sábado, 22 de diciembre de 2018

Ratificación de magistrados podría quedar para el próximo gobierno

Además de que el oficialismo no cuenta con los votos, parece existir una estrategia política de la oposición para dejar en el limbo las designaciones de los magistrados y que el próximo gobierno los nombre

El Ejecutivo no logró que los diputados discutieran la ratificación de los candidatos al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Abel Zamorano y Olmedo Arrocha, en el llamado a sesiones extraordinarias.

El problema del presidente Juan Carlos Varela es que tampoco hay seguridad de que en las sesiones ordinarias, que inician el 2 de enero, se incluya en agenda la ratificación de los magistrados.

‘Falta de ambiente’, ‘diciembre no es un mes propicio’, ‘el oficialismo no cuenta con los votos’, cualquiera de las anteriores ha sido una ‘justificación’ de los parlamentarios para dejar el tema en remojo .

Una fuente relacionada a la Asamblea Nacional indicó a La Estrella de Panamá que la inacción de los diputados responde a una “estrategia política de los Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD, que forman mayoría, para no discutir el tema hasta el cambio de gobierno”.

En el caso hipotético de que los diputados ventilen la propuesta del Ejecutivo y no aprueben a Zamorano y Arrocha, darían pie al Ejecutivo para que envíe a dos nuevos candidatos. Este sería un tercer intento del Presidente para remplazar a los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía. Estos dos, concluyeron su periodo en diciembre de 2016, pero no han podido abandonar el escritorio a falta de un reemplazo.

La apuesta, según esta persona, es que “al permanecer en suspenso las figuras propuestas por el Ejecutivo, es decir, sin aprobación o rechazo, el Presidente queda imposibilitado de enviar una nueva dupleta a la Asamblea”.

Luego entonces, en el siguiente quinquenio, al gobierno entrante le corresponderá nombrar 7 de los 9 magistrados y dos suplentes (ver tabla). En enero de este año, el Pleno dejó sin confirmar las posiciones de Luis Camargo y Katia Di Bello, cuando el Pleno rechazó la ratificación de las principales Ana Lucrecia Tovar y Suleyka Moore designadas por el Ejecutivo como sustitutas de Mejía y Ortega.

De discutir el tema en la sesión ordinaria que arranca en una semana, el oficialismo necesitará 36 votos que en este momento no los tiene. Será difícil conversar con los diputados para lograr una mayoría cuando Pedro Miguel González, secretario general del principal partido opositor, ya adelantó que “sea el nuevo gobierno quien haga los nombramientos”.

La que corre es la última semana que tendrían los diputados para cumplir con la ratificación de la designación de los magistrados en sesiones extraodinarias. Sin embargo, la Comisión de Credenciales, primer filtro para este proceso, ni siquiera ha llamado a sesión o a consulta ciudadana.

UN CASO INÉDITO
¿Cómo enfrentarán los candidatos presidenciales este tema?

El reto será nombrar una mayoría en la Corte que no se identifique con lo mismo que hasta el momento ha levantado el repudio de la ciudadanía al percibir que los nombramientos para estos cargos resultan una especie de proteccionismo para presidente de turno.

Sin embargo, hay quienes consideran que los diputados podrían estar negociando ‘algo’ con el Ejecutivo, no necesariamente dinero, a cambio de la aprobación de los candidatos a la Corte. De ser así ocurriría durante el periodo ordinario.

JUDICIAL MERMADO
Las designaciones a la Corte coinciden con un momento muy cuestionado sobre el desempeño de los magistrados: denuncias por venta de fallos, los cuestionamientos sobre el manejo del caso del expresidente Ricardo Martinelli quien esta siendo juzgado por supuestos pinchazos, así como las denuncias de los querellantes sobre la supuesta presión que ejerce el magistrado José Ayú Prado, sobre el resto de sus colegas, para favorecer los intereses de Martinelli, entre otros escándalos.

El no contar con los nombramientos en forma, también ha dejado como consecuencia que éste órgano del Estado no tenga un Presidente electo luego de que Ayú Prado renunciara al cargo el pasado 1 de febrero y pasara el mando a Hernán De León.

“Hoy en día el poder judicial no está de iguales que el resto de los poderes porque no tiene una vocería estable que visibilice las necesidades de la justicia desde el punto de vista institucional”.

Mientras no haya un presidente de la Corte en debida forma, nadie siente la responsabilidad de este ente ante el resto de los poderes”, opina el abogado y exvicepresidente del Colegion Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz.

A su juicio, aunque el magistrado Hernán De León actúe en forma temporal, no tiene la misma jerarquía para poner en contexto los problemas de la justicia y conscienzar a la sociedad de los vaivenes de éste órgano.

“En el tema de la justicia hay un desbande total en el sentido de que no solo no se nombran a los magistrados, no hay un deseo real de encontrar a las personas más honorables, sino las más convenientes. No se nombran a los magistrados idóneos, sino que se postergan para el beneficio de maquinaciones políticas. Se negocia con la justicia de la manera más abierta, vergonzosa y eso no lo dicen quienes tienen la percepción, sino los propios magistrados de manera formal”, indicó el presidente de la Fundación Panameña de Ética y Civismo.

Moreno añadió que si bien es cierto que la responsabilidad de designar a los magistrados es del Ejecutivo, deben ser personas idóneas y capaces para someterlas por Constitución a la Asamblea.

Pero el propio presidente no cumple con esa parte de la Carta Magna. Luego “cuando llegan a la Asamblea no las ratifica porque no les da la gana, por cuestiones políticas, y nadie toma una decisión para ver si esto se mejora” añadió.

El diputado panameñista José Antonio Domínguez calificó de irresponsable que el Pleno de la Asamblea no debatiera la aprobación o rechazo de los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia.

“Entre el PRD y el CD tienen mayoría, y si ellos de forma responsable deciden debatir el nombramiento pueden tomar la decisión de aprobar o rechazar sin la presencia de quienes hayan decidido no asistir. Mantener en ascuas al país el nombramiento de los magistrados es muy irresponsable”, reiteró Domínguez.

Este medio intentó contactar al diputado Sergio Gálvez, presidente de la Comisión de Credenciales, y al diputado Pedro Miguel González pero no tuvo éxito.


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