viernes, 25 de julio de 2014

El dilema de la legalización de las drogas

Con fines recreacionales o medicinales, la mariguana gana terreno en la despenalización. Algunos gobiernos se benefician con  un ingreso asegurado que antes pertenecía a los carteles de la droga

Es la droga del conformismo,  dice el Dr. Carlos Smith, psiquiatra a cargo  del Centro de Estudios y Tratamiento de Adicciones (CETA).  Se refiere a la mariguana, o cannabis, cuyo  uso,  con fines recreacionales o terapéuticos, ahora está de moda legalizar.

Para Smith, “legalizar la mariguana  es irresponsable”, y añade:  “Hoy en  día, hablar de mariguana es distinto que hace 30 años. En ese tiempo era natural;  pero ahora es decadente, se tienen otros componentes que han transformado el negocio en una manipulación agronómica o botánica con una industria en torno a eso. He ahí la discusión sobre  la legalización”.

Hay que ser realistas,  las iniciativas que han florecido a favor de la legalización de las drogas suaves germinaron en una espinosa realidad: la guerra global contra las drogas ha fracasado y es momento de un nuevo enfoque.  Y, siendo más realistas, en Panamá, por ejemplo,  los esfuerzos preventivos para evitar el consumo de cualquier droga o alcohol  son muy pobres. En cambio, las sumas destinadas en la llamada guerra contra el narcotráfico es multimillonaria. El dinero se enfoca a la represión.

En el 2013, el presupuesto asignado al Ministerio de Seguridad ascendió a más de $600 millones, un monto inédito, y en los cinco años del gobierno de  Ricardo Martinelli se invirtieron aproximadamente $2 mil 500 quinientos millones en seguridad.

Los resultados de este gasto son debatibles en cuanto a la efectividad en la disminución del crimen organizado en el país; pero en lo que no hay discusión  es que la cenicienta de esta trama no recibe ni el diez por ciento de estos dineros. Para la prevención quedan migajas.

Por ejemplo, la cuenta bancaria de la Comisión Nacional Para el Estudio y Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED) no excede de los $5  millones, y de los doce programas de prevención que instruye hace más de una década no se tiene una medición científica de sus resultados, lo que al final se traduce en una escasez de indicadores que permitan obtener una evaluación integral, tanto de los programas como  de quienes se benefician de ellos.  CONAPRED tampoco tiene un censo de la cantidad de adictos  a cualquier droga- que hay en el país.

POR SI ACASO
Si en Panamá, por ejemplo,  a alguien se le ocurriera proponer un proyecto para  legalizar la hierba verde, como  acaba de suceder en nuestro vecino  Colombia, donde  recientemente el senador del partido conservador Juan Manuel Galán planteó la iniciativa de legalizar la mariguana para uso terapéutico; o como en Uruguay, donde, con la idea de bajar los índices delincuenciales legalizaron la producción, la distribución y el consumo de la droga  con propósitos recreacionales;   o cómo lo han instalado  los estodounidenses en ciertos Estados con los mismos fines; ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué tan preparados estamos para este tipo de iniciativas?

Ya existe un antecedente.  Durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, el diputado y presidente de la Asamblea Nacional Carlos Alvarado (q.e.p.d.) anunció a la prensa su intención de presentar un proyecto de ley con esta intención. La idea no prosperó. Según contó tras bambalinas el propio diputado a unos periodistas,  alguien le habría llamado para que desistiera de la idea, especialmente cuando al momento de comunicar a la prensa su  anteproyecto se desarrollaba una cumbre en Panamá con la participación  de las Primeras Damas de Centroamérica, precisamente para hablar sobre prevención de drogas.

En estos momentos, un planteamiento similar sería nefasto, considera el personal de la Cruz Blanca. Sus terapeutas atienden todos los días a muchachos que llegan intoxicados en su mayoría con crispy -conjunto de hierbas rociadas con una forma de marihuana sintética- y alcohol. Para Getza Barragán, una de las psicólogas de la clínica, la idea de legalizar la mariguana es impensable.  En tono tajante expresa que   Panamá no esta preparada para ese paso.  Y lo  sustenta: afirma  que los sistemas de salud del Estado no cuentan con las instalaciones para la atención de las personas con abuso y dependencia de sustancias.

Además, agrega, tampoco se cuenta con un número suficiente de centros multidisciplinarios capaces de atender la alta demanda de pacientes que consumen y, para rematar, no hay suficientes profesionales idóneos para ocuparse de  los pacientes y familiares.

Barragán  coincide  con Smith en que uno de las justificaciones que se aducen como base para la legalización es que con ésta acción se disminuirán los asesinatos sangrientos y el contrabando de esta sustancia. Sin embargo, la psicóloga cuestiona: “Nuestra mejor prueba es que no hemos podido controlar las dos drogas legales que tenemos, ¿cómo vamos a hacer con tres?”.

Smith sabe, y lo   acepta, que las drogas le llevan mucha ventaja al gobierno y a la sociedad. También   reconoce  que otros tratan de ignorar que las primeras drogas que inducen al vicio  no tienen el nombre de mariguana; se llaman   alcohol y  tabaco.

Y por más que se busque mercadear la droga con sus efectos terapéuticos, el psiquiatra reafirma con propiedad que Panamá tiene un problema de adicción a la  mariguana: “Por más que se ha difundido a través de las redes que es una planta, que es natural y que no le hace daño a nadie, aunque en ocasiones no  cause efecto al individuo, existen muchos jóvenes a quienes si les afecta, y mucho”, observa el Dr. Smith.

LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA
Al  fiscal Primero de Drogas, Javier Caraballo, se le hizo la misma pregunta que al Dr. Smith y la psicóloga Barrgan;  pero  considerando que es quien se encarga de apresar a consumidores, traficantes y productores, se le agregó una  atenuante:   Si la lucha contra las drogas requería de una reorientación.

Por lo menos así lo  han alertado el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina; Juan Manuel Santos de Colombia;  el expresidente de México, Vicente Fox –quien se atrevió a decir públicamente que, de legalizarse la mariguana en México, él mismo la cultivaría y la vendería–; además de  otra serie de líderes políticos que se han pronunciado  a favor de una vuelta  de timón en la mal llamada guerra contra el narcotráfico  que,  por lo general, inicia con  la legalización de las drogas blandas.

Caraballo dice que no comparte esta idea, porque  la legalización trae bajo el brazo otras consecuencias negativas en varios sentidos: Primero, expresa,  porque  la legalización en un país específico o en una región provoca un efecto globo que agudiza los problemas de la nación; segundo, está el turismo  de consumo que atrae esta medida, y que asegura, tiene implicaciones terribles. En Panamá, dice, se requeriría una mayor cantidad de dinero para tratar a los consumidores. En países como el nuestro,  con presupuesto limitado, sería un reto difícil.  Para cerrar, menciona que  “la droga no llega al consumidor por arte de magia, alguien tiene que traficarla, distribuirla, etc., y legalizar el consumo implica el cómo llega esa droga a la población”.

Caraballo afirma que no conoce un país en el que se haya disminuido el presupuesto en seguridad por haber legalizado el cannabis, aunado a que la criminalidad tiende a desplazarse a otra sustancia y los gastos son los mismos.

Cifras de la fiscalía de Drogas señalan que un 30% de las personas procesadas por posesión simple  de drogas no van a la cárcel. Generalmente se les impone  una multa pecuniaria  o asisten a un programa de rehabilitación. La gran mayoría de estos casos son por posesión de mariguana, otros por cocaína o de crack.

¿QUÉ DICEN LOS NARCOS?
Un convicto por narcotráfico, quien solicitó obviar su nombre, analiza el tema de la legalización.  Dice que la medida no impactaría en una disminución de la violencia “porque entonces ya no se tendrían que pagar cuotas para corromper a los funcionarios en los aeropuertos, retenes, policías, pues el asunto sería legal”. Sin embargo, observa, prosperarían otra formas de crimen y extorsión, o se desarrollarían–como en efecto ocurre– nuevas drogas sintéticas como las sales de daño, éxtasis, popper, speed, que cuando se pagan el viaje les hace sentir un viaje placentero, pero  producen daños neurológicos  irreversibles que alteran la personalidad del individuo.
 
El entrevistado que tiene unos treinta años, y de esos unos 10 los ha vivido en el bajo mundo, hace algunas reflexiones sobre las ironías que ha vivido en su “labor”. Se pregunta, por ejemplo, cómo es posible que en un aeropuerto los funcionarios detengan a una “mula” que transporta dos kilos de cocaína, pero no vean la avioneta cargada con media tonelada de la misma droga que se estaciona en el hangar. ”Es una estupidez”, afirma.

Luego, agrega que las pérdidas en los envíos hacia Estados Unidos forman parte del riesgo del negocio; pero que en ocasiones ellos mismos mandan señuelos a las autoridades para facilitar el paso de cargamentos más grandes.

“A pesar de ser ilícito el tráfico de drogas beneficia a policías, funcionarios del gobierno, políticos, alcaldes, y a la economía”. Los ingresos no son exclusivos de los narcos, recalca.

LA RUTA CONTRA EL NARCO
¿Quién se ha preocupado por reducir la demanda en el consumo con la misma intensidad en que se libra la batalla policial o militar?

¿POR QUÉ JALA LA IDEA DE LEGALIZAR LA DROGA?
He aquí una posible explicación: Han transcurrido más de cincuenta años desde que los países del mundo se comprometieron en las Naciones Unidas a luchar contra las drogas mediante una política basada en prohibición y criminalización.

La fundación Beckley de Inglaterra ha efectuado extensos estudios sobre los resultados de esta lucha.  Hace un año, su  directora, Amanda Feilding, manifestó que “esta política ha producido un daño colateral terrible, principalmente en los países productores y de tráfico”. Es  hora de repensar la estrategia, afirmó.
 
Amanda es una de principales promotoras de la legalización de las drogas. En Latinoamérica ha tenido un apoyo sustantivo de Otto Pérez, presidente de Guatemala. También logró que el colombiano Juan Manuel Santos  se adhiriera a romper el tabú del debate a la reforma en la lucha contra las drogas, así como lo han hecho  otras personalidades del mundo político e intelectual.

Uno de los puntos fundamentales en esta nueva forma de pensar la guerra contra las drogas es considerar al adicto como un enfermo, no como un criminal. “No hay sentido en poner un record criminal o encarcelar a una persona solo por usar una droga si no le hacen daño a nadie”,  opina Feilding.

El segundo tema es que la Corte y la Policía no se preocupen por los consumidores, pequeños productores o traficantes que son quienes están en las cárceles actualmente.  Es gente que, ante la percepción de la directora de la fundación Beckley, no hace diferencia en las redes criminales, porque hay miles que pueden sustituirlos. Estas personas no deben ser el blanco de las autoridades, pero es claro que cada droga requiere de parámetros distintos de regulación.

El criterio de Amanda Feilding  es que la guerra contra las drogas se debe medir  no en función de cuánta gente se mete a la cárcel, o cuántas incautaciones se logran, o cuánto dinero destina cada país para esto. En realidad, deberían evaluarse en base a cuánta gente muere a causa de las drogas, cuántos contraen  VIH, cuántas personas son asesinadas en este camino, y cuántos crimenes se cometen para poder satisfacer la adicción a las drogas.

Feilding  es de la idea de que la mariguana será la primera de varias drogas que se legalizarán.

QUÉ PASÓ EN LOS PAÍSES DONDE SE DESPENALIZÓ EL CONSUMO 
Cuando en los Estados Unidos se decidió despenalizar el uso  recreacional de la mariguana en el 2013, en los Estados de Washington, Oregon y Colorado; el Instituto Mexicano para la Competitividad calculó que la medida traería una pérdida del 30% a los carteles mexicanos y mudaría éstos ingresos a las ciudades norteamericanas.

El primer día que se vendió legalmente mariguana en Colorado, se recaudaron  un millón de dólares por la venta de cannabis. Este año, según el Departamento de Ingresos de Colorado, las recaudaciones tributarias podrían alcanzar los $250 millones, y la cifra podría cuadriplicarse en dos años, cuando la ley permita ampliar los puntos de venta.  Actualmente más gente visita Colorado para fumar mariguana que para esquiar en sus blancas montañas.  El Estado, además, destinó $45 millones para prevención.

En Uruguay se podrá  comprar un gramo de cannabis por menos de un dólar a finales de este año. Según la reglamentación, cada consumidor podrá comprar hasta 40 gramos al mes. Los llamados clubs de consumo tendrán de 15 a 45 miembros, y la reglamentación de uso será muy similar a la del tabaco.

El gobierno uruguayo estima que en el país se consumen  entre 18 y 22 toneladas de mariguana al año,  por lo que el gobierno destinará un máximo de diez hectáreas para la siembra que podrán estar en manos de privados en un terreno del Estado.

Algunas otras regulaciones de la nueva disposición incluyen la custodia de las plantaciones por militares o policías y los costos correrán por el Estado.

En Holanda, uno de los pioneros en esta materia, existen unos 400 mil consumidores de cannabis en poco más de 16,6 millones de habitantes, y que, en tres décadas de su legalización, poca ha sido la variación en esta estadística. Cada año el país recibe 4 millones de turistas que buscan la droga y por eso algunas ciudades que colindan  con Francia y Bélgica cerraron sus fronteras.

El diario francés Libertation cifró las ganancias  que le da la mariguana a Holanda entre el  1 y 2% de su Producto Interno Bruto.

Justo cuando Uruguay debatía acerca de la legalización, en Holanda se restringía el acceso de consumidores a los populares Coffe Shops y limitar la entrada de turistas de  la droga,  por considerar que favorecen el crimen organizado y el tráfico de drogas.
 
El criminólogo Tim Boekhout nacido en Holanda,  opina que  la prohibición es más peligrosa que la mariguana misma, pues los consumidores se dirigen  a los circuitos ilegales y la criminalidad aumenta. Al reglamentarla, en cambio,  la criminalidad disminuye y se pueden cobrar impuestos sobre a venta y controlar la calidad de la droga.

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