miércoles, 2 de marzo de 2016

Ayú Prado acumula un nueva querella en la AN

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayu Prado, acumula una nueva querella en su contra presentada este martes, que se suma a las diez que ya reposan en la Asamblea Nacional.

El Magistrado es acusado de los supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, y usurpación de funciones públicas por haber instruido, a través de una misiva, al Fiscal Auxiliar a que realice una operación de vigilancia y seguimiento a funcionarios del Órgano Judicial (OJ) y sus vehículos.

La querella fue interpuesta ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea por el abogado Rosendo Rivera, quien actúa como defensa.

“La nota en mención está fechada el 15 de septiembre de 2015. Llega al despacho del Fiscal Auxiliar un mes después de que éste iniciara la investigación (24 de agosto) por una denuncia que puso el propio Ayú Prado. La misma se introdujo al expediente con la numeración 4,245. Eso es lo grave”, afirma el querellante.

En la carta a Aguilar, Ayú Prado se permite licencia para solicitarle “considere autorizar una operación de vigilancia y seguimiento sobre los funcionarios del OJ cuyas generales fueron incluidas en una lista con la nota No. P.C.S.J. 1863-2015 e incluso sobre los vehículos a motor, sean institucionales o particulares” en que se movilizan, se lee.

Añade la nota, que en caso de autorizar la ejecución de la operación, le recomienda al Mayor Ameth Cáceres de la Policía Nacional quien laboró con él “en calidad de magistrado Fiscal en un proceso penal que se desarrolla contra un miembro suplente de la Asamblea Nacional”, y concluyó su asingnación.

“Ayú Prado sí tiene la obligación de poner en conocimiento un hecho punible, pero un mes después de haber presentado la denuncia le pide al fiscal que ordene el operativo y eso no está dentro de sus facultades”, dice Rivera.

Dos días después de haber recibido la misiva, Aguilar instruyó el operativo sugerido por Ayú Prado por un plazo de 90 días para verificar los hechos. “El Mayor Caceres a pesar que no consta, cómo, quién y cuando se le autorizó, es la persona que a partir del 5 de octubre de 2015, comienza a hacer una serie de informes de llamadas y seguimientos dentro del proceso”, se lee en la querella.

De acuerdo a la denuncia de Ayú Prado enviada a Aguilar, los funcionarios agendaban audiencias en el Tribunal y se reunían para cuadrar que salga el fallo a favor de los detenidos a cambio de $4 mil e influenciar a los jurados para que fallen a favor de los imputados. En octubre, los informes policiales constataron reuniones entre funcionarios del OJ y un particular en la que “se busca cuadrar el pago de jurados de conciencia”, según el informe.

“La investidura del Magistrado Presidente agrega una presión a cualquier expediente donde él se dirija. Hay que recordar que los derechos de las partes están restringidos para el denunciante y el Ministerio Público debe garantizar el equilibrio de los derechos de los investigados. Ayú Prado debe actuar en función de denunciante, no querellante”, indicó Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio de Abogados.

Rivera remitió queja de la actuación de Aguilar a Kenia Porcell, procuradora, en la que recuerda que no se deben efectuar intromisiones indebidas en un proceso.

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