miércoles, 15 de julio de 2020

El desafío de probar el tráfico ilegal de armas de guerra a seis exdirectores de la fuerza pública


Exdirectores de estamentos de seguridad atienden audiencia de formulación de cargos por tráfico ilegal de armas de guerra. Delito que deberá probar la fiscalía Contra el Crimen Organizado tras la operación 'Furia'

Seis exdirectores de estamentos de seguridad del país, mayores y comisionados de la fuerza pública, aunado a otras figuras políticas se presentaron ante el juez de garantías Eric González a propósito de la acusación de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado por el supuesto delito de tráfico ilegal de armas.

Los fiscales Emeldo Márquez y Juan Correa de la fiscalía en mención, solicitaron este 15 de julio una audiencia que en el argot legal denominan combo. Es decir, una en la que se pretende legalizar la detención de los acusados, imputar cargos y solicitar medidas cautelares. De los 19 detenidos durante la operación 'Furia', solo 8 acudieron a la audiencia. Algunas personas fueron desaprehendidas en horas de la madrugada del 15 de julio, tal es el caso del representante Ricardo Domínguez y la señora Erica Vargas, esposa de Belsio González, exdirector del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el exdirector de la Policía Julio Moltó, y otras personas que adquirieron las armas de forma legal bajo la presunción de legalidad, ya sea para defensa personal o como coleccionistas.

Poco a poco arribaron a la audiencia los defensores técnicos: Rosendo Miranda en representación del exdirector de la Policía Nacional Omar Pinzón (2014-2018); Marcela Araúz, de Rafael Bárcenas exdirector de Aeronáutica Civil (2009); Yohan Madrigales, apoderado de Frank Ábrego, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (2009-2016); Gustavo Bailey Palacios en representación de Juan Pineda; Víctor Alvarado abogado de Luis Zegarro exdirector de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) (2014-2016); Julio Fidel Macías apoderado de Belsio González, exdirector del Senan (2010-2017); Eduardo Camacho, de Roberto García Dapena; Nicolás Brea defensa de Jack Btesh, dueño de la empresa Aerotécnica de Panamá proveedor las armas a los estamentos de seguridad.

La audiencia dio inició a las 2:30 de la tarde en el Sistema Penal Acusatorio a raíz de la operación "Furia" efectuada un día antes con el propósito de incautar supuestas armas de guerra que estaban en posesión de los 19 detenidos. Un día antes, la fiscalía efectuó 28 diligencias de allanamiento simultánea a las residencias en las que informaron sobre la recuperación de "34 de más de 80 armas que supuestamente forman parte de la trama de tráfico ilegal de armas de guerra que se adquirieron por parte del Estado a través de estamentos de seguridad y que terminaron en manos de particulares y directores de estamentos de seguridad de turno", según indicaron en conferencia de prensa.

La fiscalía sostiene que los anteriores participaron de alguna u otra forma en el tráfico ilegal de armas de guerra, un delito que la fiscalía deberá probar ante los tribunales.

Los entendidos en la materia explican que las armas de guerra se caracterizan por su capacidad de accionar de forma automática mediante ráfagas o ametrallamiento con solo presionar una vez el disparador. No obstante, durante la conferencia de prensa, las autoridades calificaron dichas armas como de guerra basados en el calibre, y no necesariamente por la función del disparador.

Esa será una de las tareas cruciales de la fiscalía, probar con un perito en un campo de tiro que demuestre que el disparador de las armas en cuestión desencadena ráfagas automáticas, para que puedan acreditarse como armas de guerra en posesión de los mencionados, a pesar de que fueron adquiridas con permiso del Estado y cuyo usuario final supuestamente era la entidad contratante.

Debajo del brazo, los abogados iban armados con documentación que creían exonararía a sus clientes de los cargos. Una era la Ley General de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados (ley 57 de 2011) contempla en el artículo 15, que los calibres permitidos son las armas de uso particular, las que no son de guerra y se subdividen en cortas y largas pero comprenden todos los calibres.

La ley no contempla restricción de calibre del arma.

En el caso que nos ocupa, señalan los especialistas, la fiscalía debería analizar la forma en que se expidieron los permisos de las armas, pues "había miles de solicitudes a la espera de firmas de las autoridades, no obstante, al parecer los permisos para quienes adquirieron estas armas se efectuaron sin tanta espera", indicó uno de los abogados.

A pesar de la gran exposición mediática que ha tenido el caso, ya empiezan a correr los rumores de que todo se enraíza en una lucha intestina por el control de la seguridad y pases de cuentas entre mandos.

¿MUESTRARIO O COMPRA?
Otro punto a considerar en la investigación es una aparente contradicción entre la versión de la fiscalía, que sostiene que las armas fueron compradas por el gobierno para los estamentos de seguridad, mientras que algunos abogados afirman que se trató muestras que importó la empresa en 2014, con los permisos requeridos, con la intención de saber si los estamentos de seguridad se interesaban en adquirirlas.

Cuando no hubo interés en la compra, señala Isaac Braverman conocedor del negocio de armas, "las mismas se podían vender en el mercado local de forma legal". El caso es que algunas fueron donadas o regaladas a los directores que ahora se les vincula al caso.

En algunas situaciones, como el de Belsio González, su abogado Norman Castro, sin precisar la fecha aseguró que su cliente devolvió el rifle marca IWI que le habían regalado. En el allanamiento efectuado en su residencia se halló un rifle y un revolver que estaba a nombre de su esposa Erica.

La audiencia celebrada ayer pretendía imputar cargos a los mencionados, sin embargo, al cierre de esta edición aún continuaba la prolongada sesión que prometía culminar en horas de la noche debido a la cantidad de personas involucradas.

En el expediente que inició en marzo de 2019, aparecen listas de los compradores de armas en diferentes años, de ahí que algunos civiles hayan sido detenidos y después de unas horas desaprehendidos aunque no desvinculados del caso totalmente. La investigación nace con una información de inteligencia de una fuente que alertó a las autoridades sobre actividades de tráfico internacional de armas. El denunciante proporcionó varias series de armas de guerra que llegaron al país para algún estamento de seguridad, pero luego fueron registradas por medio de algún mecanismo de falsificación a personas naturales.

EL CASO DE PICUIRO
Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad (2014-2019), sabe que la Fiscalía pretende imputarle cargos en la próxima audiencia que se presente. Es lo que señaló su abogado, Ángel Álvarez, quien indicó que luego de celebrar una audiencia virtual ayer ante un juez de garantías en Santiago de Veraguas, el fiscal Juan Domingo de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, prefirió agendar una nueva audiencia en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá para imputar cargos a su cliente. El caso de López será tratado en la misma carpeta de investigación pero se efectuará en otra audiencia ante un juez de garantías sobre el supuesto tráfico de armas de guerra. López no está detenido y aún no pesa sobre él una medida cautelar.

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