miércoles, 2 de marzo de 2016

Abogado del Estado en Italia se volcó a favor de Martinelli

En 2012, la Gobierno contrató un jurista para representar al país en el proceso contra Valter Lavítola, sin embargo, dos años después, éste defendía a Ricardo Martinelli

El abogado que el Gobierno contrató en 2012 para representar al país en el proceso que seguía el Tribunal de Nápoles contra Valter Lavitola, por supuestas coimas en el contrato de Finmeccanica, terminó defendiendo los intereses expresos del hoy expresidente Ricardo Martinelli.

Según el embajador en Italia, Fernando Berguido, apenas asumió el despacho, en 2014, reclamó al abogado italiano Franco Coppi, contratado por el Estado, porqué Panamá se había perdido de la oportunidad de participar del proceso penal. Su respuesta, recordó el diplomático, fue que le “habían dado instrucciones de seguir el caso en nombre de Ricardo Martinelli, no de la República de Panamá”.

La nota oficial que da luz verde a la defensa fue enviada el 26 del abril de 2012 al embajador de Panamá en Italia, Guido Martinelli.

En ella, el canciller Roberto Henríquez autorizó la contratación de un abogado y solicita copia del contrato para su aprobación en el ministerio, justo en momentos en que Mauro Velocci, cercano a Lavitola, confesó que se había pactado facturar el contrato de Finmeccanica en 176 millones de euros, 26 millones más que el precio real, para “pagar coimas con las que se quedaría el Gobierno”.

La nota de contratación de Coppi deja en claro la obligación de “remitir informes, en español, sobre los avances de las investigaciones, por lo menos una vez al mes, a efectos que desde Panamá se le pueda dar seguimiento al desarrollo de las mismas”.

Nadie sabe, no obstante, los honorarios que cobró el jurista italino. No hay registros de pago en Roma. Extraoficialmente este diario conoció que Coppi recibió un cheque por 26 mil euros girado de la cuenta personal de un familiar del expresidente Martinelli.

LAS FUNCIONES DE COPPI
El exmandatario quería cerciorarse a través de Coppi de seis cosas.

Lo primero era conocer si él o la entonces ministra de Gobierno, Roxana Méndez (que había negociado con Velocci un contrato de cárceles modulares) podían ser llamados a declarar ante los tribunales romanos.

La duda se centraba en las posibles transferencias bancarias o pagos que hubiese hecho Lavítola a sociedades anónimas panameñas atribuyendo la motivación como erogaciones destinadas a funcionarios públicos panameños.

La nota, fechada a mayo de 2012, inquiría si Velocci debía ratificarse de sus declaraciones durante el proceso penal, si éste debía presentar pruebas de sus declaraciones, o si “por el contrario resta en la fiscalía la obligación de obtener las pruebas” sobre lo dicho por Velocci.

También se preguntaba al jurista si “podría abrírsele un enjuiciamiento a los panameños y dictar orden de captura, en tal caso bajo qué circunstancia.

En el documento pedía, además, saber la importancia de las declaarciones de Velocci, y por último, “si los funcionarios panameños podrían presentar una denuncia por difamación y calumnia contra los responsables de tales actos”.

SE ACABÓ EL CONTRATO
Sin embargo, el abogado Franco Coppi “termina dos años después representando los intereses personales de Matinelli y Panamá se queda sin abogado en el proceso” insiste el embajador Berguido.
Según el diplomático, esto fue premeditado. “Fue intencional porque en la audiencia había un abogado de Panamá, un miembro del despacho de Coppi, y a pesar de que el Fiscal pidió la posposición esta persona se quedó callada”.

En la embajada no hay un expediente sobre el caso para el que se contrató a Coppi, añade Berguido.
Agregó que el jurista le comentó que había un conflicto de interés: “yo no podía representar a ambas partes y mis instrucciones era velar por los intereses de Ricardo Martinelli”. Así, dice Berguido, zanjó Coppi el problema.

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