que se fue y no ha pasado nada. Todo lo que tuvo que pasar para que se conociera y saliera, mira que no ha pasado nada.

¿Qué elementos cree que se pueden adoptar de los resultados de la Conferencia Anticorrupción que puedan servir para nuestra realidad, y cuáles no?
Dos aspectos quisiera rescatar. Uno, las recomendaciones que emitió el comité de expertos luego del escándalo de los papeles de Mossack Fonseca. Veo que eso se está evaluando para saber cuáles se podrían adoptar. El otro es el paquete de reformas que hemos estado trabajando este año que deben ir a Gabinete que buscan que la declaraciones patrimoniales sean auditadas, que exista protección a las personas que denuncian hechos de corrupción , conflictos de interesas, fortalecimiento de las instituciones como el Tribunal de Cuentas, incluso la propia ANTAI. En fin, en la Asamblea también reposa un proyecto de ley sobre la carrera judicial y la ley de contrataciones públicas que hay que aprobarlas. Aunque no se tocó en esta conferencia pasada también que hay que cambiar las reformas electorales. Mientras en este país no se conozca quién y cuánto donó a las campañas electorales el problema de la corrupción seguirá siendo sistémico.

Lo ideal sería que estas declaraciones patrimoniales fueran públicas, no solo auditadas...
La ley 59 de 1999 nos obliga a los servidores públicos de determinado nivel a presentar una declaración de bienes, pero le ha faltado el ingrediente de la auditoría, con esto permite detectar si lo que declaraste es cónsono con lo que se tienes. Detectar también posibles enriquecimientos no justificados. Es desafortunado que en este país, algunos ciudadanos que ganaban $7mil mensuales, acumulaban mucho dinero. La razón era esa, no se podría detectar si la persona se había enriquecido o que acumulara millones en el banco sin restricciones. Entonces ahora queremos que eso sea objeto de audito. También buscamos que las personas que denuncian puedan tener protección. Con frecuencia acude gente a la ANTAI y me pide declarar en anonimato por temor a ser despedido  o represalias, y si es un empresario por temor a que no lo vuelvan a contratar. El diputado Domínguez tiene un proyecto de ley que estipula que se puede premiar hasta en un 30% a quien presente esta situación y sea verás.

Pero no exige el proyecto de que sea pública la declaración patrimonial...
Por eso en el actual gobierno el presidente Juan Carlos Varela la hizo pública al igual que la vicepresidenta, yo también la hice pública y la colgué en el portal de nosotros y que tiene que compararse con la que se ponga cuando salga del cargo. Estamos trabajando estos proyectos porque consideramos que el marco legal regulatorio es laxo y débil.

¿Por qué se cobró $500 la entrada a la Conferencia Anticorrupción?
Eso lo cobra la Conferencia Internacional Contra la Corrupción y Transparencia Internacional siempre ha puesto un costo a todas las conferencias. Ellos les pagan pasajes, estadías a los invitados. Panamá puso dos millones para la Conferencia.

¿No fue suficiente?
Un millón 400  mil dólares se usaron para la logística del evento, comida para 1.500 persona por cuatro días, traducción etc. Eso por una parte. Pero también hay más gastos que son parte como pasaje que se cubre con la diferencia.

¿Los pasajes los cubre el país sede o quién?
Pasajes de algunos de los expositores, por ejemplo los VIP algunos los pagó el gobierno pero todo el equipo de TI que vino, y todo el equipo de la conferencia eso no lo cubre el Estado. La prensa no pagaba, nosotros le dimos 100 entradas a la sociedad civil, y le pagamos los gastos a gente que vino del interior. Hay países que gastan $6 millones porque les dan cosas de cuero a los invitados, plumas mas elegante. Nosotros fuimos muy austeros con lo que ofreció.

¿En qué consiste la iniciativa de transparencia en el sector de la construcción a la que se adhirió Panamá?
La iniciativa Cost transparencia en el sector de la construcción existe en 15 países.  Estos son cuarenta indicadores que cada proyecto que es sometido, los mismos se evalúan por un grupo multisectorial conformado por la sociedad civil, el sector privado y personas del gobierno. Las instituciones se acercan para traernos el proyecto con estos parámetros.

¿Es voluntario?
Si, es voluntario.

¿Por qué no se trata de hacer un nivel de injerencia más profundo?
Se puede trabajar en eso, es una iniciativa joven y con buena voluntad del gobierno. Pese a ser voluntario ya hay 18 proyectos que contemplan los del municipio de Panamá, el Instituto de Acueducto y  Alcantarillados Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas que se someten a estos parámetros.

¿En qué etapa del proyecto se someten?
Previa, antes de que se haga un pliego si quiera.

1 comentario:

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