martes, 23 de octubre de 2018

Gabinete definirá nombres de posibles magistrados

A casi un año de haberse vencido el periodo de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo enviará los nombres de dos principales para el cargo desafiando una Comisión de Credenciales adversa y la aprobación del presupuesto general del Estado

El Ejecutivo se dispone a enviar a la Asamblea Nacional los nombres de 3 candidatos al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a casi un año de que culmine el periodo de dos de sus miembros.

La revisión de las hojas de vida de 20 candidatos seleccionados por el Ejecutivo se efectuará hoy en Consejo de Gabinete, así como también es probable que los ministros acojan las recomendaciones efectuadas por la Asamblea Nacional que sugirió un reacomodo de $420 millones a dicho presupuesto.

El 4 de octubre pasado, la Asamblea devolvió al Ejecutivo el documento con varias recomendaciones, entre ellas un incremento de $25 millones para el funcionamiento del Legislativo, que también puede impactar positivamente en los circuitos de los diputados que buscan reelegirse.

Las designaciones del Ejecutivo, no obstante, deben pasar el primer filtro en la Comisión de Credenciales que en estos momentos se encuentra presidida por Sergio Gálvez, miembro del partido Cambio Democrático y gran amigo del expresidente Ricardo Martinelli a quien se le sigue un proceso en la CSJ por cuatro supuestos delitos.

El llamado del mandatario Juan Carlos Varela a sus ministros, se cristaliza a días de que culmine el periodo de sesiones regulares en el Parlamento que vence el próximo 31 de octubre, aunque adelantó que podría convocar a sesiones extraordinarias para este fin.

Algunos consultados advierten que la intención del mandatario es cumplir con su responsabilidad de hacer los nombramientos, a sabiendas que podrían ser rechazados por los diputados como ocurrió en febrero pasado, cuando los parlamentarios declinaron la designación de Ana Lucrecia Tovar (esposa de un exviceministro) y Zuleyka Moore (fiscal Anticorrupción). En esa misma oportunidad se envió a la Asamblea el nombramiento de 3 suplentes, Luis Camargo, Judith Cossú y Katia Di Bello. La Comisión votó a favor, pero dejó en suspenso estos nombramientos ya que nunca enviaron la decisión al Pleno.

Cossú y Camargo, perfiles completos, aspiran ahora para el cargo de principales. De ser electos, la Asamblea debería rechazar la Resolución de la Comisión de Credenciales que aprobaba sus suplencias.

Otro aspecto a considerar es que dos aspirantes a cargos principales han salido de la lista. Se trata del exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez y de la asesora legal del Ministerio de Relaciones Exteriores Farah Urrutia. Esta última designada como Secretaria de Seguridad Multidimensional, en la Organización de Estados Americanos.

Márquez renunció a su aspiración por no estar conforme con la manera en que se estaban manejando el tópico. “El nombramiento debe hacerse oportunamente ya que después abre camino a las conjeturas de las negociaciones”, explicó Márquez.

Ahora bien, el Presidente tiene la facultad de nombrar a una persona fuera de las recomendadas del Pacto de Estado Por la Justicia que entrevistó a los 20 candidatos y emitió su informe.

Carlos Lee, miembro de Alianza Ciudadana Pro Justicia, que a la vez forma parte del Pacto de Estado por la Justicia, indicó que la del mandatario es una reacción tardía ya que tiene meses de haber recibido la evaluación del Pacto.

“Aun cuando llame a sesiones extraordinarias, es reiterativo que siempre las designaciones de magistrados -ni este ni ningún gobierno- le dan la importancia de discutir el tema lo más amplio posible. Me imagino que lo está haciendo para no quedar en falta antes de terminar el periodo de gobierno”, exclamó Lee.

Alfonso Fraguela, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, añade que se ha mencionado la posibilidad de ratificar en su cargo a Jerónimo Mejía, magistrado y Juez de Garantías en el caso que se le sigue a Martinelli.

Esta decisión no es acertada para Fraguela, porque si se ratificara a Mejía un segundo periodo, “la opinión pública pudiera percibir que es un espaldarazo del Presidente al magistrado y eso deterioraría aún más la imagen de la Corte”.

Un ambiente que enrarecería la reputación de la CSJ porque la prolongación en el cargo puede percibirse como un premio del Ejecutivo. “En ese sentido, si se trata de una designación objetiva, deberían de dejar a Oydén Ortega otro periodo más”, concluye Fraguela.

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal alerta sobre “una gran negociación entre los diputados de los 3 partidos políticos, y en la misma, entra el presente y el futuro de Martinelli. “Un asunto muy peligroso para el país porque van a prevalecer los intereses de los diputados, quienes cogen fuerza por las futuras tareas a seguir”, indicó Bernal.

INFORME
El Pacto de Estado por la Justicia recomendó un perfil del próximo magistrado. Entre las cualidades sugirió que tuviera ética y prestigio, experiencia jurídica, compromiso social, compromiso con los derechos humanos y la democracia, transparencia, e independencia.

Entre las recomendaciones, el Pacto decidió presentar observaciones pertinentes para cada candidato y 3 por cada sala que más se acercan al perfil sugerido.

Para la Sala Civil recomendaron a Juan Francisco Castillo, Luis Camargo (que había aspirado a cargo de suplente) y María Eugenia López. Mientras que para la Sala Penal, sugirieron el nombramiento de Luis Mario Carrasco (actual magistrado del Segundo Tribunal de Justicia y suplente de la Sala Penal), y Maruquel Castroverde (actual fiscal superior).

Los nombramientos de los magistrados de la CSJ han sido cuestionados por percibirse como faltos de independencia. La forma de su designación es materia de análisis para en la próxima reforma a la Carta Magna.

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