El canciller Javier Martínez Acha ofreció una conferencia de prensa en la que negó categóricamente que Méndez sea objeto de persecución o que su vida corra peligro.
Ciudad de Panamá. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, solicitó asilo político en la embajada de Bolivia en Panamá en la madrugada del miércoles 21 de mayo, alegando ser víctima de persecución política y temer por su vida bajo el gobierno del presidente José Raúl Mulino.
Según una fuente de la Cancillería consultada por melodijoadelita.com, Méndez habría intentado ingresar a otras sedes diplomáticas con el mismo propósito, aunque no se precisaron cuáles.
De acuerdo con el reporte, Méndez irrumpió en la embajada boliviana cerca de las 2:00 a.m., tras saltar la cerca perimetral y tocar insistentemente la puerta de la residencia diplomática, hasta que fue atendido por el encargado de negocios, Carlos Javier Suárez, quien reside en el lugar. El líder sindical entregó una carta en la que formalizaba su solicitud de asilo político, la cual fue recibida y procesada de inmediato.
Suárez retuvo los teléfonos celulares de Méndez, le prohibió el uso de redes sociales y restringió las visitas de colegas sindicales y contacto con la prensa, aunque se le permite recibir familiares, según una fuente diplomática que habló con Melodijoadelita. Más tarde, el diplomático entregó una nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores panameño informando del hecho y señalando que la petición será evaluada por el Consejo Nacional de Refugiados de Bolivia, con sede en La Paz, el cual tiene un plazo de hasta 90 días para emitir una decisión.
Mientras tanto, Méndez permanece bajo protección temporal dentro de la embajada boliviana.
En horas de la tarde, el canciller Javier Martínez Acha ofreció una conferencia de prensa en la que negó categóricamente que Méndez sea objeto de persecución o que su vida corra peligro. “El gobierno respeta el Estado de Derecho y nuestra Constitución garantiza las libertades fundamentales de todos los ciudadanos”, afirmó. Además, cuestionó el rol actual del Suntracs, al señalar que se ha desviado de la función social que debe desempeñar un sindicato.
La fuente diplomática añadió con la condición de anonimato que, en caso de que Bolivia decida conceder el asilo, Panamá no se opondrá a emitir un salvoconducto para facilitar el traslado del dirigente sindical.
El trasfondo: investigaciones por presunto blanqueo y fraude
La solicitud de Méndez ocurre en medio de una serie de investigaciones que involucran al sindicato y sus directivos. Una auditoría realizada por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) reveló "graves irregularidades en la cooperativa del Suntracs, incluyendo la triangulación del 79% de sus fondos hacia empresas relacionadas con miembros del sindicato", según auditoría del Ipacoop. Solo 160 de los más de dos mil afiliados mantenían ahorros en la cooperativa, de acuerdo a las investigaciones de la institución. El Ipacoop decidió cancelar su personería jurídica.
Paralelamente, la jueza de Garantías ordenó la detención e imputación de cargos por blanqueo de capitales y otros delitos financieros contra el dirigente Jaime Caballero, tras un informe de la Dirección de Investigación Judicial que mostraba inconsistencias entre sus ingresos y el capital que manejaba.
Ese mismo miércoles, la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada emitió órdenes de aprehensión contra otros miembros de la cúpula sindical, entre ellos Genaro López, por presuntos delitos como estafa agravada, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato, derivados de una querella presentada en 2022 por exobreros de un proyecto en la isla de Bastimentos, Bocas del Toro.
Durante la tarde, unidades policiales allanaron las sedes del sindicato en la capital y en San Miguelito. El abogado del Suntracs, Antonio Vargas, denunció que los operativos fueron intimidatorios y que los fiscales “se fueron con un acta, sin pruebas”. Añadió que presentarán un recurso legal contra la orden de allanamiento.
Sin cuentas bancarias
El Suntracs actualmente no dispone de cuentas bancarias propias. Estas le fueron cerradas durante la administración de Laurentino Cortizo por movimientos financieros sospechosos. Posteriormente, con la llegada de Mulino, el Banco Nacional reabrió cuentas para el sindicato. Suntracs se financia principalmente con una retención del 2% del salario de sus miembros, un mecanismo que ahora también está bajo el escrutinio público.
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