Jers Medical, ofendida por campaña de desprestigio de la competencia

Darío Martínez, presidente de la compañía proveedora de pruebas Covid-19, negó conflicto de intereses en la contratación de Iván Ibarra, hoy exfuncionario de la CSS, y del médico Rolando Bissot, de la misma entidad



En enero de 2020 Ibarra solicitó una licencia sin sueldo a la CSS y en febrero, luego de ser contratado, se incorporó a la Junta Directiva de la compañía al igual que el médico cirujano. 


Darío Martínez, presidente de la empresa Jers Medical Panamá, señaló que los ataques registrados contra su empresa en los últimos días son orquestados por la competencia comercial, sin especificar nombres, y que la contratación de Iván Ibarra, exfuncionario de la Caja de Seguro Social (CSS), y del cirujano Rolando Bissot que también presta servicios para la misma entidad, no representa ningún conflicto de intereses o injerencia en las recientes licitaciones adjudicadas a la empresa.

Martínez, acompañado de Ibarra y el doctor Luis Ruíz, asesor científico de la compañía, indicó que en febrero pasado, luego de haber ganado una licitación, incluyó a Bissot e Ibarra en la junta directiva debido al crecimiento de la empresa: “Necesitábamos el apoyo del personal que tuviera el conocimiento y la capacidad de ser miembros y por eso me siento orgulloso”, manifestó.

A continuación informó que Bissot renunció al cargo de la junta directiva desde el pasado lunes. En efecto, en reciente publicación del Registro Público, la empresa removió hasta el 23 de agosto pasado, ese momento al director y vicepresidente de la sociedad, doctor Rolando Bissot, según acta de reunión extraordinaria de accionistas. La junta directiva quedó conformada por Martínez que mantuvo el cargo de presidente, Ibarra como secretario y Elba Vargas como tesorera.


Darío Martínez.

La decisión del médico, según Martínez, respondió a las ofensas de la “campaña de desprestigio a su persona, y por el bien de la empresa preferimos que por no tener ningún tipo de participación como accionista”.

“La CSS expresó que no hay conflicto de intereses entre dos empleados, un exfuncionario y otro que tiene el derecho de trabajar de tres a once - si no hay ningún tipo de vinculación con la CSS - para colaborar con un proyecto nacional. Me siento orgulloso de haberlo tenido como parte de la directiva”, añadió Martínez.



Iván Ibarra.


Por su parte, Ibarra desmintió que exista algún conflicto de interés derivado de su contratación en las licitaciones adjudicadas a la empresa.

Explicó que su relación con la empresa surgió después de haber laborado 13 años en la CSS, su último cargo como planificador y gestor de programas de capacitación en la provincia de Colón, cuando esta lo contactó en enero pasado para organizar la parte administrativa y el entrenamiento técnico del personal. Mencionó que a los días de haber asistido a la entrevista, a finales de enero, le comunicaron que había “sido seleccionado para entrar a la empresa para apoyar las operaciones de Tocumen”, donde Jers Medical, como parte del consorcio PTY Covid Free, se adjudicó el servicio de pruebas de antígeno y moleculares a los viajeros.

En enero de 2020 Ibarra solicitó una licencia sin sueldo a la CSS y en febrero, luego de ser contratado, se incorporó a la Junta Directiva de la compañía al igual que el médico cirujano. Esto, según Ibarra, respondió en su caso a que los accionistas le dieron la oportunidad para ayudar a organizar la “tramitología para cumplir con las regulaciones que exige el estado”.

“No soy millonario ni rico para vincularme a otra actividad sin resguardar a mi familia. Por el deseo de tener una mejor calidad de vida apliqué a la empresa y me dieron la oportunidad de apoyarla porque está creciendo comercialmente”, explicó Ibarra. Razón por la que en julio pasado, presentó su renuncia en la CSS. A su criterio, su ingreso en Jers Medical ha servido a la competencia como excusa para desprestigarlo, así como el nombre de la compañía, además del daño que le ha causado a su persona y a su carrera. Negó nexos con la compañía antes de enero y aseveró que su cargo como funcionario público no le permitía influir o guardaba relación con ningún proceso de compra: “Ni formo parte de la mesa conjunta porque yo trabajaba en el área de capacitación de recursos humanos”, insistió. Algo similar fue esgrimido por la CSS como resultado de una investigación por posible conflicto de intereses en el proceso de licitación en diciembre de 2020 en el que fue favorecida Jers Medical.

Jers Medical es una empresa proveedora de insumos, entre ellos, la prueba Sofía utilizada para detectar el virus de Covid-19, que vende a hospitales del país. Martínez detalló que en octubre de 2020, la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen lo contactó cuando se iniciaron operaciones, y él a su vez, llamó a laboratorios con experiencia en la aplicación de la prueba Sofía. Entre todos formaron parte del consorcio que brindó los servicios para viajeros.

Martínez defendió que el consorcio PTY Covid Free tomó la decisión de hacer dos pruebas, antígeno y molecular, por el precio de $85. “Son dos pruebas aprobadas por la FDA de Estados Unidos.

“La prueba que cumplía con estos parámetros era Sofía (que pasaran el 95% de sensibilidad y 98% de especificidad). Por eso el Ministerio de Salud (Minsa) le da la instrucción a Tocumen de que la única prueba que iba a funcionar con el protocolo del Gorgas era Sofía”, justificó Martínez.

Posteriormente, en junio pasado, el consorcio del mismo nombre, pero conformado por Jers Medical, Laboratorio San Miguel Arcángel S.A. y Ayac Laboratorios Panamá, S.A., se hizo de la licitación de cuatro locales en el aeropuerto al ofertar un ingreso mínimo garantizado de $50 mil.

“Hay muchas empresas que han vendido millones durante y antes de la pandemia. Hay muchos mercaderes que han utilizado la salud para estafar al país y ustedes saben quiénes son”, instó Martínez a los medios a corroborar sus palabras al aseverar que hay compañías que han ganado 300 actos de licitación y nadie los investiga.

Sobre las quejas relacionadas a los precios de la prueba, Martínez defendió que el consorcio PTY Covid Free tomó la decisión de hacer dos pruebas, antígeno y molecular, por el precio de $85. “Son dos pruebas aprobadas por la FDA de Estados Unidos. Es una bendición”, exclamó. Insistió en que los ataques a su empresa responden a “una campaña sucia de la competencia por no tener esos productos que es lo que necesita el estado”.

Enseguida preguntó a los medios por qué no revisan en Aduanas las facturas de los insumos “para que comprueben y nos den las gracias por ayudar al pueblo, porque cuando hagan la relación del precio de venta de las pruebas se darán cuenta del gran daño que ha causado a la empresa vender la mejor prueba y el mejor precio”, zanjó.

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