miércoles, 13 de diciembre de 2017

Ambigüedad en la Corte causaría nulidad en casos de Martinelli

Un laberinto judicial desata la falta de definición de la Corte Suprema de Justicia en los juicios especiales que no se ha validado si debe imputar o acusar a un aforado. Lo que provoca confusión y posible nulidad

La Corte Suprema de Justicia aún no ha validado si en los juicios especiales deben imputar o acusar a un diputado al momento de iniciar un proceso en su contra.

Mientras esto no se defina, primará un laberinto judicial que obstruirá la verdad y podría anular los procesos.

“Todos los juicios especiales están articulados para esto. Deben derogarse los juicios especiales para evitar que la justicia no se pronuncie de forma efectiva”, manifiesta Juan Carlos Araúz, abogado penalista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con otros juristas consultados, los juicios especiales, como es el caso del exmandatario Ricardo Martinelli por ser parlamentario, no cuentan con una doble instancia. Es decir, un segundo tribunal que permita la apelación de la decisión del tribunal que juzga. Hecho que viola el derecho a la defensa del implicado, y que a la postre, puede causar que una instancia internacional declare la nulidad del caso.

Al respecto, ya existen precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó al vecino país, Colombia, reorganizar la Sala Penal para que en casos de aforados se proceda a un recurso de apelación e impugnación. A raíz de este fallo, la Corte colombiana se vio obligada a crear subcomisiones en la Sala Penal para que los jueces que investigan a parlamentarios o aforados, se declaren impedidos cuando hubieren formulado una acusación. Es decir, que en la Sala Penal debía existir una división de funciones entre sus integrantes.

Existe en el ambiente una confusión de roles entre magistrados que juzgan y los que investigan. “En esta confusión de roles, se puede debatir la imparcialidad del Tribunal que le corresponde juzgar a Martinelli”, indicó Araúz.

El martes en la madrugada, en audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia, el Pleno imputó y ordenó la detención provisional con fines de extradición del expresidente Martinelli por el caso de los indultos.

Martinelli, quien cumplió el 12 de diciembre seis meses detenido en la Prisión Federal de Miami, Florida, Estados Unidos, espera una audiencia de revisión de la orden de extradición ordenada por el juez Edwin Torres en el caso de los pinchazos telefónicos. En éste último caso, Martinelli fue acusado por el magistrado fiscal Harry Díaz.

He ahí el laberinto judicialque daría pie a la defensa de Martinelli para apelar ante la CIDH y que ésta se pronuncie a favor del exmandatario por lo plasmado arriba.

“Tenemos un problema de estructura en el proceso, toda vez que, los juicios especiales regulados en el Código Procesal Penal, contemplaron reglas distintas a los juicios ordinarios. En esas reglas diferentes, se introdujo una ambigüedad en el tema de imputación y acusación”, explica Araúz.

Este debate de la norma ambigua se debe materializar entre las partes del proceso y el juez de garantías.

En esta arena judicial, aunque la hoja de ruta para solicitar la extradición a Estados Unidos sea idéntica, los magistrados procedieron a acusar a Martinelli en el caso de los pinchazos telefónicos, mientras que en el reciente, se optó por la vía de la imputación.

La defensa de Martinelli no se ha cansado de utilizar este argumento ante la Corte de Miami, aunque finalmente no le ha sido de utilidad. Cuando el juez Edwin Torres ordenó su extradición el pasado 31 de agosto, estableció que no entraría a debatir los asuntos internos de la Corte panameña.

El Sistema Penal Acusatorio (SPA) previó que, indistintamente se quiera discutir nulidades, éstas deben ser por actos. Es decir, si la defensa de Martinelli está en contra de Harry Díaz por acusar y no por imputar a su cliente, “entonces se soluciona retrotrayéndose al acto anterior, se anula la acusación y se imputa al implicado. Un acto que procede únicamente cuando Martinelli sea extraditado y esté frente a frente con los magistrados”, explica Araúz.

La indeterminación de la Corte puede jugar a favor de Martinelli. De acuerdo al abogado penalista Víctor Almengor, “en el caso de los pinchazos se hizo una acusación, no una imputación, y lo investigaron sin él saber. Lo que viola principios del debido proceso establecido en el SPA”.

Mientras que en los indultos se le imputó, “lo que da luz verde al periodo de investigación en el que la defensa puede oponerse a cualquier acción del fiscal y/o aportar pruebas a su favor”, añadió el jurista.

Almengor presenta un panorama muy similar al ocurrido en Colombia: “La defensa de Martinelli podría pedir a la Corte la nulidad del caso de los pinchazos. Le fallarán en contra, pero con eso tiene argumentos para acudir ante la CIDH, donde le fallarían a favor por los antecedentes que hay en Latinoamérica”, indicó.

Un tópico, que hasta no ser debatido y aclarado por la Corte panameña, en cuanto al a forma de proceder en juicios especiales, traerá consigo desconcierto.

Francisco Carreira, abogado querellante en el caso de los pinchazos, recuerda que la “defensa de Martinelli desde el día uno, ha mantenido el tema de la no imputación en la Corte de Miami. La reciente imputación crea más dudas con respecto al caso de los pinchazos”.

La gran pregunta para Carreira es ¿qué valides le dan los magistrados al cuestionamiento de la necesidad de imputar o acusar? “Algunos abogados opinan que no es necesario imputar, otros contradicen la idea. Al tratarse de un proceso en el que la Corte sea la misma que investiga y juzga, se convierte en la locura más grande de nuestra realidad”, dice el querellante.

Carreira analiza que la defensa de Martinelli se ha quedado prácticamente sin argumentos en el proceso de los pinchazos, “por eso han insistido en atacar el caso al decir que hay una nulidad por falta de una imputación. Razón por la que hubo horas de discusión entre los magistrados de la Corte en el caso de los indultos antes de emitir su decisión”, añadió el abogado.

DE ANUNCIOS Y PROMESAS
El expresidente Ricardo Martinelli goza de un nutrido equipo legal. En las conferencias de prensa se ha notado la presencia de más de una docena de asesores legales. Hace un par de semanas, Luis Eduardo Camacho indicó que Martinelli evaluaba renunciar al Parlamento Centroamericano. La medida, lo desaforaríay continuaría los procesos en su contra bajo el paragüas del Ministerio Público. Sin embargo, ésto no se ha concretado.

En conferencia de prensa en julio de 2017, el amplio equipo legal advirtió que interpondrá una querella en contra de funcionarios de la Cancillería y el embajador de Panamá en Washington, Emanuel González Revilla, por usurpación de funciones públicas, tras haber incorporado en forma extemporánea un documento al expediente con fines de extradición del exmandatario que reposa en Estados Unidos. Esta demanda no se ha concretado.


En ese mismo acto, dijeron que tomarían acciones legales en contra de Susan Benda, asistente jurídica de la oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado, supuestamente por haber incluido en el expediente en forma irregular la declaración jurada de William Pitti, uno de los testigos del caso de los pinchazos telefónicos. Esta acción tampoco se ha efectuado hasta la fecha.

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