jueves, 10 de marzo de 2016

Presentarán recurso contra presidente de Comisón de Credenciales

Sentado y con las manos vacías se quedó el juez Juan Domingo Ibarra, uno de los principales querellantes contra el presidente de la Corte Ayú Prado, después de que en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional le negaran acceso a las copias del informe sobre las querellas que realizó la diputada Zulay Rodríguez, y que se pretenden discutir su admisión o no el miércoles próximo en la Comisión.

Molesto por el incidente, decidió que lunes presentará un Habeas Data ante la Corte Suprema de Justicia “porque están incumpliendo con el artículo 833 del Código Judicial en su segundo párrafo donde asegura la copia del expediente a las partes en un proceso, y también están violando la Ley de Transparencia”, expresó con enojo.

El juez Ibarra pretende, además, presentar el mismo lunes una recusación al presidente de la Comisión, Jorge Arrocha, por haber manifestado su criterio sobre las demandas presentadas contra el magistrado Ayú Prado en un foro organizado en una universidad de la localidad. Hecho, según el juez, “que ha efectuado en reiteradas ocasiones, y por tanto debe declararse impedido”.

El juez indicó que llegó a la Comisión de Credenciales ayer a eso de las 9 de la mañana y solicitó copias del informe después de haber presentado solicitud formal un día anterior. Ahí lo atendieron una secretaria y un asesor legal que le indicaron que no podían dar copias sin la autorización del presidente de la Comisión Jorge Iván Arrocha. El juez respondió que se trataba de un derecho que le asistía como parte del proceso, por ser querellante, y por tanto no le podían negar el informe.

Luego de permanecer varias horas ahí, cuenta que caminó a la Secretaría General de la Asamblea donde presentó la solicitud inicial, pero las palabras de los funcionarios fueron las mismas.

El juez querelló a Ayú Prado por un abanico de delitos: abuso de autoridad, extralimitación de funciones, simulación de hecho punible, tráfico de influencias, omisión, entre otros.

“El haberme negado las copias significa que entre menos gente lea el expediente antes de ser discutido, hay mayor chance de manipularlo”, dijo. El juez penal de adolescentes de Colón, Ibarra, que actualmente se encuentra suspendido por orden del Segundo Tribunal, tiene preocupación por el futuro de las denuncias que interpuso, porque dice, “que se escuchan rumores en el Palacio Legislativo de que se está tratando de llegar a un acuerdo para que se archiven los expedientes”.

Este diario intentó ubicar una respuesta del diputado Jorge Iván Arrocha pero fue infructuoso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario