jueves, 22 de octubre de 2015

Las leyes facilitan el reclutamiento de víctimas de trata

La permisividad de la prostitución en Panamá es la puerta del delito para las personas que arriban al país engañadas de que tendrán un trabajo como prostitutas en un club nocturno. Falta capacitación del personal

A las mujeres las reclutan para prostitución y las usan después para tráfico de órganos. [crédito APRAMP]


El tráfico de personas existe y en Panamá se han registrado casos. “Dos mujeres colombianas, Angélica y Daniela, a diferencia de Luciana (que pensaba que venía a Panamá a bailar como nudista) admiten haber venido al país por sus propios medios, conscientes de que ejercerían la prostitución, pero las engañaron en el centro nocturno con las condiciones de trabajo, en el que las obligaban a estar con diez hombres por noche y recibían cien dólares diarios”.

Este es el testimonio de dos mujeres víctimas del delito de trata de personas que recoge un estudio elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2014.

Las víctimas ingresan por el aeropuerto internacional de Tocumen, como cualquier otro inmigrante motivado por los dólares que ganará en en su nuevo empleo. Piensan, como se les ha prometido, que van a trabajar en un “night club”, ejerciendo la prostitución, gracias a la permisividad que hay en el país en este oficio. Pero cuando llegan, se encuentran con una situación diferente: pagan con trabajo una deuda incalculable e hipotecan su libertad.

OFERTA Y ENGAÑO
Los primeros síntomas de que ocurre un delito de trata de personas se detectan en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), cuando la aplicante asiste a la entrevista para una visa de “bailarina de espectáculos” (antes alternadora) y presenta la copia del pasaporte, como hace el 20% de las interesadas, aduciendo que “la empresa guarda el documento original”. Primera sospecha. A la salida, alguien las espera. No hablan mucho y en ocasiones muestran golpes en la cara o el cuerpo.

SEGUNDA SOSPECHA
Lo preocupante es que el personal del Ministerio que entrevista a las mujeres, y que podría identificar estos casos, no está adiestrado para la tarea. “Son burócratas, solo recogen datos y aprueban, o rechazan la solicitud”, relata quien ha sido testigo de estas entrevistas, pero prefiere no revelar su identidad.

Aunado a esto, no hay registro ni información sobre los casos de trata contra personas a quienes se haya otorgado permisos de trabajo.

“En Panamá harán mucho dinero por noche”. Es la frase que engaña a cientos de mujeres, en especial colombianas originarias del eje cafetalero y que caen en las garras de las redes de quienes las trafican. Empujadas por encontrar una mejor suerte en el istmo, aceptan la oferta de sus “reclutadores”, que se encargan de costear el viaje, pasaporte y hasta los $500 que exigen las autoridades migratorias al turista, como prueba de solvencia económica, al ingresar al país.

La oferta esconde todo un mecanismo para crear una deuda impagable que servirá al tratante como medio de coacción en caso de que la víctima intente huir. El monto inicial del préstamo oscila entre los $2 mil, y los $10 mil en caso de que la mujer sea trasladada a otro continente.

“Lo que no cuentan los tratantes a las víctimas son las condiciones de explotación a las que estarán sometidas y que en ocasiones se les obliga a estar hasta con diez hombres por noche”, indica Gonzalo Medina, representante de la OIM en Panamá.

Hay que tener presente que en el caso del proxenetismo “existe un consentimiento de parte de la víctima quien es consciente de las condiciones en que va operar. En la trata no se han consentido las reglas, y las someten a unas situaciones que desconocían”, agrega Medina.

Según la OIM, los tratantes cuentan con bitácoras, agendas donde apuntan los clientes que ha tenido cada mujer y al final del día sostienen que la chica no ha completado la “cuota” y le impone una “multa”. Las víctimas no tienen control sobre el horario de trabajo, ni las condiciones en que viven (que en muchos casos es en el mismo local nocturno). Están sometidas a amenazas personales y contra su familia.

Medina sostiene que ”algunas legislaciones panameñas facilitan las condiciones para el reclutamiento de las víctimas”.

LA PUERTA AL DELITO
En el Ministerio son conscientes de ello. “El Mitradel legaliza la entrada de la chicas, pero también puede ser la puerta al delito”, indica Magsandra Ábrego, jefa de migración laboral del Mitradel.

“Capacitamos a los funcionarios para que hagan una labor minuciosa y recopilen datos que revelen la condición de las mujeres”, dice.

Clama por un esfuerzo interinstitucional, puesto que desconoce qué pasa con la solicitante cuando abandona el Ministerio.

En junio de este año hubo un allanamiento en el que se liberó a cuatro mujeres que se habían acogido al programa migratorio de Crisol de Razas, una de ellas había entrado por Darién. “Era cubana. Cuando llegamos notamos que el encargado del departamento era el sobrino de una mujer, la tratante. Tenían una habitación acondicionada para el trabajo. Pantallas grandes, como si fuera un ‘push button’, describe Álvaro Varela, presidente de la Comisión de Lucha Contra la Trata de Personas, adscrita al Ministerio de Seguridad.

La Fiscalía Contra el Crimen Organizado ha investigado en los últimos dos años 21 casos de trata de personas, pero de éstos solo dos han concluido en condenas. “En el camino muchos expedientes se desestiman por la falta de pruebas contra los señalados, o se percatan que no son delitos de esta naturaleza. La investigación se complica por la transnacionalidad que tienen las redes y la poca experiencia en la recién implementada Ley 79 que rige la materia”, manifiesta el fiscal Nahaniel Murgas.

REDES INTERNACIONALES
El esfuerzo contra el delito no es suficiente. Si bien la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas reconoce los avances de las autoridades istmeñas para contrarrestar el problema, aún quedan “áreas grises”.

Amado Phillip de Andrés, encargado de la oficina internacional en Panamá, enumeró tres aspectos en los que hay avance: prevención, protección y persecución del delito. “La primera ha dado un giro enorme con la ayuda de líneas aéreas y algunas cadenas de hoteles para colaborar con el gobierno”, explica.

Preocupan, dice, tres tipos de redes: una regional que se ocupa de identificar a víctimas de Guatemala, El Salvador, y Honduras y las traslada a Europa (donde no se requiere visa) a través de los hops, El Salvador y Panamá. Otra que cubre Ucrania y Europa del Este, atraviesa por Guyana, Trinidad y Tobago, y ahora empieza a penetrar en Centroamérica y Panamá.

Una tercera red, la más peligrosa, según de Andrés, es la Somalia-Bangladesh y el cuerno de África, que reactiva su paso por Panamá y Costa Rica, donde se les permite el paso y se pierde el rastro. No hay una ruta definida en estas redes que tienen contactos en todos los países y se mueven constantemente, añade el experto.

Un ingrediente sustantivo en esta cadena delincuencial, pero que aún no se ha investigado a fondo en Panamá, es que a las mujeres las reclutan en “prostitución y las usan después para tráfico de órganos. Es un lucro grande, la magnitud del mercado es impresionante”, denuncia de Andrés, que como punto de partida pide identificar a las víctimas y elaborar un reporte que detalle rutas y “modus operandi” de las redes.

EL ÚLTIMO ESLABÓN
En Madrid, España, Ana María Estévez que trabaja para la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), constata a diario docenas de casos de mujeres y últimamente transexuales, traficados. “Los últimos sufren la estigmatización por su condición en su lugar de origen y migran para transformar su cuerpo. La mayoría vienen engañados por otras mujeres transexuales que hacen la función de prestamistas para el pasaje, $18 mil, cuando el boleto puede costarles un 10%, sin embargo les venden un proyecto en el que generarán grandes cantidades de dinero”, la oferta incluye cirugía, indica.

Las mujeres suelen ser contactadas por agencias que ponen además los departamentos, trabajan “prisioneras” no más de dos meses, porque “el cliente demanda caras nuevas, si ven las mismas se cansa”, añade.

Las mueven de un lugar a otro, en buscan de otro mercado, lo que dificulta que les siga la pista la policía.

“El consumo de drogas es muy habitual, porque lo demanda el cliente”, especifica la española.

El tiempo en que quedan sometidas varía. Cada red tiene su “libro”. Si no son provechosas o no tiene clientes las venden a otros proxenetas, esto depende del físico y la resistencia que tenga la persona. La mayoría son mujeres de Rumanía, Rusia, África, Paraguay, Brasil, cada una de ellas tiene un lugar de ejercicio. Algunas las ponen a trabajar en sauna, club, departamentos o en la calle, aunque esta última se está eliminando por la vigilancia policial. “Desde 2009, vemos niñas de 14, 15 y 16 años.

Desconocen sus derechos, no hablan castellano, salen del avión y las llevan directamente”, precisa Estévez.

La Apramp atiende a 280 mujeres diarias en su unidad de rescate. De enero a septiembre de 2015, se registraron 452 personas nuevas en su mayoría de 18 a 26 años, pero sin poder registrar 722, que carecen de identidad.

Cuando la Asociación detecta un caso, se acerca y le brinda información. Por lo general, esto ocurre en los centros de salud, donde acuden a revisiones. “Cada persona tiene su tiempo, no se obliga a nadie”, indicó.

La Asociación funciona como un puente entre las autoridades y la víctima, que en ocasiones, colabora con la policía para denunciar a sus captores. Una vez la mujer logra liberarse, se le capacita en distintos oficios que le generan ingresos.

En este escenario, hay dos posibles alternativas: retorno voluntario al país de origen o la reinserción social. “Es muy difícil”, confiesa.

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