sábado, 29 de octubre de 2016

‘La Fiscalía debe investigar al cliente de la Caja de Ahorros’

El Ministerio Público sostiene que los exdirectores incurrieron en peculado aunque el préstamo se haya cancelado en junio pasado

Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena, exgerente y exsubgerente de la Caja de Ahorros, respectivamente, fueron quienes, en conjunto con los ejecutivos encargados del análisis y preparación, presentaron el crédito para la empresa encargada de la construcción del centro de convenciones ante la junta directiva de la entidad bancaria y conocían todos los detalles. Eran quienes estaban en contacto con el cliente. Así lo indicó Ricardo Arango, exvicepresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, a la fiscal Tania Sterling, el 19 de octubre pasado.

La Fiscalía Anticorrupción investiga el desvío de fondos del crédito que otorgó la entidad bancaria al consorcio HPC-Contratas-PV.

Al parecer, el préstamo por $9 millones sirvió para pagar el desfalco de Financial Pacific, la casa de valores que estaba a punto de ser liquidada por el regulador hasta que el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, acudió a su círculo de amigos para que le ayudaran a tapara el ‘hueco' financiero.

TRÁMITE PARA EL CRÉDITO
Ricardo Arango, exdirector de la Caja de Ahorros, dice que es inocente de cualquier cargo que la Fiscalía Anticorrupción le impute en este caso.

‘Nunca vi en la propuesta —añadió Arango— ni recuerdo haber escuchado quién sería la persona que recibía los fondos, y usualmente quien es el deudor de una transacción es el representante legal de la empresa, quien le otorga poder a cualquier persona para que tramite o solicite recibir desembolsos. El acta señalaba que el desembolso debía acreditarse a una cuenta corriente aperturada en el banco por el representante del deudor', declaró Arango ante la fiscal que lleva la investigación, según documentación a la que ha tenido acceso este diario.

En este momento, Arango está siendo investigado, como el resto de los miembros de la junta directiva, por posible peculado, después de que la entidad bancaria diera luz verde al desembolso.

Tras el primer adelanto a la empresa, el banco estatal no dio seguimiento a los dineros, según intentan establecer las pesquisas.

En la reunión de junta directiva celebrada el 11 de diciembre de 2012, fecha en que se debatió la aprobación o rechazo del crédito a la empresa, no se determinó quién se encargaría de la supervisión del seguimiento de la obra para efectos del desembolso.

Según Arango, una vez que las propuestas son aprobadas, es el equipo administrativo y la gerencia del banco el que debe designar a los colaboradores de la institución para las inspecciones o monitoreos correspondientes.

‘Es responsabilidad de las instancias administrativas que operan dentro del banco que, previo a efectuar un desembolso, se cumplan los términos y condiciones y estos fueran aprobados por la directiva', relató Arango a la fiscal.

El primer pago al consorcio se hizo el 31 de diciembre de 2012, y el dinero se destinaría, supuestamente, a cubrir los servicios de un arquitecto y a la compra de acero y de equipos. En el segundo desembolso, de los $30 millones en que consistía el préstamo, el cliente debía proporcionar evidencia de aprobación del préstamo sindicado ($193 millones).

En este caso, el banco líder era HSBC, y era quien dictaminaría, para el resto de los bancos, los detalles finales respecto a la designación de inspectores y demás.

CRONOLOGÍA
El préstamo se consolidó el 31 de diciembre de 2012. La Caja de Ahorros otorga una línea de crédito al consorcio HPC-Contratas P&v por un monto de $9 millones. El mismo día emitió el cheque a nombre de Summer Venture Inc. por $7 millones.

Se gira un cheque de gerencia por $977,462.50 y por $850 mil para empresas de Cristóbal Salerno como abono a un préstamo de $5.2 millones.

Según Arango, ‘debe ser al cliente al que se le debe investigar por cometer supuesto fraude ante los términos y condiciones que habían sido aprobados en la propuesta de crédito'.

Tal vez, por su familiaridad con el mundo bancario, Arango es quien ha ofrecido mayor detalle a la Fiscalía Anticorrupción acerca de los procedimientos efectuados por la junta directiva en crédito al consorcio encargado de la fallida construcción del centro de convenciones Amador.

PRÉSTAMO SÓLIDO
Arango dejó claro a la fiscal, el día de su indagatoria, que a la junta directiva no le compete garantizar que una obra se realice o no. En todo financiamiento, indicó, ‘hay riesgos que pueden mitigarse de distintas formas dentro del análisis de crédito que es confeccionado en primera instancia por los analistas financieros que laboran en los diferentes departamentos del banco, y una vez que elaboran las propuestas de crédito que incluyen los términos y condiciones, se discute la transacción en el comité de crédito'. La propuesta presentada ante la junta directiva no levantaba sospecha de ningún tipo. Era similar o igual a la de cualquier préstamo de mayor cuantía que aprueba la Caja de Ahorros.

El grupo parecía solvente, era notorio el compromiso de los accionistas de la empresa, quienes aceptaron el otorgamiento de fianzas solidarias así como las corporativas de su empresa, según veían algunos directivos de la Caja de Ahorros.

Los ejecutivos sentían que tenían entre manos un negocio sólido porque otros bancos también eran parte del crédito.

El préstamo estaba en orden, contaba con fianzas solidarias de todos los accionistas y de las empresas que conformaban el consorcio. Además, se exigió el 100% de las acciones a favor del banco para poder mitigar el riesgo de un cambio en la composición accionaria del consorcio sin previo consentimiento del banco.

Partía de una licitación que había realizado el Estado, lo que en ese momento dejaba poco espacio a los directivos para dudar del proyecto.

‘No se veían elementos sospechosos o distintos a los que suelen verse en propuestas de crédito donde los riesgos estén mitigados', relató a la fiscal el exvicepresidente de la Caja de Ahorros.

El gerente general y su equipo administrativo es quien sustenta la viabilidad de un crédito, no lo prepara el director de la junta directiva, insisitó. Arango desestimó además un informe de auditoría presentado por la Fiscalía y elaborado por Griselda Pinnock, Román Carrión y William Wauhg, funcionarios de la Caja de Ahorros, quienes concluyeron que la línea de crédito aprobada al consorcio representó un alto riesgo para el banco.

Ante este señalamiento, el banquero observó que ese informe tenía fecha de 2014, dos años después de cuando fuera dada la aprobación del crédito de la junta directiva.

El proyecto sufrió ciertas dificultades que afectaron la ejecución de la obra deteriorando la calidad del crédito. El préstamo fue repagado incluyendo intereses adeudados, la obra fue adjudicada a otra empresa para su desarrollo.

‘En ningún momento recibí ni participé de ningún tipo de beneficio más allá que el de recibir dietas reglamentarias y quisiera poner a disposición todas las cuentas y mi patrimonio que he sustentado con los salarios que devengo desde 1998', indicó el exdirectivo.

Arango defiende que si los fondos fueron desviados para un motivo ajeno al que se presentó durante la junta directiva, él no debe ser el culpable de dicho acto delictivo, pues no guarda relación con ninguna de las personas que están siendo investigadas en relación al acto.

NIEGAN FIANZA A DOS DIRECTIVOS
El Juzgado Décimo Tercero de Circuito Penal de Panamá negó esta martes, 25 de octubre, el beneficio de fianza de excarcelación a Riccardo Francolini Arosemena y Rodrigo Alonso Arosemena Pino, dentro del sumario que se les sigue por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio de la Caja de Ahorros.

En las resoluciones, la jueza Alina Hubiedo señala que se encuentra acreditado el delito de peculado, en virtud del préstamo puente otorgado por la entidad bancaria, en la que Riccardo Francolini Arosemena fungía como presidente de la Junta Directiva y Rodrigo Arosemena Pino, como sub-gerente, a la fecha de los hechos, al Consorcio HPC-CONTRATAS P&V, para la construcción del nuevo Centro de Convenciones de Amador, por la suma de $9 millones. Según la auditoría interna, se logró determinar que dicho desembolso se concedió sin haberse entregado los permisos requeridos para iniciar la construcción, y sin que se contara en el momento con la solicitud de crédito, lo que contravenía el manual de crédito de la Caja de Ahorros.

Concluye la decisión del Juzgado 13, que ‘se ha indicado en autos, que el préstamo fue cancelado, no obstante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 344 del Código Penal, si se reintegran los dineros y sus intereses objeto del delito, ello podría entrar a considerarse en otra fase del proceso, en caso de llegar a una etapa de dosificación judicial de la pena, pero los hechos investigados en esta causa se ajustan al tipo penal imputado'.

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