sábado, 23 de julio de 2016

Alianza público-privada busca sostenibilidad para jóvenes

El Estado no cuenta con un seguimiento a quienes que se capacitan en el INADEH y se insertan en el campo laboral, la idea es sintonizar el mercado con la enseñanza

El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae), presentó un proyecto de ley que promueve el empleo juvenil sostenible a través de una alianza público-privada que incentive el trabajo y la formación técnica pero brinde un seguimiento a quienes se capacitan en los centros de enseñanza.

En Panamá, el principal problema que enfrentan los jóvenes es lograr conservar su trabajo, es decir, que sea sostenible. Especialmente en la población de 15 a 29 años de edad.

A pesar de las millonarias inversiones en programas de capacitación laboral, los registros de la Contraloría General de la Nación alertan que el 58% de las empresas confrontan problemas para reclutar personal.

Las cifras dan una idea de la situación que agobia a la juventud: en el 2005, 1 de cada 4 nuevos empleos agregados a la economía panameña benefició a un muchacho entre 15 a 29 años. Sin embargo, entre el 2009 y 2015, sólo fue uno de cada 16.

“Esta situación guarda directa relación con la escalada delictiva que ha sufrido el país en los últimos años”, explica el consultor empresarial Rene Quevedo, uno de los cerebros detrás del proyecto de Ley que acogió el diputado Iván Picota.

“El Estado no puede solo, 84% del empleo en el país lo genera el sector privado, por ende, es el principal doliente del muerto”, añade Quevedo.

Desde inicios de siglo, el istmo cuadriplicó la economía y se crearon 723 mil empleos. “Esto revienta a cualquier sistema económico y crea un desfase en la educación que no está generando las competencias que el sector productivo requiere”, analiza.

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
El presidente de Cospae, capitán OrlandoAllard, menciona que después de hacer un análisis sobre el Instituto Nacional de Desarrollo Humano (INADEH), se percató de que se han capacitado aproximadamente a 80 mil personas. Sin embargo, se pregunta, cuántos de ellos están trabajando y en dónde, qué salario tienen. No se sabe. La razón es que el INADEH no no ha incorporado estos datos a su sistema.

Es decir, las personas, una vez finalizan el curso no reciben seguimiento, por ende, el Estado no tiene una certeza de la inversión que hizo en ese estudiante.

Por eso la primera recomendación que hace el proyecto es la creación de un patronato que tendrá como objetivo promover el trabajo sostenible para personas entre 16 y 29 años. En este sentido las funciones abarcan desde elaborar programas, responder las demandas concretas de empleo, formación, inserción y seguimiento laboral, hasta fomentar alianzas público-privadas para el empleo de este grupo etario.

El brazo derecho de este patronato, es el Consejo Consultivo Permanente en materia de empleo que deberá ser el motor de la promoción de ofertas educativas y formativas a las necesidades que tenga el mercado de mayor crecimiento, con énfasis en insertar a los muchachos más vulnerables o en riesgo social.

“La idea llega justo en el momento apropiado porque hemos notado que el gobierno empieza a utilizar el término público-privado y coincide con la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, que entre sus inquietudes, una era despejar cuántas asociaciones de esta naturaleza existían en Panamá”, dice Allard.

La idea de este trato mixto no debe ser un asunto protocolar, “debe ser una organización viva”, expresa Quevedo.

La formación dual parte de la premisa de que la empresa privada tiene que estar involucrada puesto que la mayor parte del tiempo la persona permanece en la compañía, y ésto le garantiza posteriormente un trabajo.

“El ministerio de educación llamó a Cospae y junto con el INADEH estamos empezando tres programas. Solicitaron que con el apoyo de Cospae introduzcamos el concepto de educación dual en el Instituto Profesional Técnico ubicado en Chorrera”, señala Allard, como punto de partida.

El programa busca medir las necesidades de mano de obra y conectarlas con la enseñanza para alinearlas a las necesidades del mercado teniendo como objetivo los jóvenes universitarios, expandilleros, ‘Ninis’, etc.

SEGUIMIENTO
Uno de los puntos neurálgicos de este proyecto es el seguimiento a la inserción laboral que hoy día no existe.

“El modelo puede ser a través de las cotizaciones de la Caja de Seguro Social que se enlaza con la cédula de la persona. El resto de los trabajadores, un 40% que compone la economía informal, será a través de un call center. Los trabajadores van a estar en contacto permanente con un representante del centro de llamadas para hacer saber sus dificultades y éstos poder solventarlas”, explica Quevedo.

El presupuesto para poner en funcionamiento este plan aún no se ha definido, pero “hay muchas cosas que están en el mercado y pueden bajar el costo”, exclama Allard.

Hay otro tópico importante en este renglón que consiste en la informalidad. Desde el 2012 a la fecha, uno de cada dos empleos es informal.

“Están creciendo por una cuestión lógica: en primer lugar ha cambiado el perfil de requerimiento de empleo. Hay limitaciones y se ha bajado la contratación de universitarios. Del 2009 al 2012 se contrataban 34 mil profesionales por año, pero en los últimos tres años se redujo a 13,400. Esto se debe al ciclo económico del país. Hay un cambio en los tipos de empleo”, comenta Quevedo.

Un estudio del Banco Mundial indica que el 95% de adolescentes que culminan la secundaria busca un empleo. Esta realidad contrasta con el informe de la Alta Comisión de Políticas Públicas de Empleo elaborado por el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, que revela que las empresas están enfocadas en personal de 45 años de edad y con 13.3 años de escolaridad.

“Los informes que hemos recibido a la fecha apuntan a que habrá una sobre oferta de universitarios y un déficit de técnicos. El informe de la Alta Comisión de Empleo del mes de noviembre 2015, señaló que el sistema educativo tenía capacidad para formar al 59% de los técnicos que requeriríamos del 2015 al 2020. Por lo tanto, tenemos 41% de déficit, el resto hay que formarlos o traerlos de afuera. Lo que insistimos es en la formación”, acota Quevedo.

Una formación laboral que tenga como tiempo de entrenamiento máximo dos años o menos.

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