lunes, 7 de mayo de 2018

De Bello pagó $1.7 millones en supuestas coimas

El empresario Eduardo Di Bello, presidente de Ingeniería R.E.C. hizo un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que lo eximió de cualquier proceso, admitió que pagó coimas y devolvió al Estado $1.3 millones

El empresario Eduardo Di Bello, director ejecutivo de la emrpesa Ingeniería R.E.C., S.A., logró un acuerdo de colaboración en enero pasado con la Fiscalía Sexta Anticorrupción que lo eximió de ser investigado por las autoridades en el caso Blue Apple. La delación del empresario también consistió en la devolución al Estado de $1.3 millones de dólares producto de pagos irregulares vinculados a los contratos que le había otorgado el ministerio de Vivienda (2012).

El Mnisterio de Vivienda (Mivi) había adjudicado a Di Bello el contrato del proyecto Residencial Nueva Providencia en Colón por un valor de $28,775,000.

Sentado frente al fiscal, el empresario aceptó que realizó pagos por el orden de $1,724,115 relacionados a peticiones irregulares vinculadas al contrato.

El imputado, hasta ese momento por el delito contra la Economía y la administración pública, proporcionó el nombre del mediador, Jorge Espino, a quien señala como la persona que le comunicó la necesidad de realizar pagos a los jefes. En este caso, se refiere a Jaime Ford, quien ocupaba el cargo de viceministro del Mivi, montos que debían realizarse para tener el apoyo y librase de obstáculos en la ejecución de la obra.

Basilio González, defensa de Jaime Ford, afirma que no ha tenido acceso a esta pieza procesal. Pero se pregunta cómo el señor Di Bello, dueño de la constructora Ingeniería REC, S,A. se ganó un contrato en la administración de Carlos Duboy entonces ministro de Vivienda en el momento en que existía una alianza con Juan Carlos Varela. Éste último, dijo el abogado Basilio, es pariente de de Di Bello, siendo Varela vicepresidente de la República, mal podían necesitar de un viceministro que no es más que un segundo del principal, cuando se ganó el contrato.

“Si dice que tuvo que pagar sumas de dinero por algún favor a cambio, no fue a Jaime Ford, ni directa o indirectamente, por las razones antes expuestas. Mas allá de esto nos gustaría verificar cuántos contratos se ganó Ingeniería R.E.C en el Mivi desde 2009 hasta la fecha”, reflexiona González.

Añadió que “Duboy fue la persona que subió el acto público en cuestión y quien dio la orden de proceder en el contrato que se vincula a Jaime Ford como un coaccionante para que se entregaran las coimas”, dijo González.

En 2011, Ingeniería R.E.C, S.A, se ganó un contrato por $30,785,738 para la solución de 500 viviendas. Al proyecto se le efectuó una adenda que superó los $6 millones.

En abirl de 2017, el Ministerio de la Presidencia le adjudicó un contrato por $36,6 millones para el diseño, construcción y puesta en marcha de un centro integral educativo en Chitré.

MODUS OPERANDI
Di Bello mencionó a la fiscalía que Jorge Espino, exsocio de la empresa Conceptos y Espacios, le indicó que los pagos debían corresponder al 10% del valor del contrato. Sintetizó que nunca llegaron a una cifra ni porcentaje fijo en cuanto a los pagos que se debían realizar. Pero, manifestó que luego de continuas presiones y de haber recibido el adelanto del 19% del proyecto (generado extraordinariamente), es que accede a realizar un primer pago correspondiente de $805 mil.

Como paréntesis, Jorge Espino, también fue vinculado al caso Odebrecht. En este sentido, hizo con un acuerdo de delación premiada. La fiscalía hizo un trato con él luego de que las autoridades se enteraran que se banefició con una transferencia de más de $3 millones.

El acuerdo de delación de Di Bello al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, señala que otro posible vinculado a estos hechos delictivos, y que es objeto de la investigación, es Joaquín Rodríguez.

Según el empresario, para llevar a cabo los desembolsos de dinero indebido, Espino lo llevó al Global Bank con el señor Rodríguez, entonces gerente de la empresa Factor Global quien fue la persona que le explicó que Blue Apple era una empresa consolidada y que en razón de los pagos a efectuar, se le estaría entregando facturas fiscales ficticias, para que pudiese sustentar su declaración de renta.

Global Bank niega que la empresa Blue Apple haya tenido relaciones con la entidad o con Factor Global.

“En ningún momento Factor Global recibió fondos directamente de instituciones gubernamentales, relacionados a obras de infraestructura adjudicadas mediante licitaciones públicas y financiadas a través del descuento de facturas legítimas del Estado”, indicaron representantes de Factor Global.

Con estos fondos, añaden, se “honraron cheques e instrucciones de pago a terceros, girados por nuestros clientes. Cualquier acción de personas relacionadas con el proceso en mención, no guarda relación con las políticas y operatividad de nuestras empresas” puntualizaron.

Di Bello dijo también que en 2013, cuando Jaime Ford era ministro del Ministerio de Obras Públicas, continuaron las presiones recibidas, por lo cual procedió a realizar tres pagos por la cantidad de $114,490.

Pero aclaró que Jorge Espino, le indicó que en esa ocasión los pagos no debían hacerse a nombre de Blue Apple, sino a la empresa Libuma, S.A. efectuando estos para las fechas de abril, mayo y agosto de 2013.

El imputado colaboró aportando información y retornó al Estado $1.3 millones. En atención a esto, se le suspendió la apertura de causa criminal y en consecuencia el archivo de la causa.

Finalmente, confesó que en 2012, realizó otro pago irregular a la empresa Dover Agency por $575,268 correspondientes al cheque 5856 de ingeniería R.E.C., S.A.

EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
Los orígenes de la investigación de este caso se remontan a septiembre de 2017, en un informe elaborado por la Dirección de Inteligencia Policial quien remitió un informe a la Fiscalía en el que se ponía en conocimiento sobre la sociedad Blue Apple, presuntamente integrada por varias personas con el propósito de disfrazar o blanquear dineros supuestamente obtenidos de coimas o sobornos recibidos por empresarios a cambio de la adjudicación de proyectos de construcción del Estado durante el quinquenio pasado. Para ello, según el informe, se valieron de cuentas bancarias y de inversión a nombre de la misma.

Iniciada la causa, la Procuraduría requirió información a la Superintendencia de Bancos que informó lo siguiente: en atención a su solicitud, debemos indicar que efectivamente dentro de nuestras funciones de supervisión se realizó inspección especial a la entidad Banesco, en materia de Prevención de Blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, dentro de la cual se desprende información relacionada con las transacciones a nombre de Blue Apple. El banco realizó un reporte de operación sospechosa en el año 2012 a la UAF sobre estas transacciones.

La empresa Ingeniería R.E.C., S.A. en julio de 2011 participó y le fue adjudicado, en buena lid, el contrato del proyecto Residencial Nueva Providencia en Colón por un valor de $28,775,000 suscrito entre el Estado, representado por el Ministerio de Vivienda y la empresa.

Al verificar los depósitos realizados a la cuenta Blue Apple en el Banco General, se corroboró la existencia de un cheque girado desde la cuenta de la empresa Ingeniería R.E.C, S.A. Con esto en mano, la fiscalía dispuso realizar diligencia de inspección ocular a la cuenta en Banesco y se obtuvo una copia autenticada del cheque girado el 7 de febrero de 2012 por $805,376.34.

Siendo Blue Apple services una empresa que ya ha sido verificada, que no mantenía una actividad comercial real o legítima que pudiese sustentar cualquier transferencia de dineros o títulos, se presume que el pago a través del cheque descrito, no constituye una operación financiera lícita.

Los movimientos efectuados de las cuentas Blue Apple Services en Banesco, Banco General y Capital Bank, permitieron determinar que un total de $39.3 millones ingresaron a cuentas bancarias registradas a nombre de la misma.

La fiscalía tiene la tesis de que existe la comisión de un delito contra la Administración Pública en la modalidad de corrupción a servidores públicos, que tiene su origen en el depósito de dinero por parte de empresas constructoras durante la ejecución de obras contratadas por el Estado, ya que las circunstancias del caso, delimitan la actividad ilícita generadora de ingresos en el beneficio indebido entregado a servidores públicos de instituciones, cuya posición e influencia dentro de la administración gubernamental de la época, facilitaba favorecer la fluidez de los trámites de las obras contratadas. Siendo así, añade el informe, es claro determinar que De Bello, realizó pagos por el orden de $1,724,115.

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