miércoles, 8 de agosto de 2012

Casi un 50 por ciento de los homicidios quedan impunes


En el año 2012 entre las cuatro fiscalías superiores de la Procuraduría General de la Nación efectuó 278 llamamientos a juicio, pero también pidieron a los jueces que se otorgara sobreseimiento a 254 casos.

Estas cifras hablan de casi un 50% en que las investigaciones de los fiscales no logran comprobar el delito, o que habiendo delito la persona vinculada aporte pruebas para desprenderse de la acusación, o bien que no se logre vincular a persona alguna al homicidio. Otros casos, tal vez los menos, son por defensa propia. De los casos de sobreseimiento que se registran, aproximadamente un 30% de ellos arroja que los imputados no están vinculados con el hecho, es decir, que la persona a la cual se acusó no tenía ningún tipo de relación con el caso en investigación.

Al mes de agosto se han cometido 369 homicidios en el país, 18 menos que el año pasado a la misma fecha.

Las cifras pueden ponerle los pelos de punta a cualquiera, pues obliga a reflexionar sobre la investigación que se origina en el campo con los agentes de la Dirección de Investigación Judicial, posterior a la labor que realizan los fiscales en las pruebas de campo, la reconstrucción de los hechos y las indagatorias para encontrar la verdad de los hechos y las bases que acompañen los expediente de los imputados a los tribunales.

Así las cosas, un procedimiento en este tipo de delitos, como en muchos otros, iniciaría por la denuncia o el hecho en sí, posteriormente un proceso primario de investigación y la vinculación. Después de la valoración de todos estos elementos es cuando el fiscal puede solicitar a los tribunales un tiempo mas largo para continuar su investigación, o puede solicitar el llamamiento a juicio y como ocurre se pida un sobreseimiento para imputado.

Es el código del silencio muchas veces lo que prima a la hora de recabar pruebas, mucho se debe al temor de futuras represalias, en otras ocasiones la gente prefiere simplemente cerrar las puertas de casa y no involucrarse en nada de o que pase de la puerta hacia fuera. Y hay también los casos en que la boca queda cerrada para evitar que entren moscas después de las amenazas.

"El código silencio es un dique para que fluya la información hacia las autoridades, son los caos de rencillas, pandillerismo, narcotráfico y homicidio de secuestros" afirma la Fiscal Superior Argentina Barrera.

La mujer con mas de 25 años de carrera judicial afirma que las en muchas ocasiones se presentan retractaciones, o que las personas señalan a alguien y cuando se ubica al individuo muchas veces se retractan, o incluso en la misma audiencia cambian su versión de los hechos desvinculando al referido. Todo esto por amenazas, por temor o por haber sido accesado por los intereses del procesado. Este tipo de situaciones, dice Barrera impiden las condenas.

Pero no todo es a base de testigos, que sería lo ideal. Sino que también, así como en los programas de televisión las pruebas científicas conforman un valor probatorio importante en estos expedientes. En este caso la contaminación de la escena echa al traste la colección de objetos, cabellos, ropa, fibras, huellas dactilares, pisadas o cualquier elemento que guarde relación con el asesino. Pero al parecer ni ese tipo de elementos logra aportar las pruebas que requiere el fiscal antes de presentarse ante el juez.

La ausencia de pruebas científicas en una escena primaria y secundaria dificulta la labor de investigación para vincular al autor del hecho.

En muchos casos, alega el Mayor retirado de la Policía Nacional, Carlos Icaza, la fiscalía basa sus acusaciones en testigos protegidos que en ocasiones puede tratarse de personas enemigas al acusado pero que no necesariamente conocen la verdad de los hechos, mas bien lo vinculan al homicidio porque prefieren que este guardado un tiempo. Investigaciones en casos de droga han abusado de esta figura en situaciones donde el mismo testigo tiene dos y tres nombres con testimonios distintos. Las quejas sobre la forma en que se le brinda protección a las personas que desean colaborar con la justicia parece estar distorsionada. La versión de esta figura debe ser corroborada, pero en muchos casos esto no ocurre por parte de las fiscalías, no hay una razón lógica de porqué ocurre esto, pero parece ser un caso repetido en los expedientes del Ministerio Público.

En provincias centrales donde el Sistema Penal Acusatorio entró en vigencia a principios de año, hasta el momento se han registrado 33 homicidios de los cuales 6 están condenados, 5 por aceptaron culpa por acuerdo y uno fue condenado en juicio. El resto esta en investigación. El tiempo de investigación se ha reducido considerablemente; 56,9 días en promedio hasta el momento de la condena cuando anteriormente se tardaba 172,6 días el mismo proceso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario