martes, 7 de octubre de 2014

Corte blinda información que debería ser de acceso público

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha negado a la ciudadanía el derecho de conocer quiénes visitan la institución, qué se registra en sus equipos de vigilancia o lo que ocurre en sus pasillos.

La prohibición fue oficializada ayer, con la publicación en Gaceta Oficial del Acuerdo 820, iniciativa de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la CSJ.

El acuerdo No. 820, fechado el 7 de julio, parece responder a la insistencia de La Estrella de Panamá de conocer el contenido de las grabaciones registradas en el sistema de videovigilancia de la institución, que servirían al exjuez Alexis Ballesteros como prueba de que ingresó a los despachos de los magistrados Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz para recibir instrucciones provenientes del Ejecutivo.

Según las denuncias del ex juez Ballesteros en marzo pasado, las órdenes para las decisiones de los fallos eran dadas por el actual presidente de la Corte, José Ayú Prado -firmante del acuerdo-, y el Magistrado Alejandro Moncada Luna, entonces presidente de la CSJ.

El Acuerdo 820, que también tiene el voto razonado de los magistrados Harley Mitchel y Luis Ramón Fábrega, es un blindaje a todo lo que ocurre en un edificio público que, en teoría, debería orientarse a la transparencia.

REACCIONES
La Estrella de Panamá, a través de sus métodos investigativos, determinó que ellos tenían los videos. Luego dijeron que estaban dañados; luego, que los borraron. Ahora los hacen de acceso restringido”, indicó el exjuez Ballesteros al conocer la noticia.

SE PROTEGEN ENTRE ELLOS
El constitucionalista Miguel A. Bernal considera que con esta acción los magistrados se protegen entre ellos y cuidan a Moncada Luna. “Eso atenta contra todo; contra la transparencia, la rendición de cuentas, la obligatoriedad de informar. Lejos de caminar hacia la transparencia, entran más en la oscuridad. Son verdaderos murciélagos de la oscuridad”, dijo el abogado.

Por su parte, el expresidente del Colegio de Abogados, César Ruiloba, denunció que en los últimos tiempos, los Magistrados están restringiendo el acceso a la Corte. “Hay un temor terrible; hacen revisiones a todo mundo, hay un miedo terrible no se a qué” exclamó el abogado.

NO SIRVE EL HÁBEAS DATA 
Ruiloba se pregunta de qué sirve el recurso de hábeas Data, “si se niega la información solicitada”. En su opinión, resulta irónico, ya que es la misma Sala Cuarta la que debe conocer de este recurso, el único mecanismo para conocer información clasificada.

“Mejor eliminemos y suprimamos este recurso porque no es funcional. No digamos que Panamá es un país democrático y transparente”, dijo en forma tajante.

El abogado litigante Rosendo Rivera manifestó que con esta acción se demuestra una vez más que “nos encontramos ante una organización criminal, que utiliza todo su engranaje para lograr sus objetivos.”

Rivera agregó que esta acción viola la Ley 6 que dicta los mecanismos de acceso al a información, y se hace justo cuando la Asamblea se apresta a hacer su trabajo de investigar la corruptela que existe en la Corte, indicó el litigante.

INTERESES OCULTOS
“Los Magistrados tienen sus intereses ocultos bien demarcados. El error en que ha caído uno de sus iguales los ha hecho recapacitar y crear los mecanismos necesarios para lograr la impunidad”, puntualizó Rivera.

LA PRUEBA REINA
Por un espacio de tres meses, La Estrella de Panamá intercambió misivas con Ayú Prado con el propósito de obtener una copia del reporte técnico que certificaría los daños ocurridos los días 24, 25, y 26 de febrero del corriente al equipo de video vigilancia de la Corte. Entonces, Ayú Prado había notificado a Ballesteros que le era imposible suministrar los videos por los daños.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Ayú Prado dijo que existían los documentos que autenticaban el daño. Luego indicó que los aparatos habían sufrido daños por fluctuaciones de energía, y ante la insistencia del medio, finalmente respondió que se habían borrado los videos.

Al restringir este material, so pretexto de considerarlo de “seguridad”, el Acuerdo parece curar en salud al propio Ayú Prado y al resto de los Magistrados y negarse a revelar quiénes los visitan, cuándo, y para qué fines. En caso de continuar las presiones a los jueces, la decisión dará luz verde para actuar con impunidad.

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