"Necesitamos un Ministerio Público que no requiera de la colaboración de nadie"

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, aboga por una entidad capaz de investigar los casos complejos de corrupción sin tener que depender de las delaciones premiadas o factores externos

Juan Carlos Araúz conversa con Adelita Coriat.

Es un hombre sumamente diplomático, que mide sus palabras antes de hablar. De aquellos que como hacen los experimentados abogados, busca el término indicado para responder las preguntas. Honesto en la forma en que reconoce los errores del gremio, pero no lo suficiente como para motivar un cambio trascendental que adecente la profesión abogadil, que mala fama se ha ganado por la actuación de algunos. Peor aún, el método para resolver los casos de malas conductas o actuaciones anti éticas dentro del gremio es prácticamente inoperante. Lo que deja una estela de dudas aún más difíciles de esclarecer. Juan Carlos Araúz, un caballero como pocos se encuentran, es consciente de que la pata irreparable de nuestra democracia es la justicia, y que no se compondrá hasta que haya una transformación en la manera de ejercerla, iniciando con los abogados, la investigación del Ministerio Público y finalmente con la decisión de los Tribunales que admite, emiten fallos más apegados al clamor mediático que las evidencias que hay en el expediente.

¿Por qué se ganaron la mala fama los abogados?
Históricamente porque va ligado a las deficiencias de la justicia. Porque siendo los abogados quienes deben intervenir ante la justicia, el mal funcionamiento de los tribunales se le tiene que adjudicar a un abogado también porque representa una parte.

Pero también se escuchan historias de abogados bien tramposos...
Claro, evidentemente va ligado, pero el concepto general es que la estructura del sistema deficiente adjudica esa parte, el resto de la condición negativa es porque existen historias de desencuentros entre abogados y clientes.

He escuchado historias de esas que dicen que le piden dinero a sus clientes para que el juez falle a favor y nadie conoce realmente el destino de esos dineros...
En parte corresponde a lo que dije, que si la justicia funcionara de forma eficiente de que el mito y la leyenda de que existen jueces que cobran por sus fallos no habría necesidad de que una sociedad recurra a esos engaños porque la justicia no necesitaría intermediarios que obtengan favores distintos al conocer la ley y representar garantías en un sistema. Luego esta el tribunal de honor en el Colegio dedicado a investigar las faltas y comunicar si existen méritos para que la Corte sancione. La Sala Cuarta es la encargada de determinar si existen méritos que conlleven sanciones al deber ético dentro de la práctica abogadil.

¿Ahí como se definen las responsabilidades?
Es una cadena, un sistema con muchos actores y viciado. Desde el ciudadano que quiere creer que hay algo más que el racionamiento jurídico para solucionar su causa, y el abogado que utiliza esos recursos para obtener un cliente y el sistema judicial que permanece con críticas. La justicia es un sistema colapsado.

Hay mucha inconformidad en los casos de alto perfil que investiga el Ministerio Público, ¿realmente se están haciendo apegados al derecho?
El solo hecho de que la justicia esté manejada por seres humanos agrega la posibilidad de que el error humano este presente. Y ese solo hecho determina que la vigilancia del abogado sea el protagonista del equilibrio ante el señalamiento que hace la autoridad a su acusado. Es ahí que obviamente el abogado adquiere el protagonismo porque es él quien puede equilibrar la aspiración de justicia que la sociedad tiene en los casos pero sin los excesos o sin omitir los procedimientos que se requieren porque de la misma fondo tiene que existir la forma correcta.

Son los mismos abogados quienes están denunciando estas situaciones de abuso...¿Ustedes consideran que en algunos casos se violan los procedimientos?
El sistema inquisitivo mixto bastaría hacer una revisión de los casos que van a casación, es decir, la última instancia que tiene un ciudadano frente a una sentencia. La ley contempló desde sus orígenes el error en la prueba. Es decir siempre se ha contemplado que las valoraciones en el sistema judicial puedan ser incorrectas. Ese hecho es el que hace que la mesura con la cual la etapa de investigación, la primera y la segunda instancia y todos los recursos que quepan en el camino se hagan con la prudencia de sostener el estado de inocencia.

Pero no podemos permitir que los errores sean la regla...
En efecto, ese es el papel del abogado.

¿El Colegio Nacional de Abogados (CNA) cómo mira esta situación?
Lo que no podríamos señalar es una causa puntual en la que nosotros califiquemos como error. Esa es una tarea de la defensa y sobre todo agotar las instancias que crea correspondientes.

¿Entonces cuál es el papel del CNA en todo esto?
En principio el Colegio ejerce la defensa de la defensa. Es decir que ningún abogado que esté ejerciendo el ejercicio libre de su profesión sienta obstáculos de agotar todos los recursos que la ley permita.

Ustedes se reúnen con las partes que se sienten afectados con su defensa, los miembros de Cambio Democrático son quienes más han denunciado estos hechos por la cantidad de casos que hay en contra de ellos...
Si un abogado siente que acude a un despacho judicial, no se le recibe o no se le da el trato adecuado, es donde el Colegio se preocupa porque el fondo de la causa lo tiene que defender el abogado, pero nosotros tenemos que preservar que todo abogado que comparezca a cualquier instancia sea tratado con la posibilidad de ejercer la defensa de su conocimiento y el expediente puntual permita.

Muchos critican que el CNA es un trampolín para alcanzar metas personales o políticas, ¿cómo reciben ustedes estas observaciones?
Yo las rechazaría entendiendo de que la labor que realizan los directivos del Colegio es una labor gratuita, voluntaria y comprometida con el ejercicio de la profesión.

No podrá negarme que la exposición pública le ayuda a lograr sus objetivos. Por ejemplo, el presidente que lo dejó encargado se propuso un partido político...
Yo lo vería mas como el desarrollo de la carrera profesional que no es estática. Por lo tanto, cada día prepara distintos entornos mas allá que alguien permanezca inmóvil ante el ejercicio de la carrera y eso permite mostrar distintas facetas además de la abogacía.

Eso esta bien, pero es muy diferente lograrlo desde un sitio sin exposición pública a uno que le da presencia en los medios con frecuencia...
Sin lugar a dudas representa una posibilidad de estar en una vitrina que la sociedad puede ver las acciones de la directiva del Colegio y ahí es donde la prudencia y la mesura con la conducción de estos asuntos colaboran para disipar cualquier pretensión.

¿Ustedes tienen algún reglamento interno para evitar esto?
Básicamente nosotros sesionamos todos los lunes, son sesiones con quince individuos donde se toman decisiones conjuntas, lo que ayuda a que las decisiones no recaigan en uno solo.

¿Se discute por ejemplo los señalamientos que hacen con respecto a que están pagados por Panamá Ports para rechazar el puerto de Corozal?
Sin lugar a dudas. Cada paso que el Colegio da para resolver las controversias sociales requiere de un análisis para establecer el impacto en el escenario de conflicto porque es lógico que tendrán una respuesta.

¿Y cuál ha sido la respuesta de ustedes?
La convicción ciudadana de que el Colegio no teme a una crítica merece la atención y el acompañamiento en base a los intereses de los panameños y las mayorías que en un momento dado carecen de la posibilidad de hacerlo.

Las críticas fueron muy ácidas y se originaron en despachos de abogados que dijeron que les habían pagado por la ‘campaña en contra de Corozal’...
Lo que podemos hacer es rechazarlas en un primer momento pero tampoco podemos llevarlas a un plano personal en el entendimiento de que si hubiese un señalamiento con objetivo con documentos con pruebas bastaría para desacreditar nuestra posición. Sin embargo, nosotros sabemos que el momento de dos posiciones enfrentadas se caracteriza por quien habla más alto, quien desafía con mayor argumento. Pero la objetividad permite concluir que si las posiciones son en el sentido de defender intereses nacionales nadie podrá dudar de la contundencia de los comunicados del Colegio.

El Tribunal de Honor del Colegio no ha tenido un cometido amplio. Está siendo cuestionada su función por las limitantes...
En un primero momento la abogacía contaba con una colegiatura obligatoria que hacía de forzoso cumplimiento la afiliación, ese hecho, cuando se declara la inconstitucionalidad obliga a que la colegiatura quede a voluntad de los miembros. Sin embargo se mantuvo en esencia la estructura de un Tribunal de Honor que solo cumple una función de investigación y remisión a la Sala Cuarta que realmente es quien sanciona los abogados y el Tribunal de Honor solo cumple la tarea de investigación y emite una opinión. El hecho de estos elementos, la del Tribunal que depende de una membresía sin obligación, hace que los recursos sean limitados y esos recursos determinan el funcionamiento de cualquier estructura administrativa. Eso va de la mano de entender, que no es cualquier conducta que el Tribunal tiene competencia para dirimir, sino que son conductas especificadas en un código de conducta que la ciudadanía debe conocer para no tener desilusiones de que plantearon reclamos y no tuvieron la respuesta. O por ejemplo, conocer que existen amonestaciones verbales, escritas y suspensiones temporales. Ese recorrido es el que iría de la mano con una mayor docencia, que sería materia de un régimen disciplinario que sin duda se vería fortalecido.

¿No será que la falta de recursos es para evitar que funcione este Tribunal de Honor como debería?
Claro, se puede presumir eso, el Colegio ha sido constante en intentar que el órgano Judicial colabore con las causas que se ventilan en el Tribunal de Honor para encontrar un mecanismo que sea más eficiente la evacuación de los casos que se presentan.

Esto viene acompañado de la mala fama que tienen los abogados...
Hay tareas pendientes que tenemos que profundizar para mejorar la imagen del profesional ante la ciudadanía.

Las principales offshore de Odebrecht que se utilizaron para pagar coimas a funcionarios y políticos alrededor del mundo, fueron creadas en Panamá en diferentes despachos de abogados. La percepción que brinda ese hecho en el extranjero es que en Panamá están los instrumentos para el blanqueo de capitales. ¿Qué cree usted que debería hacerse?
Lo primero es rechazar esa opinión.

Es un hecho...
Sin lugar a dudas. El punto es el siguiente, la plataforma de servicios y los instrumentos internacionales que Panamá ofrece para el comercio mundial, son legítimos. Si nos referimos a conductas ilícitas no podríamos asociarlo al sistema, sino a un elemento importante: ni el régimen jurídico panameño, o los abogados, podríamos atribuirnos la responsabilidad de que un ciudadano cometió actos ilícitos porque el sistema jurídico y las regulaciones en materia de prevención, como está referido múltiples veces, el crimen avanza más rápido que la regulación.

¿Pero los abogados pueden eximirse de culpa, a pesar de que deben saber quién es su cliente?
Lo que tendríamos que hacer para ser balanceados en este campo, es que las regulaciones que Panamá adopto en materia de sociedades y en lo corporativo, hoy en día la regulación no permite decir que los abogados no conocen al beneficiario final. Todos estamos obligados y se mantiene, que anterior a las regulaciones existía una época en la que no existían regulaciones es un asunto del pasado. Al momento en que surgen los escándalos derivados de las publicaciones de los Papeles de Panamá, se basan en épocas anteriores y fechas anteriores a la obligación.

Es verdad que hay un paso positivo para mejorar, pero...
(Interrumpe) Es verdad que tendríamos que rechazarlas porque la realidad no permite decir que al día de hoy el abogado no cumple con las regulaciones.

Pero sí permite decir que gracias a la creación de estas empresas se lavó mucha plata...
Y deben formar parte de las investigaciones dentro del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

¿Ha tenido éxito la invitación del Ministerio Público para atraer delatores sobre casos complejos?
No creo. El Colegio planteó la necesidad de contar con un Ministerio Público que no requiera de la colaboración de nadie. Necesitamos una entidad técnica, capaz, con los elementos necesarios para desarrollar investigaciones y en donde la colaboración sea la excepción y que el engranaje de la justicia opere sin distinción y en forma eficiente.

¿El Ministerio Público hace investigaciones genuinas en el caso Odebrecht?
Nosotros tenemos confianza en la procuradora Kenia Porcell, confiamos en que la comunicación que pueda desarrollar para conocer testimonios, documentos, pericias, asistencias internacionales acopiadas en el transcurso del tiempo puedan demostrar un Ministerio Público activo y que no se diga que la prudencia sea un cómplice en esto.

He escuchado de personas vinculadas al derecho, que el Ministerio Público investiga al son de la prensa o del clamor ciudadano, no necesariamente ante las evidencias. Existe la percepción de que hay poca autonomía...
Cuando las decisiones del ministerio público o del órgano judicial no tienen la motivación necesaria, entramos a medir la popularidad de las decisiones. Nosotros no podemos aspirar a una justicia popular, sino técnica, objetiva y razonada en procedimiento . Los errores históricos de la sociedad es que le damos el valor a la denuncia de una condena sin permitir que la revelación de la verdad sea producto de los hechos que reposan en el expediente.

¿Podríamos aspirar a una justicia como la que usted señala?
Yo debo creer que los abogados que forman parte del sistema podemos mejorar cada día, y en ese mejoramiento una administración de justicia mas estable debe ser un resultado a corto plazo.

¿Por qué cree que no ha tenido éxito el llamado del Ministerio Público?
Cuando se trata de responsabilidad de una persona ante el sistema, no podríamos determinar su estrategia de defensa ante el sistema. Recuerde que la delación es una forma de defensa y va acompañado del consejo del abogado. Esa estrategia es una causa determinada.

El Ministerio Público llamó a la Fiscalía a 17 imputados, dijo que habría más personas involucradas, pero no ha pasado nada...
Se corre la suerte de que esa gente se haya podido defender esclareciendo la línea de investigación.

¿Está justificada la motivación del Ministerio Público en ese caso?
Eso es parte de la defensa. El Ministerio Público va en piloto automático y cuando interviene la parte puede cambiar la línea de investigación. Quiere decir que la investigación es más compleja de lo que se trazó en un principio. Como son estructuras corporativas involucradas, esto conlleva el hecho de hacer conexiones, construir la línea de los involucrados. Si alguien saca una pieza del camino queda un bache. Esto agrega complejidad y estos elementos son los que el Ministerio Público debería transmitir a la sociedad, que estamos ante un caso complejo.

¿Quedará en entredicho la justicia otra vez?
El Ministerio Público, primero, no debe aspirar a una justicia popular. Eso quiere decir que la mesura y prudencia con el que se lleva la investigación no puede dejarse perturbar por el clamor que existe de condenas. De manera objetiva lo que se puede es mostrar actividad ante la ausencia o percepción de un ministerio público inactivo, va ligado a que la gente tenga suspicacias. Por eso yo refería a que la Procuradora debe ofrecer los avances del caso.

¿La Constituyentes seguirá siendo una utopía?
En este gobierno si.

¿Usted ve en la Constituyente una verdadera fórmula para adecentar, o hace falta voluntad y honestidad?
La Constitución es el marco del orden de la casa. Esa casa desorganizada, conocemos las causas. La corrupción está motivada por la ausencia de controles, de sanciones y la poca efectividad de la justicia. Cuando se creo el Sistema Penal Acusatorio, una de las principales reformas fue establecer que las nulidades no fueran absolutas, sino por actos, es decir, nunca más se tendrá la nulidad de un expediente. Eso se junta con el cuestionamiento de los abogados que saben los mecanismos para atacar la nulidad o deficiencia de un proceso y la utilizo y tiene efectividad trae un rechazo si la conducta es repudiada. Pero el solo hecho de que la posibilidad jurídica de nulidad por razones técnicas es lo que nos recuerda un sistema ineficiente.

¿Por qué Interpol parece no acoge las solicitudes de captura que ha emitido Panamá?
Eso va ligado a la política internacional de Panamá y al interés nacional. Si Panamá es consciente de que la justicia funcione eficientemente debe hacer los contactos diplomáticos necesarios en los países donde cree que se encuentran esas personas que han obstaculizado el funcionamiento de la justicia.